Quienes jalearon la teoría de la conspiración sobre los atentados yihadistas en Madrid no parecen todavía dispuestos a dar explicaciones ni a reconocer responsabilidad alguna por lo que ocurrió
El 11 de marzo de 2004, apenas pasadas las siete y media de la mañana, pudo oírse una cadena de explosiones en varios vagones en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y el Pozo, en Madrid, cuando cientos de viajeros se dirigían a sus trabajos y quehaceres cotidianos. El desconcierto y el pánico se adueñaron de la ciudad en cuestión de minutos. Tardó en saberse que había 192 muertos y más de 1.000 heridos. Policías y bomberos, sanitarios, forenses, vecinos y muchos ciudadanos de a pie fueron testigos directos del horror. Familiares y amigos de las víctimas deambularon por los hospitales y por el tanatorio improvisado en el recinto ferial Ifema, en busca de los heridos y, en el peor de los casos, de sus muertos. Madrid se paralizó. Las radios y las televisiones olvidaron sus programaciones, mientras los periódicos preparaban ediciones especiales. Los líderes de los partidos políticos anunciaron la suspensión de la campaña para las elecciones generales convocadas para tres días más tarde.
En un país desgraciadamente acostumbrado al terrorismo de ETA, se había producido el mayor atentado de su historia. España se convirtió en noticia en la prensa internacional aquel 11 de marzo y al día siguiente, cuando millones de ciudadanos salieron a las calles en todas las grandes ciudades para mostrar su repulsa por lo ocurrido. En aquellas manifestaciones de duelo, convocadas por el Gobierno, pero apoyadas por todos los partidos y con asistencia de líderes mundiales, reinó el mayor de los silencios hasta que se dejaron oír las primeras voces que preguntaban: “¿Quién ha sido?”.
El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y el ministro del Interior, Ángel Acebes, dijeron que había sido ETA. Lo dijeron también durante el día 11 los líderes de todas las fuerzas políticas, salvo Arnaldo Otegi. Pero según pasaban las horas y llegaban noticias de fuera, mientras la policía investigaba y los expertos en terrorismo ataban cabos, surgieron las dudas. Llegaron los primeros indicios: una furgoneta en la que había una cinta con rezos coránicos, una bolsa de deporte con un artefacto que se pudo desactivar, y las primeras detenciones de tres marroquíes y dos españoles de origen hindú. Las anunció Acebes el sábado 13 a las ocho de la tarde, el día de reflexión, aunque siguió afirmando que la línea “prioritaria” de investigación continuaba siendo ETA. Cuando habló el ministro, pequeños grupos de personas se concentraban ante la sede del PP en Madrid, coreando gritos como “Aznar no se entera. Ha sido Al Qaeda”. Las televisiones retransmitían en directo lo que ocurría, y cada vez llegaba más gente, con las radios pegadas al oído y sus teléfonos recibiendo SMS con aquel “pásalo”, que se hizo famoso. Internet y los móviles habían irrumpido en escena, rompiendo el control informativo de los medios tradicionales, especialmente de la televisión pública. Los ciudadanos se merecían un Gobierno que no les mintiera, dijo desde la sede del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, después de que Mariano Rajoy saliera al balcón de la calle de Génova para acusar a “dirigentes de partidos políticos”, que prefería no mencionar, de alentar las concentraciones.
Las encuestas habían augurado una victoria del PP, pero ganó el PSOE. Aquella victoria, que el PP no encajó, hizo imposible mantener una actitud política unánime frente a lo ocurrido. La derrota electoral del PP convirtió la primera legislatura de Rodríguez Zapatero en la legislatura de la “crispación”. La nueva ley de educación, el Estatuto de autonomía de Cataluña o el matrimonio homosexual fueron ocasión de agrios debates. También lo fue, por primera vez, la política antiterrorista, pese al pacto que habían firmado los dos grandes partidos en 2001 para sacar el terrorismo del debate político. Lo había cumplido el PSOE en la legislatura anterior, pero no lo cumplió el PP en la siguiente. Rajoy acusó a Zapatero en el Congreso de “romper España”, de “traicionar a los muertos” y de “revigorizar” a una ETA moribunda. El PP sacó la confrontación a la calle. Recogió firmas contra el Estatuto catalán por toda España, y apoyó la convocatoria de manifestaciones multitudinarias en las que se tildaba a Zapatero de “embustero” y se pedía su dimisión.
Hubo una comisión de investigación en el Congreso, la primera sobre un atentado terrorista. Las comparecencias y los documentos recabados por los comisionados mostraron la distancia entre lo que la investigación policial fue descubriendo y lo que el Gobierno de Aznar comunicó. También la descoordinación entre los distintos cuerpos de las fuerzas del orden y la descompensación de recursos a favor de la lucha contra ETA frente a otras amenazas terroristas, como aquella, de la que, sin embargo, se tenía conocimiento previo. Las sesiones fueron broncas. En su comparecencia, Aznar dijo que no iba a pedir perdón nunca, que los “autores intelectuales” no andaban en “desiertos remotos ni montañas lejanas”, y que lo que habían buscado los partidos de la oposición y determinados medios de comunicación con su “delirante obsesión” contra el PP era “volcar las elecciones”, mediante la fabricación de una “gran mentira”. Cuando las asociaciones de víctimas del terrorismo cerraron las sesiones, Pilar Manjón, madre de una de las víctimas del atentado, mirando a los miembros de la comisión dijo: “Venimos a reprocharles, como representantes del pueblo que son, sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas comparecencias… ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión?”.
Los líderes populares negaron haber restado legitimidad a la victoria socialista, pero no cejaron en señalar las circunstancias excepcionales en que se habían celebrado los comicios, en deslizar interrogantes sobre la actuación de los partidos de la oposición y de ciertos medios de comunicación, y en atribuir responsabilidades a quienes no las tenían. Porque quien gobernaba entonces era el PP. De ahí a afirmar que todo apuntaba a una conspiración en la que aparecían revueltos los terroristas de ETA junto a los yihadistas, y los socialistas con ciertos policías para expulsar al PP del Gobierno, solo había un paso.
La “teoría de la conspiración”, alimentada por algunos tertulianos y medios de comunicación, no cejó siquiera cuando el juicio en 2007 confirmó la incuestionable autoría yihadista, sin traza alguna de etarras. La victoria electoral socialista de 2004 abrió la caja de los truenos, y solo la nueva derrota electoral del PP en 2008 llevó a Mariano Rajoy a prescindir de quienes se habían destacado en la bronca durante aquellos años. Las asociaciones de víctimas del terrorismo, rotas por la confrontación, tardaron 10 años en sentarse juntas para recordar la tragedia. En la misa solemne que se celebró entonces en la catedral de la Almudena de Madrid, el cardenal Rouco Varela, a punto de abandonar la presidencia de la Conferencia Episcopal, dijo que aún se estaba a la “búsqueda de la verdad y de la justicia”. Todavía hoy, quienes jalearon la teoría de la conspiración no parecen dispuestos a dar explicaciones ni reconocer responsabilidad alguna por lo que ocurrió durante aquellos tres días de marzo.
Mercedes Cabrera es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y autora de 11 de marzo 2004. El día del mayor atentado de la historia de España (Taurus).
