"LA JUSTICIA CAPTURADA". Baltasar Garzón, infoLibre.es

Nemesis (The Great Fortune) de Alberto Durero

Garzón repasa en este texto las carencias estructurales de la justicia, denuncia su instrumentalización política y mediática y reclama una regulación de los colaboradores con la justicia

Cartas secretas

Hay una imagen que no me abandona. La del ministro Fernando de los Ríos, en septiembre de 1931, anunciando la retirada del Gran Collar de la Justicia para reemplazarlo por una función viva, moderna, al servicio de los ciudadanos. Noventa y cinco años después, ese collar sigue puesto. No en el cuello de nadie en concreto, sino en la cultura, en los usos, en la distancia infranqueable entre quienes imparten justicia y los que la necesitan.

Lo recordaban el fiscal Carlos Jiménez Villarejo y el juez Antonio Doñate en su libro Jueces, pero parciales: la ritualidad elevada al máximo, el lenguaje críptico, la toga como escudo frente a la realidad, incluso para protegerse de la sociedad. Es la conceptuación de la justicia como algo exclusivo y excluyente salvo para una élite ideológica que ampara a quienes beneficia. La justicia ha adoptado formas nuevas –tecnología, eficiencia procesal, especialización– sin transformar su médula. Esta médula tiene nombre: el poder de nombrar, de ascender, de decidir quién ocupa qué sillón. Mientras ese poder siga siendo el verdadero motor del sistema, la independencia será una palabra, pero no una realidad que proteja a la ciudadanía.

Escribo esto desde la experiencia acumulada en décadas como juez de instrucción en la Audiencia Nacional, en la investigación del terrorismo, el narcotráfico, el blanqueo de dinero, la corrupción sistémica. Y, también, desde la experiencia de haber sido objetivo de ese mismo sistema cuando incomodé a quienes no debía incomodar. Sé de lo que hablo. Precisamente por ello no me quedo en el diagnóstico: busco soluciones.

Si tuviera que buscar un origen al lawfare en nuestras instituciones judiciales, lo ubicaría en la interacción entre la política y la judicatura que comienza desde el momento en que se decide quién gobierna a los jueces. El Consejo General del Poder Judicial lleva décadas siendo el tablero en el que los grandes partidos mueven sus fichas. El episodio del WhatsApp del portavoz del PP en 2018 no fue una anécdota: fue la expresión sin filtros del funcionamiento del sistema. El “control” de la Sala Segunda del Tribunal Supremo “desde detrás”, que las votaciones fueran “cercanas al 21 a 0”, revela que el objetivo no era el mejor jurista sino el más manejable. Eso no es independencia judicial. Es colonización institucional.

El juez emérito Perfecto Andrés Ibáñez lo ha formulado con precisión: cuando la política de nombramientos no responde a los valores constitucionales, promueve auténticos contravalores que se filtran hacia abajo, generación tras generación, en forma de juristas que saben que su carrera depende no de la calidad de sus resoluciones sino de la fidelidad a quien meció su cuna. A ello hay que añadir la influencia de estructuras corporativas, de corporaciones económicas, financieras, mediáticas o religiosas como el Opus Dei, que han colocado estratégicamente sus piezas mediante un proceso tan eficaz como invisible. CONTINUAR LEYENDO

"ESCRITO EN LA CARA". Antonio Muñoz Molina, El País

FRAN PULIDO

Dolores Vázquez es el ejemplo de que basta acusar a un inocente para que nos parezca culpable

Basta que a uno lo acusen de algo para que se le ponga cara de culpable. Por eso en las fotos de frente y de perfil de las fichas policiales no hay nadie que parezca inocente. Yo quisiera encontrar ciertas fotos mías de hace 52 años que me tomaron en las dependencias de la Dirección General de Seguridad, en Madrid, al día siguiente de la ejecución de Salvador Puig Antich. A las once de la mañana estaba participando en mi primera manifestación antifranquista en la Ciudad Universitaria y antes de la una ya me habían tomado las huellas dactilares y me estaban tomando fotos de frente y de perfil con un flash que empalidecía más aún y aumentaría la cara de susto y de culpa del retratado. Esa es la cara que me gustaría ver de nuevo, y que no se si andará todavía grapada a un expediente en los subsuelos de un archivo de quién sabe dónde. Cómo sería esa cara de 18 años recién cumplidos, de adolescente que se había empezado a dejar la barba y el pelo largo nada más salir de la vigilancia capilar de su padre, de inocente arrojado a la intemperie y la amplitud de un Madrid más habitable en los sueños de provincia que en la torva realidad de las postrimerías franquistas.

Una vez se le pone a alguien la cara de culpable a ver cómo se la quita. Una persona sola es tan frágil como un insecto cuando se vuelca sobre ella el peso terrible de las instituciones acusadoras del Estado y el no menos amenazante de la condena colectiva. Ya es terrorífico que la policía, los fiscales, los jueces, los funcionarios de la justicia se conjuren para perseguirlo a uno: pero además están los vecinos, los entrañables colegas, los aficionados a gritar palabras infames a las puertas de los juzgados, los criminólogos y psicólogos y hasta astrólogos que en caso necesario certificarán en los platós de televisión la culpabilidad indudable del señalado y alentarán esa impaciencia por que se haga justicia que es difícil de distinguir de la sed de venganza.

Estoy convencido de que, aparte de la anestesia, la presunción de inocencia es una de las mayores conquistas de la civilización. En el mundo más o menos desarrollado la anestesia no se le niega a casi nadie. La presunción de inocencia también ayuda en lo posible a reducir el dolor innecesario, pero cada vez se administra, al menos entre nosotros, con más cicatería, y hasta los que más deberían defenderla prescinden de ella, porque a todo el mundo le gusta sumarse al linchamiento de un culpable. Tereixa Constenla recordaba hace unos días el infierno en que se convirtió de la noche a la mañana la vida de Dolores Vázquez, hace 25 años, cuando la acusaron de asesinar a puñaladas a Rocío Wanninkhof, la hija de la mujer con la que había convivido hasta no mucho tiempo antes. Que la acusación fuera inverosímil, y las pruebas de la inocencia de Vázquez indudables, no fue obstáculo para que los investigadores de la Guardia Civil la señalaran sin vacilación, y para que un juez y un jurado la condenaran a largos años de cárcel por el asesinato.

Era fácil mirar las fotos de Dolores Vázquez y encontrarle cara de culpable. Quien va esposado, rodeado de policías, asediado por una chusma ávida de sensacionalismo y venganza, baja la cabeza y pone una expresión de derrumbe y vergüenza, más aún si es inocente. Revisadas ahora, en el reportaje estremecedor de Constela, las supuestas pruebas de la culpa despiertan la incredulidad, y hasta el miedo. Con investigaciones y expertos así a cualquiera lo pueden condenar por cualquier cosa: Dolores Vázquez parecía “fría y calculadora”; las huellas de los neumáticos de su coche no coincidían con las encontradas en el lugar del crimen, y existía la certeza de que justo esa noche ella estaba cuidando a su madre, pero ni los jueces, los jurados, los periodistas, los aficionados a disfrutar del sufrimiento ajeno, estaban dispuestos a que unos mezquinos pormenores de la realidad malograran la fantasía que entre todos habían levantado. Que la Guardia Civil aportara el testimonio de una vidente nos sume ya no en el desconcierto ni la indignación sino el puro desconsuelo. Quizás a los detenidos las fuerzas del orden deberían leerles las rayas de la mano, además de tomarles las huellas dactilares.

En la cara de Dolores Vázquez lo veían escrito todo: el rencor hacia su antigua amante, la voluntad de castigarla matando a su hija, la saña de las puñaladas, la sangre fría de esconder el cadáver en el coche para tirarlo en otra parte, hasta la ausencia de remordimiento —sin olvidar el morbo añadido de la condición sexual—. Veinticinco años después, Vázquez conserva el aire reservado que tenía entonces, una cara fuerte que resiste bien el paso del tiempo, igual que su fortaleza de espíritu le ha permitido no claudicar a la amargura. Lo que ahora lleva escrito en la mirada es una serena integridad que debería abrumar de vergüenza a quienes pusieron tanto empeño en agredirla, de cerca y de lejos.

La cara de Dolores Vázquez nos impresiona más cuando nos damos cuenta de que su ejemplo no ha servido para que los acusadores vocacionales, las instituciones, los medios, acepten y ejerzan la presunción de inocencia, el sagrado escrúpulo de la búsqueda de la verdad, del respeto a un procedimiento de indagación que debe ejercerse con la discreción y el rigor necesarios para que la tarea de la justicia y la reparación de las víctimas no impliquen el daño y menos aún el castigo anticipado de quien bien puede no tener culpa de nada, incluso cuando las apariencias indiquen lo contrario, cuando parezca que lleva su crimen escrito en la cara. En un país tan sectario como el nuestro, a nadie le cuesta respetar la presunción de inocencia, a condición de que el acusado sea uno de los suyos. En el caso contrario, la sospecha se convierte en seguida en acusación, y el presunto culpable es despojado preventivamente de su dignidad, de su derecho a defenderse, de su trabajo, de su forma de vida.

Hay castigos evidentes, y otros insidiosos, sobre todo en ámbitos profesionales muy viciados. Alguien aparta un instante la mirada, alguien se cruza a otra acera con la cabeza baja. La cobardía y el gregarismo pueden ser tan dañinos como la maldad, y agravarla. Hay un espantoso instinto humano muy anterior a la idea de la justicia, que es el del señalamiento de un miembro de la comunidad que de repente ha de ser excluido, castigado, hasta sacrificado. En La caza, una película de Thomas Vintenberg (en Filmin), que tiene la virtud de devolvernos la limpia emoción inesperada del cine, Mads Mikkelsen interpreta a un maestro de escuela infantil en un pueblo edénico de Suecia, que se ve acusado de abusar de una de las niñas, hija además de su mejor amigo. El grupo fraternal de amigos y vecinos se convierte en una jauría. La autoridad pone en marcha sus protocolos implacables. Una historia de amables costumbres escandinavas, con navidades nevadas y coros de voces blancas, deriva en una película de terror: el terror verdadero y factible, el que uno siente que puede invadir su propia vida e instalarse en los lugares cotidianos, y volver monstruosas las caras de las personas más cercanas. Nosotros, los espectadores de la película, sabemos que ese maestro, Lucas, es inocente, y que su naturalidad jovial en el trato con los niños será precisamente un argumento para quienes se apresuran a considerarlo un criminal depravado. Pero nos haría falta aceptar la duda, la posible sospecha, y sin embargo aceptar siempre la posibilidad humana del error, y reconocerle hasta a quien parece más culpable su derecho a la presunción de inocencia. Cuesta muy poco destruir una vida.

"LA UCO 'DESNUDA'A LA JUEZA ALAYA". Agustín Martínez El Independiente de Granada

Mercedes Alaya, en una imagen de archivo llegando al TSJA

In memoriam de Marina Martín, que fuera víctima de su señoría.

Hay jueces que administran justicia. Y hay jueces que, por una mezcla de protagonismo y una extraordinaria capacidad para convertir un procedimiento en espectáculo, terminan administrando también titulares, carreras políticas y reputaciones. Mercedes Alaya pertenece a esa estirpe de jueces estrella. No porque pueda atribuirse sin pruebas una militancia partidista, sino porque algunas de sus decisiones tuvieron consecuencias políticas extraordinarias y plantean una pregunta incómoda: ¿quién controla al controlador cuando el poder de un juez puede triturar vidas antes de que exista una sentencia firme?

Durante años, Alaya fue mucho más que una magistrada conocida. Fue un personaje: la protagonista de una instrucción convertida en serial por entregas, con detenciones, registros, declaraciones y titulares que alimentaban una trituradora reputacional. La presunción de inocencia parecía un principio demasiado lento para el ritmo de las portadas.

Conviene recordar algo elemental: una persona investigada no es una persona condenada. Parece una obviedad, pero hubo políticos y funcionarios cuya condena social llegó mucho antes que cualquier resolución judicial. La fotografía de unas esposas, el desfile ante los medios y la sospecha repetida hasta adquirir apariencia de verdad pueden destruir una reputación que después ningún archivo consigue reconstruir.

El caso de Marina Martín resulta especialmente doloroso. La exdelegada de Empleo en Granada fue detenida dos veces en 2015 durante las operaciones relacionadas con los cursos de formación. En 2016, la pieza política de aquella causa quedó archivada y 24 exresponsables del SAE, entre ellos Martín, quedaron exonerados; la Fiscalía Anticorrupción había pedido también el archivo. La prensa recogió entonces que Martín había sido detenida y esposada delante de sus hijos. Años después, la causa llegó incluso a reabrirse.

Y ahora llega la UCO, precisamente la unidad policial central en aquella macrocausa, para decir que la expresión «red clientelar» no formó parte de sus atestados y que no investigó una trama política concebida para beneficiar al partido gobernante. El último atestado, conocido en septiembre de 2026, descarta esa hipótesis como tesis policial. No significa que toda irregularidad desaparezca: el informe mantiene anomalías y descontrol en determinados expedientes. Pero obliga a preguntarse qué parte de aquella historia estaba realmente acreditada y qué parte fue una interpretación convertida en dogma.

Porque una instrucción judicial no es un programa de televisión. Una detención no es un trofeo. Un registro no es una condena. Una investigación no es una sentencia. Y el sufrimiento causado por una decisión judicial tampoco queda compensado cuando, años después, llega un archivo.

La historia de los ERE ofrece otra lección. El Tribunal Constitucional ha anulado o corregido condenas de altos cargos en sentencias en las que apreció vulneraciones de derechos fundamentales, entre ellas del principio de legalidad penal y de la presunción de inocencia. Eso no borra las irregularidades acreditadas en la gestión de aquellos fondos. Pero demuestra algo esencial: hasta las sentencias judiciales pueden equivocarse y deben estar sometidas a controles. La justicia no se vuelve infalible porque lleve toga.

Por eso resulta tan peligrosa la fascinación por los jueces estrella. Una democracia constitucional no necesita magistrados convertidos en héroes ni villanos, ni jueces que parezcan disputar espacio a los partidos. Necesita jueces sobrios, rigurosos, independientes y conscientes de que detrás de cada expediente hay personas, familias, trabajos, hipotecas, hijos y vidas que no pueden ser restituidas con una providencia.

Porque cuando un procedimiento sirve durante años para instalar la idea de que existe una trama y después la propia investigación policial niega que esa trama formara parte de su hipótesis de trabajo, alguien debería explicar qué ocurrió. No para ajustar cuentas con una jueza, sino para proteger a los ciudadanos de una justicia que pueda convertirse, aunque sea involuntariamente, en una máquina de destrucción reputacional.

Y queda la pregunta que ningún archivo puede responder: ¿quién resarce a los hijos de Marina Martín por los años de miedo, humillación y estigma que padecieron al ver a su madre detenida? ¿Quién devuelve a las personas investigadas el empleo, la tranquilidad, el dinero gastado en abogados, el prestigio perdido y los años vividos bajo sospecha? ¿Quién repara a quienes fueron presentados como piezas de una supuesta trama que después no ha podido sostenerse en los términos en que fue planteada?

El Estado de derecho tiene mecanismos para investigar, acusar, juzgar y corregir errores. Lo que todavía no tiene es una máquina del tiempo. Y esa debería ser la primera lección para cualquier juez estrella: antes de pulsar el botón de la espectacularidad, conviene recordar que, al otro lado del expediente, no hay figurantes. Hay vidas.

"LOS FISCALES QUE ME ENSEÑARON A SERVIR". Dolores Delgado García (Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Fue ministra de Justica y fiscal general del Estado), infoLibre.es

Retrato del fiscal, jurista y político
republicano  Francisco Javier Elola

Elola, Galbe, Mena y Jiménez Villarejo: cuatro referentes de la justicia como servicio público

La escuela de Barcelona

Tuve la suerte de que mi primer destino como fiscal, hace ya casi cuatro décadas, fuera Barcelona. No lo supe entonces con la claridad con que lo sé ahora: aquella era una fiscalía-escuela, y sus maestros se llamaban Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. De ellos aprendimos sucesivas promociones de fiscales que la justicia no es un poder que se posee, sino un servicio público que se presta; que los poderes no pertenecen a quienes los administramos, sino a la soberanía popular; y que el cumplimiento de las obligaciones del fiscal no se reclama: se ofrece. En los juzgados de El Prat de Llobregat, con el barrio de Sant Cosme devastado por la heroína, con las entradas y registros de los fines de semana y los levantamientos de cadáveres de una generación entera, entendí lo que aquellos jefes enseñaban con el ejemplo: una fiscalía con los pies en el barro social, al lado de las víctimas que no tienen otro abogado.

Con los años he comprendido que aquella escuela no nació de la nada. Venía de lejos: de una tradición española de fiscales que entendieron la justicia como compromiso con los derechos humanos, con la legalidad y con los más vulnerables, y que pagaron ese entendimiento con la vida, con el exilio, con el destierro o con la carrera. Quiero glosar aquí a cuatro de ellos, cada uno referente en su época, porque su historia es la genealogía de la justicia democrática que hoy tengo el honor de servir desde la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Elola: la justicia fusilada

Francisco Javier Elola Díaz-Varela, primer fiscal general de la Segunda República y magistrado del Tribunal Supremo, fue fusilado en el Camp de la Bota de Barcelona el 12 de mayo de 1939. Su pensamiento asombra por su modernidad: prefería hablar de “poder jurisdiccional” antes que de “poder judicial”, porque concebía la justicia como función y servicio al ciudadano, no como privilegio; y advirtió en las Cortes Constituyentes de 1931 del riesgo de que los jueces llegaran a formar un poder oligárquico capaz de imponerse a la democracia. Su rectitud fue transversal: fue apartado como instructor de la causa contra la sublevación de Madrid por aceptar pruebas propuestas por el general Fanjul, porque para él las garantías se debían también al enemigo. Pudo exiliarse y decidió quedarse: entendía que servir al Estado legítimo jamás podría llamarse rebelión. En las notas de defensa que el consejo de guerra le incautó dejó denunciada la “justicia al revés”: acusar de rebeldes a los servidores de la legalidad desde el poder nacido de un alzamiento en armas. Murió, como él mismo dejó escrito, pobre por honrado. Cuando en 2023 la Fiscalía General del Estado acogió la presentación del libro en su memoria (Tirant lo Blanc, 2024), dije que como país tenemos con él una deuda que estamos obligados a saldar. La Ley 20/2022 ha declarado radicalmente nula la condena que lo asesinó; pero la deuda solo se saldará cuando su nombre y su doctrina formen parte de la conciencia de cada fiscal español. CONTINUAR LEYENDO

"DIVAGACIONES ESTIVALES SOBRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA". Carlos López-Keller, infoLibre.es

Cuando la probabilidad sustituye a las pruebas

En los albores del derecho romano, que es tanto como decir del derecho mismo, dos escuelas debatían sobre la mayoría de edad. Para unos, los sabinianos, la mayoría se alcanzaba cuando el niño lograba un determinado nivel de madurez, superando algún tipo de prueba; para los otros, seguidores de Próculo, un examen semejante era poco operativo, así que abogaban por fijar una edad determinada en la que situar la mayoría de edad de todos, con independencia de su desarrollo intelectivo o físico.

Las diferentes mayorías de edad que hoy reconocemos (a los 14 para delinquir, a los 16 para trabajar, a los 18 para votar) responden todas a una presunción: la presunción de que una persona, por el único hecho de ir soplando velas es capaz de entender el mundo que lo rodea, de consentir relaciones, de conducir... Pero no siempre sucede así. Las quejas de los sabinianos se amparaban, en esta línea, en un rígido concepto de la justicia: no es justo que a una persona, solo por haber cumplido años, se le conceda el beneficio de la mayoría de edad cuando puede ser un completo inútil. Sin embargo, estos juristas no valoraban que, para la cohabitación y la debida articulación de nuestras relaciones, la seguridad es algo tanto o más importante que la justicia. Desde esta perspectiva, toda presunción tiene algo de injusto, porque parte de una ficción, pero es una ficción necesaria: la sociedad necesita dotarse de unas normas preestablecidas de funcionamiento, sin las cuales nuestra arquitectura de convivencia se desmembraría.

Otra presunción orgánica en nuestro mundo es la presunción de inocencia, sencilla de exponer (toda persona es inocente hasta que un juez le declara culpable) pero difícil de explicar. ¿Cómo entender que el asesino detenido con la pistola en la mano siga siendo inocente? ¿Cómo convencernos de que es inocente, antes del juicio, el delincuente que ha confesado su delito? La explicación estaría en la propia naturaleza de la presunción como base de la estructura social, como garantía de la dignidad y libertad del ciudadano. Por eso no es solo un pronunciamiento vacío: la idea secular, que empieza a sonar revolucionaria, de que el acusado es inocente antes de la sentencia impone asumir que durante el juicio no está en el fiel de la balanza, aguardando en equilibrio hasta saber cuál de los dos platillos termina por pesar más; por el contrario, el acusado se sitúa en el plato de la inocencia que, amparado por la presunción, es pesado y difícilmente removible. Para una condena, no basta con que las pruebas de cargo pesen más que las pruebas de descargo; las pruebas de condena tienen que romper la balanza, haciendo irrazonable la hipótesis de la inocencia.

Esta presunción se enfrenta a una continua pugna social, máxime en unos tiempos donde los tribunales penales entienden su labor focalizada en el castigo al culpable, el mantenimiento de la paz social y la represión del delito. Sin embargo, la historia nos enseña que para imponer castigos no se necesitan tribunales; no los necesitó ni la Falange, ni la mafia, ni los necesitan los talibanes. En una sociedad democrática, los tribunales tienen una misión más esencial y delicada que castigar: proteger al inocente. Una misión que se ve comprometida en un mundo a merced de una ultraderecha que nos urge a la deshumanización, en una acometida de la cual no son ajenos miembros de un poder judicial que se manifiesta contra leyes que el pueblo se ha dado.

Dejaré apuntadas tres heridas contra la presunción de inocencia que se han ido consolidando en resoluciones de nuestros tribunales. La primera sería la idea de la probabilidad: el delito como suceso probable; la verdad judicial, convertida en la realidad más plausible. La muerte de la inocencia. Vean, por ejemplo, esta frase tomada de la sentencia contra David Sánchez y que la Audiencia Provincial de Badajoz, en una deplorable redacción con argumentos al peso, repite hasta tres veces (la última en negrita, por si no habíamos reparado en ella): “La seguridad de una inferencia, su precisión, se produce cuando aquella genera la conclusión más probable sobre el hecho a probar. En el fondo, esta línea no es ajena a una probabilidad estadística que se presenta como la probabilidad prevaleciente. En suma, resultará probada la hipótesis... cuando esa hipótesis esté dotada de un grado de confirmación prevaleciente respecto de otras hipótesis a las que se refieren otras inferencias”. En este extracto, la Audiencia se respalda en resoluciones de un Tribunal Supremo cada vez más mediocre para alcanzar una conclusión perturbadora: lo más probable puede argüirse como fundamento de una condena. ¿Pero cuántas veces la verdad se esconde en lo improbable? Remitir el juicio de culpabilidad a un juicio de probabilidades es clavar la navaja de Occam en el corazón de la justicia. ¡Que sentencie el Instituto Nacional de Estadística!

En una sociedad democrática, los tribunales tienen una misión más esencial y delicada que castigar: proteger al inocente

El segundo elemento, que se vería sorprendido de verse citado en estas polémicas, es la lógica; en este caso, el concepto se utiliza para salvar la insuficiencia de pruebas: no sabemos lo que ha pasado pero ‘lo lógico’ es que haya sucedido de esta o de aquella manera. Ya habrán advertido que esto no tiene nada que ver con la lógica, método científico que obtiene respuestas a partir de premisas conocidas de antemano y donde la conclusión se deriva sin artilugio ni alternativa alguna: si un cadáver se descubre a la una de la tarde y lleva muerto 12 horas, lo lógico es concluir que el fallecimiento ocurrió sobre la una de la mañana. Esto es lógico. Si un hombre es amenazado por su vecino y días después aparece muerto, podremos considerar lógico que el asesino sea su vecino, pero esta conclusión habrá de probarse; y si hay que probarlo, el razonamiento no es conclusivo ni, por tanto, lógico. En el juicio contra Ábalos vimos muchos ejemplos de esta lógica especulativa: si no hay pruebas de que recibió millones de euros ni pruebas de que tiene el dinero, ‘lo lógico’ será entender que lo ha escondido. Definitivamente, el Sombrerero loco manejaba mejor las reglas del silogismo.

Y la tercera infección que sufre el respeto a la presunción de inocencia es, sin duda, el pérfido elemento de las máximas de experiencia, hallazgo literario y parajurídico que se ha asentado entre nosotros con la mayor parsimonia, para gran alarma de los teóricos. Dejando aparte que los jueces, por su preparación, no suelen tener experiencia en muchas cosas, por lo que convertir este dato en un criterio de valoración supone un riesgo serio, lo cierto es que la realidad del delito nos enfrenta todos los días a lo sorprendente, lo insólito y lo inexperimentado. Utilizar lugares comunes o los caminos trillados de las máximas de experiencia para conocer lo que se ignora es un peligro manifiesto, pero va camino de convertirse en el oráculo que servirá para tener por demostradas cosas de las que no hay pruebas, partiendo de una ‘experiencia’ que, por naturaleza, está mediatizada por el sujeto y es ajena a todo escrutinio. Si ha habido un atraco y uno de los sospechosos tiene antecedentes, los años de experiencia podrán susurrarle al juez que el culpable es el fichado, sin necesidad de más diligencia. Imaginen las máximas de experiencia que un juez fascinado por Abascal como Emilio García-Cancho, ¡presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz!, aplicaría al juzgar a un inmigrante. ¿Pero dónde hemos dejado las pruebas? No lo olvidemos: bajo la égida de la presunción de inocencia, la función de un procedimiento penal no es saber si el acusado ha cometido el delito, sino averiguar si existen pruebas bastantes para condenarlo.

En estas tardes de verano he ido leyendo noticias sobre las vicisitudes de Jonathan Andic, imputado por haber matado a su padre. Mi curiosidad ha dado paso a una cierta intranquilidad porque voy advirtiendo en el asunto todos los vicios que se han consolidado en el proceso español, incluyendo unos investigadores absolutamente convencidos de la culpabilidad de su objetivo. (Tanto, que no se ahorraron el gesto, un tanto ruin por innecesario, de ponerle unas esposas al llevarle a declarar). Desde la distancia, advierto en estos investigadores el mismo sesgo proactivo condicionado que tuvo la policía portuguesa con los padres de Madeleine McCann, el mismo que mostró la Guardia Civil con los 20 indicios que vio contra Dolores Vázquez o los que la UCO quiso ver contra David Sánchez. Las noticias dan cuenta de una investigación llena de insinuaciones, conjeturas y datos insustanciales, que dejan al imputado al pairo de una opinión pública cruel.

Les aseguro que, ahora mismo, no me costaría trabajo redactar una sentencia condenatoria contra Andic, urdiendo sobre la trama de lo publicado los tres estigmas que he mencionado: juicios de probabilidad, razonamientos de pura lógica y remisiones a las máximas de experiencia, sin necesidad de incluir ni una sola prueba de su culpabilidad. Con la última jurisprudencia en la mano, me saldría una sentencia bastante bonita, sólida y fundada; tan sólida como indigna.

"CUANDO LOS JUECES QUIEREN GOBERNAR". José González Arenas, infoLibre.es

Cuando esa función se desborda y empieza a sustituir la decisión política, el problema ya no es técnico, sino democrático

En su reciente artículo “Que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones”, Joaquín Urías lanza una advertencia que va mucho más allá de la coyuntura jurídica: el Poder Judicial español no emana del pueblo, no funciona con reglas democráticas equiparables a las del Parlamento y el Gobierno y una parte de sus jueces, especialmente en la cúpula, ha asumido el papel de gobernantes sin haber pasado por las urnas. A partir de esa tesis, el debate deja de ser solo técnico y se convierte abiertamente en político y democrático.

Un poder que no nace del voto

En democracia, la ciudadanía elige a quienes van a tomar decisiones políticas: aprobar una regularización de inmigrantes, reformar el código penal, diseñar la política económica o pactar la convivencia territorial. Ese mandato se expresa en programas, campañas, debates y, sobre todo, en la posibilidad de castigar en las siguientes elecciones a quien se ha equivocado.

Los jueces no forman parte de esa cadena de legitimidad. Una parte significativa accede por oposición y progresa por una carrera cerrada; otros lo hacen a través de vías alternativas ---desde fórmulas de promoción interna a figuras de juristas de reconocida competencia--- que ni siquiera exigen haber superado una oposición específica de juez. En todos los casos, su incorporación a la judicatura no expresa ninguna voluntad política colectiva, porque nunca someten su proyecto de país al escrutinio ciudadano. Su función constitucional es acotada: aplicar las leyes que aprueban las Cortes y controlar la legalidad de la actuación del Ejecutivo, garantizando derechos frente a abusos.

Cuando esa función se desborda y empieza a sustituir la decisión política, el problema ya no es técnico, sino democrático.

Un poder poco democrático y sin controles

La arquitectura judicial española se ha levantado sobre una idea tan repetida como mal entendida: la independencia. Independencia frente al Gobierno, frente al Parlamento, frente a cualquier presión externa. Pero se ha olvidado algo esencial: un poder sin controles tiende a convertirse en un poder sin límites.

El Consejo General del Poder Judicial, concebido como órgano de gobierno de los jueces y tenue puente con la voluntad popular, lleva años degradado entre bloqueos partidistas y lógica de cuotas. Ese bloqueo prolongado no solo paraliza nombramientos: erosiona la escasa conexión democrática del sistema. Mientras tanto, la cultura corporativa de la judicatura se refuerza: cualquier crítica se presenta como ataque a la separación de poderes, cualquier propuesta de reforma como intento de someter la justicia al poder político.

El resultado es un poder muy poco democrático: no emana del pueblo, no rinde cuentas ante nadie y se protege frente a cualquier control efectivo. Y, sin embargo, decide sobre cuestiones que afectan a cientos de miles de personas, desde la política migratoria hasta la gestión de conflictos territoriales.

Cuando los jueces actúan como gobernantes

El texto de Urías pone el foco en la cúpula judicial, especialmente en el Tribunal Supremo. Allí se ha consolidado una forma de intervención que va más allá del control de legalidad: decisiones que corrigen, condicionan o bloquean el rumbo político como si fueran una segunda cámara no elegida.

Cuando un tribunal se posiciona ante una regularización de inmigrantes no solo con argumentos jurídicos, sino con la pretensión de marcar qué modelo de sociedad debe prevalecer, está ocupando el lugar que corresponde al Parlamento y al Gobierno. Cuando determinadas interpretaciones se convierten en dogma que limita cualquier mayoría parlamentaria, la soberanía popular deja de ser el centro del sistema.

La ironía de Urías ---que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones--- funciona como espejo: si quieren gobernar, que hagan campaña, que expliquen abiertamente su proyecto de país, que asuman el desgaste de decidir sobre la vida y los derechos de millones de personas. Lo que resulta inaceptable es ejercer ese poder sin haber pedido nunca el voto de nadie.

Reformas para devolver el poder al pueblo

La respuesta no pasa por someter la justicia al capricho del Gobierno ni por convertir a los jueces en militantes de partido. Pasa por reequilibrar los poderes y por recordar que el centro de gravedad del sistema es el pueblo, no la cúpula judicial.

Algunas líneas de reforma son claras:

- Garantizar que el órgano de gobierno de los jueces se renueva en plazo, con reglas que impidan el bloqueo y obliguen a los partidos a consensuar su composición.

- Delimitar por ley el espacio de intervención judicial: reforzar el control de legalidad, pero excluir expresamente la sustitución de decisiones de oportunidad política tomadas por quienes han sido elegidos.

- Exigir mayor transparencia y motivación reforzada en las resoluciones con impacto político estructural, de manera que se distingan con honestidad los argumentos jurídicos de las valoraciones ideológicas.

- Aprobar códigos de conducta que obliguen a la contención pública de los jueces en activo, especialmente de quienes ocupan plazas en la cúpula, para preservar la confianza en su neutralidad.

- Fortalecer los mecanismos de responsabilidad y supervisión, de forma que la independencia no se convierta en impunidad corporativa cuando se traspasan los límites de la función jurisdiccional.

No se trata de "politizar" la justicia, sino de devolver la política a su sitio: que las grandes decisiones que fijan el rumbo del país se tomen en las urnas y en las instituciones que emanan de ellas. El Poder Judicial debe ser fuerte e independiente, sí, pero contenido por reglas democráticas y por la conciencia de que su misión es garantizar derechos, no gobernar en la sombra.

Volver al punto de partida

El artículo de Joaquín Urías sirve, así, como detonante de una discusión que ya no podemos aplazar: quién manda realmente en una democracia donde el poder más decisivo es el único que nunca se ha sometido a las urnas. Releer su propuesta de que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones no es solo un ejercicio retórico: es una forma de recordar que, sin control democrático, cualquier independencia corre el riesgo de convertirse en soberanía sin pueblo.

Mientras un puñado de magistrados pueda decidir el destino político de España desde despachos blindados al escrutinio ciudadano, la pregunta seguirá siendo incómoda y necesaria. Y ahí no basta con reformar procedimientos: hay que devolver al centro del sistema la idea más sencilla y más radical de la Constitución, que el poder emana del pueblo y que nadie, tampoco los jueces, puede gobernar sin haber pasado antes por las urnas.

"CONDENA ANTES DEL JUICIO". Baltasar Garzón, infoLibre.es

Cuando la sospecha sustituye a la prueba, la víctima no es solo un investigado concreto sino el propio Estado de derecho

 

"Noticias falsas, calumnias, que calientan al pueblo y piden justicia. Es un linchamiento, un verdadero linchamiento. Y así, lo llevan al juez, para que el juez le dé forma legal, pero en realidad ya ha sido juzgado. El juez debe ser muy valiente para ir contra un juicio hecho así, popular, hecho a propósito, preparado… es un modo de hacer jurisprudencia" (Papa Francisco. Homilía de Santa María, 28/4/20).

Hay condenas que dictan los tribunales y otras que emite la opinión pública mucho antes de que un juez pronuncie una sola palabra. Las primeras pertenecen al Derecho; las segundas responden a la política, la comunicación y la necesidad de transformar la sospecha en certeza. En esa tensión se mueve hoy buena parte del debate sobre la presunción de inocencia en España, un derecho que la Constitución reconoce de forma expresa y que se ve cada vez más expuesto a una erosión práctica, difícil de corregir.

La garantía del artículo 24.2 de la Constitución nunca tuvo un respaldo jurídico tan sólido ni una fragilidad social tan visible. No porque los tribunales hayan renunciado a protegerla, sino porque el proceso penal ya no transcurre solo en los juzgados: convive con un proceso paralelo, inmediato y emocional —filtraciones, declaraciones políticas, titulares, redes sociales— que no conoce reglas de prueba ni respeta la contradicción, y que, sin embargo, influye de manera creciente en la percepción pública de cualquier procedimiento.

No se trata de cuestionar la libertad de información ni la crítica política, esenciales en democracia. El problema aparece cuando esas lógicas invaden el proceso penal, cuya única finalidad legítima es determinar, con pruebas valoradas con todas las garantías, si una persona ha cometido o no un delito. Confundir esos planos desnaturaliza el único que puede restringir legítimamente la libertad de un ciudadano.

La investigación seguida contra el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra ilustra esa tensión. No porque permita anticipar ninguna conclusión sobre el fondo —algo incompatible con el respeto a la función jurisdiccional—, sino porque muestra cómo una causa penal puede convertirse desde sus primeras fases en un espacio de confrontación política y mediática que termina proyectándose sobre las propias garantías procesales. Lo significativo no ha sido solo la intensidad del debate, sino la reacción ante una decisión perfectamente legítima: que el investigado decidiera declarar primero ante el juez y reservar allí sus explicaciones, opción que forma parte del núcleo del derecho de defensa y que algunos han leído como opacidad o indicio de culpabilidad. Ahí está una de las claves del problema. CONTINUAR LEYENDO

"NO ES ‘LAWFARE’, ES OTRA COSA". José María Calero Martínez, El País

 El sistema de enjuiciamiento criminal español, que debía ser provisional, lleva vigente más de un siglo; ese es el verdadero problema

¿Qué cree usted que es más importante: conseguir una condena o asegurar un juicio justo?

Para afrontar este sugerente dilema haga el esfuerzo de imaginar por un momento que ha sido detenido y espera su turno para declarar ante el juez en un calabozo. No se ría; tómeselo en serio, nos puede pasar a cualquiera: su socio dice que se ha llevado dinero de la empresa, un trabajador a su cargo se ha caído del andamio, la chica del sábado loco dice que usted se pasó de la raya, el grupo municipal denuncia que su licencia de obra fue fraudulenta. Todos podemos ser imputados algún día. ¿Ya se ve en el calabozo? Pues desde esa posición, sentado en el banco de piedra, mirando sin interés las groseras pintadas de la pared, vuelva a leer la pregunta inicial y conteste.

Por supuesto, lo importante es asegurar un juicio justo.

Si hice algo mal, que me condenen; pero sin abuso, sin denigrarme delante de mi familia y mis amigos, sin dar por supuesto lo que dice la policía o el fiscal que, como todos, pueden confundirse. Sin juicio justo, la condena penal es simplemente una salvajada.

Pero ¿cómo puede asegurarse un juicio justo? Pues solo se me ocurre una vía: controlando la investigación y los investigadores para que no incurran en abuso, en suposiciones, en filtraciones denigrantes, en insano exhibicionismo.

Pues bien: ¿saben qué pasa en España? No es lawfare, es otra cosa. El problema es que nuestro proceso penal no resuelve bien ese problema esencial de controlar la investigación. El sistema procesal penal español vigente es muy antiguo. Procede de la Inquisición y según su diseñador (Alonso Martínez) tenía que ser provisional, para no pasar bruscamente de un sistema inquisitivo medieval a un sistema acusatorio que —ya decía él, a finales del siglo XIX— es el propio de “las naciones cultas de Europa y América”. Pero como somos así en este país, resulta que el sistema procesal que tenía que ser provisional, sigue vigente siglo y medio después. Ha habido reformas parciales, parches. Pero la prueba de que aquel sistema inquisitivo mixto sigue vigente es que aun mantenemos la figura del juez de instrucción.

Recuerdan que ya dijimos que la clave de un juicio justo era controlar la investigación. Pues precisamente eso es lo que de manera generalizada y sistémica falla en España, porque la misma persona que tiene que investigar, tiene también que controlar la investigación. Y, claro, eso es imposible. El juez de instrucción es juez y parte. Como han visto en los interrogatorios retransmitidos por televisión, el juez de instrucción pregunta y busca el descubrimiento de los delitos como un fiscal, se refiere al trabajo de la policía como propio. No es imparcial. Ese es el tremendo fallo de nuestro sistema procesal: un juez que no es imparcial, un fiscal disfrazado de juez, un fiscal que dicta resoluciones. Este es el sistema procesal, conocido como mixto o inquisitivo mixto, que debía haber sido provisional y se ha enquistado hasta fijarse a nuestra mentalidad como cemento: ese es el problema. Entre nuestras aficiones ancestrales destaca la tendencia a buscar culpables, a ser posible en los de enfrente. Perdemos la ocasión de analizar los problemas atendiendo a datos objetivos, a errores en el diseño de los procesos.

Para explicar lo que está pasando en los juzgados penales españoles, para entenderlo bien hay que sentarse por un momento en el calabozo y pensar en lo que te espera. Un juez que investiga; ¿cómo dice?; lo que ha oído.

No es lawfare. Es un sistema procesal que no resuelve bien el principal problema para obtener un juicio justo, el control de la investigación. Y por eso sufrimos en España una pandemia de investigaciones penales descontroladas en la que el objetivo de la condena es preferido al del juicio justo. Una nueva versión renovada de la Inquisición en plena era digital: arden en la plaza pública de los programas de periodismo amarillo chillón y en la sangrante burla de las redes sociales, decenas, cientos de investigados privados de todos sus derechos y garantías procesales a quienes, bajo esta nueva forma perfeccionada de tortura, se les propone como única salida la confesión. Y cuando se produce, provoca los vítores entusiastas y los aplausos enfervorizados del respetable, pegado al móvil y a la pantalla de la televisión con esa mirada enferma y babeante que tanto nos recuerda la de aquellos súbditos de la gleba, espectadores del ahorcamiento o la quema del hereje en la hoguera de la plaza mayor.

No es lawfare; es el espectáculo lamentable de un modo de investigar los delitos que provoca vergüenza ajena.

"QUE LOS JUECES DEL SUPREMO SE PRESENTEN A LAS ELECCIONES". Joaquín Urías, elDiario.es

Imagen de archivo de personas migrantes haciendo
cola en L'Hospitalet de Llobregat para la regularización

Estos magistrados simplemente no comparten la política de inmigración del Gobierno. Su iniciativa es política, aunque la revistan con ropajes jurídicos construidos 'a posteriori'

El proceso de regularización de inmigrantes es algo más que una de las medidas estrella de Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de una de esas iniciativas que marcan políticamente todo un gobierno. Sobre todo, porque afronta de manera audaz una cuestión que sus oponentes han traído al centro del debate político. Y lo hace rompiendo con las asunciones que sus contrincantes ideológicos han venido presentando como indiscutibles. Una vez que en toda Europa la ultraderecha ha colocado a la inmigración en el centro de las preocupaciones ciudadanas, los conservadores se han limitado a comprar el discurso de las expulsiones. Frente a ellos, Sánchez opta por la regularización y abre la posibilidad de un paradigma totalmente diferente.

Así es como se hace la auténtica política, se esté o no de acuerdo con el contenido. Elegimos a nuestros representantes para que desarrollen iniciativas como esa.

La regularización ha cogido con el paso cambiado a los gobiernos de otros países que se habían resignado a la mano dura y ha incendiado a la derecha patria. Convencidos de que ellos debieron ganar las elecciones, Vox y PP consideran ilegítimo al Gobierno de Pedro Sánchez desde el día mismo de su designación parlamentaria. Es un sentimiento que se exacerba las pocas veces que el ejecutivo toma medidas verdaderamente políticas capaces de transformar la sociedad.

Sin embargo, la lógica de nuestro sistema constitucional es la que es. Y ni con los diputados que ahora tienen ni con las encuestas de previsión de votos pueden hacer nada para evitar que el Gobierno gobierne.

O casi nada. Porque, desde hace décadas, en nuestro país cuando a un grupo no le gusta las medidas que legítimamente toma un gobierno de signo contrario lo lleva a los tribunales. Es lo que los académicos llaman judicialización de la política.

Formalmente, se trata de controlar la regularidad de las medidas de gobierno y es algo legítimo. Cada vez más, sin embargo, es un modo de sustituir la acción política por la judicial. A demasiados jueces les puede el activismo. Renuncian a autorrestringirse y resuelven aplicando una interpretación ideológica de las normas, por decirlo suavemente. Aunque lo revistan de argumentación jurídica, en esencia sustituyen las valoraciones de los órganos políticos y administrativos por las suyas propias.

Las primeras demandas contra el proceso de regularización las presentaron Vox y la Comunidad de Madrid.

El tema de fondo aún se está tramitando, pero en este caso la pelea trascendental es la de la suspensión: los recurrentes no buscan tanto tener razón como que, mientras se decide si la tienen, la justicia deje en suspense la aplicación de la norma. De esa manera paralizan el proceso e impiden que ningún extranjero regularice su situación por ahora. O definitivamente, si alcanzan la victoria en las elecciones del año que viene y anulan la medida antes de que vuelva a estar en vigor.

La primera batalla la perdieron hace unos meses. Resolviendo sobre el recurso de Vox y la Comunidad de Madrid, una mayoría de jueces entendió que no había riesgo de un daño irreversible que aconsejara interrumpir cautelarmente el proceso de regularización.

Hubo dos magistrados disidentes. Estaban a favor de dejar en suspenso la regularización y lo hacían con argumentos sobre su maldad. Evidentemente, la regularización no les gusta. Casualmente, se trata de dos jueces muy cercanos al Partido Popular. Y casualmente, esos mismos dos jueces, junto al que fue la punta de lanza de los populares en el Supremo durante años, acaban de poner en marcha una estratagema aprovechando que ahora tienen que resolver los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón. Básicamente, antes de decidir sobre la suspensión van a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la regularización se opone a alguna norma europea.

Plantear una cuestión judicial ante el máximo órgano judicial de la Unión Europea es una libre facultad de todo juez que crea que una norma española se opone a otra de derecho comunitario. Sin embargo, los tres magistrados disidentes fundamentan esta contradicción con argumentos estrictamente políticos o cogidos por los pelos.

Sin citar reglas europeas específicas, plantean que ningún país de la UE puede aprobar una regularización por sí solo. Contra la decisión del Gobierno español invocan principios genéricos como la obligación de hacer una “gestión eficaz” del retorno de irregulares. O el principio de “cooperación leal”, que creen que impondría haber negociado antes con la Comisión. Incluso alegan un supuesto “principio de solidaridad” con otros países. En definitiva, conceptos vagos que los tres magistrados montaraces interpretan según su propia visión del mundo y de la inmigración. Reiteradamente, se quejan de que el Gobierno español está actuando por razones políticas y no por lo que ellos creen que es el interés general pero no es más que su propia ideología.

Lo cierto es que ningún precepto del pacto migratorio aprobado en el 2024 ni del resto de normativa en vigor prohíbe a un Estado tener su propia política en materia de regularización. De hecho, el acervo comunitario se preocupa más de recoger unos derechos mínimos de los inmigrantes que de poner un tope a que se les amplíen. Incluso el art. 6.4 de la Directiva de Retorno reconoce expresamente que el Estado puede eximir al migrante de la obligación de retorno o paralizar una expulsión ya decretada.

Da igual. Porque no se trata de derecho.

Estos jueces del Tribunal Supremo simplemente no comparten la política de inmigración del Gobierno. Su iniciativa es política, aunque la revistan con ropajes jurídicos construidos a posteriori. Todo indica que quieren usar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para argumentar sobre los males catastróficos de la regularización y presionar así para suspender su aplicación, ahora que 1,2 millones de personas han formalizado sus solicitudes.

No sabemos si lo conseguirán. Pero sí sabemos que el sistema democrático exige que las decisiones políticas las tomen órganos con legitimidad democrática para ello.

A los jueces les corresponde aplicar las normas aprobadas por el poder político. Solo pueden anularlas o inaplicarlas si se oponen a otras normas. Por más que muchos magistrados se sientan activistas llamados a hacer lo que puedan contra el Gobierno de izquierdas, esa no es su función constitucional. Por el mero hecho de haber aprobado una oposición, no pueden imponernos al resto de la sociedad sus ideas. Tampoco pueden impedir que el Gobierno gobierne. Si de verdad quieren funcionar así, en vez de dictar estas resoluciones desvergonzadas lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones. Lo contrario resulta todo menos democrático.

"CASO ZAPATERO: PARA QUÉ NECESITAMOS JUECES SI TENEMOS DELATORES". Carlos López-Keller, elDiario.es

Ver a socios y empresarios desmentir a todo un expresidente, para ver quién se escaquea más, nos llena de desconcierto. Lo cierto es que el escorpión ha hecho su trabajo

Los romanos colocaron la balanza en el cielo. De una manera un tanto forzada, instalaron la constelación de Libra en la eclíptica, que los antiguos habían concebido exclusivamente como un zodíaco, una senda de animales. Hoy, Libra sigue siendo la única constelación zodiacal que representa un objeto inanimado, colocada a machamartillo en el largo camino del sol. Podríamos decir que la balanza rinde honor a la ecuanimidad y equilibrio de la justicia, al orden derivado de dar a cada uno lo suyo. Pero otras veces, y más en días aciagos como los que vivimos, es tentador recordar que para los antiguos la constelación de Libra no existía; sus dos estrellas principales, hoy convertidas en platos de una balanza, fueron durante siglos las colosales pinzas del escorpión que reptaba en la constelación vecina.

En el asunto contra Zapatero, la balanza de la justicia ha recuperado por unos días su antiguo ser y se ha convertido en una gigantesca pinza que se cierne sobre el expresidente. La reciente iniciativa, conjunta o conscientemente paralela, de su antiguo socio y de los responsables de Plus Ultra pretenden sitiarle el camino de salida y condicionar su estrategia de defensa, ya puesta sobre el tapete, en un ejercicio de tacticismo que, sin embargo, tiene poco que ver con el derecho.

Estamos asistiendo a un verdadero cambio de paradigma procesal que la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra Koldo y Ábalos puso crudamente ante nuestros ojos: ante un delito de corrupción, el Estado, sin medios eficaces de control, debe confiar en el testimonio “de aquellos directos implicados que reconozcan dicha participación ante las autoridades competentes, colaborando en la averiguación de los hechos e identificando a otros posibles responsables”. El procedimiento, así, se desnaturaliza; ¿para qué necesitamos jueces si tenemos delatores? Convirtiendo a los delincuentes en agentes de la justicia, en recordadas palabras de Beccaria, “el tribunal hace ver la propia incertidumbre y la debilidad de la ley, que implora el socorro de quien la ofende”. En esta deriva, la prueba del delito no la buscaremos ya en documentos o en periciales, ni en las resultas del análisis objetivo del cuerpo del delito; la prueba reina será la confesión, como en el antiguo proceso inquisitorial, al cual nos vamos acercando a marchas forzadas. Las declaraciones de los coimputados, antaño despreciables, recobran vigor en la última jurisprudencia. ¿Que en el expediente de la concesión de ayudas no hay rastro de irregularidad? Ya, pero ¡han confesado!

Convertido el investigador en un moderno Bernardo Gui, la confesión solo se valorará en lo que tenga de delación, en lo que pueda apuntar a otros responsables. Esta justicia nunca premiará el chivatazo de una inocencia ni el reconocimiento de que los hechos son conformes a la ley. Por el contrario, gestionará la verdad a través de una negociación extramuros del juzgado: las delaciones no suelen ser espontáneas sino el fruto de conversaciones (al margen del proceso, que no del juez) donde acusación y defensa van hilando un relato, valorando su carácter premiable.

En esta negociación las partes implicadas no están en igualdad de condiciones, sino que sufren un sesgo que habla mucho de nosotros mismos. Y es que entendida la corrupción como la contaminación de la política por el soborno, la justicia ha interpretado que, en esta ósmosis, el desvalor de la conducta se localiza básicamente en los políticos corruptos, a quienes los jueces tratan, de siempre, mucho peor que a los empresarios corruptores. Esta opción de política criminal tiene, por cierto, unos claros efectos criminógenos: “¿por qué no voy a sobornar al alcalde?”, pensará el empresario, “si me pillan, ya me acogeré a la doctrina Aldama”.

Este juego de conversiones impone una grave presión al imputado, condicionando su línea de defensa por puro pánico, con el riesgo siempre presente de que diga algo incierto; recuerden el caso de Carlos Moreno, de quien Aldama dijo falsamente haberle entregado dinero en soborno. El Supremo lo descartó, pero no protegió a Moreno de la falacia. En fin, la desconfianza entre las partes determina, muchas veces, que al término de la negociación la defensa se vea comprometida a presentar en el juzgado, aun antes de que su cliente declare, un escrito adelantando lo que dirá. Y sucede que, en ocasiones, la defensa fuerza tanto el texto para satisfacer a la acusación, que llegado ante el juez el acusado lo matiza con reticencias y evasivas, para desconcierto de todos.

En este complejo escenario es en el cual deberíamos valorar las pinzas de escorpión que ambos ‘Julio Martínez’ han presentado ante el juez, que responderían a una negociación en la cual ambas partes, acusación y defensas, habrían querido alcanzar los mejores réditos en sus objetivos.

De antemano, cabría advertir una diferencia de origen con el caso de Víctor de Aldama, quien va camino de poner nombre a una rama del derecho procesal penal. Y es que estos epígonos del egregio no reconocen en sus escritos, al menos formalmente, haber cometido delito alguno, con lo que su pretendida confesión se queda corta y no alcanza ningún puerto, más allá de señalar con el dedo hacia el objetivo buscado. Ninguno de los escritos refiere que Zapatero haya realizado labores de tráfico de influencias para que la ayuda fuera concedida a la aerolínea; por un lado, su antiguo socio ha comparecido ante el juez y, según parece, no ha aportado más datos que los muy vagos ofrecidos en el escrito presentado la víspera.

Por su parte, los responsables de Plus Ultra sostienen que no saben exactamente lo que hizo Zapatero para ellos, de la misma forma que Bismarck ignoraba cómo se hacían las salchichas, con lo que tampoco aportan datos que apunten a un delito. Sí reconocen que lo contrataron para no pedir “a puerta fría” las ayudas que necesitaba la empresa, y es posible que así lo hicieran, lo que no habla muy bien de nuestras estructuras de gestión pública. En todo caso, aunque contrataran a Análisis Relevante para “calentar la puerta”, esto no es delito; es feo, políticamente deplorable, pero estaría dentro de la ley que ampara los bastidores de los ‘lobbies’. Es lícito contratar a alguien para que te presente, que te ayude a pedir una subvención, que esté encima de tu expediente e incluso que haga llamadas en tu nombre para que lo resuelvan rápido.

Nada de esto es un delito de tráfico de influencias, que exige que la decisión sea el resultado de una prevalencia jerárquica o personal. Y entiendo, en fin, que el reconocimiento expreso de que las facturas giradas tenían “conceptos” inciertos, ¡qué desastre!, lo habrán hecho siendo conscientes de que poner un concepto incierto en una factura no la convierte en falsa, si la relación jurídica existía en realidad.

Insistiré en lo políticamente deplorable. Que los responsables de una empresa asuman que han pagado a un expresidente del gobierno el uno por ciento de las ayudas públicas recibidas, y que han colmado de imaginación el texto de unas facturas, constituye un baldón irrecuperable. Que sea delito es, si me apuran, lo de menos. Por añadidura, ver a socios y empresarios desmentir a todo un expresidente, para ver quién se escaquea más, nos llena de desconcierto. Tengan en cuenta que, a diferencia de lo que sucedía en el clásico proceso sumarial, en el actual procedimiento el investigado está presente en la causa desde el primer momento, lo que garantiza su defensa, es cierto, pero con una serie de servidumbres; entre otras, que el investigado ha de adelantar a la fase previa su estrategia de defensa cuando todavía no están todas las pruebas encima de la mesa. No se les escapa a ustedes los riesgos que ello implica.

Por todo ello, y concluyendo, las pinzas con las que se pretende ahora cerrar la retirada a la defensa de Zapatero parecen enmarcadas en una estrategia dirigida a conseguir un mejor trato procesal, a esquivar medidas cautelares y a esperar, en su caso, el beneficio de una atenuante; pero no tienen nada que ver con la confesión de un delito que pudiera venir a demoler el descargo del expresidente y, de paso, cauterizar los recelos respecto al origen espurio de los indicios llegados desde Estados Unidos.

Sin embargo, aun con todas las cautelas y con independencia del efecto que estos escritos y confesiones veladas puedan tener en el desarrollo del proceso, lo cierto es que el escorpión ha hecho su trabajo. La balanza de la justicia va cerrando su tenaza sobre una opinión pública desolada y perpleja, que sigue sin entender qué gestiones ha hecho Zapatero o en qué negocios se metió, pero que, fueran los que fuesen y aunque no sean delictivos, desde luego no parecen propios de lo que esperaba de él.

"INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES". Tomás de la Quadra Salcedo, El País

Juan Carlos Peinado, en los juzgados de la plaza de Castilla en Madrid

Solo anulando completamente toda la instrucción del juez se hubiera salvado la credibilidad y dignidad de la Justicia que aquí está en juego junto con los derechos fundamentales de los inculpados

El Tribunal Supremo en sentencia de 2/2/2011 anuló una condena impuesta por la Audiencia Nacional (AN) por su parcialidad, pues en una condena por enaltecimiento del terrorismo (caso Otegi), la presidenta de la AN —tras negarse el acusado a responder a la pregunta sobre si condenaba el terrorismo de ETA— dijo: “Ya sabía que no me iba a responder a esta pregunta”. Sometido a nuevo juicio, un tribunal de distinta composición absolvió finalmente al acusado.

Recordar la importancia de la imparcialidad viene a cuento de las palabras del juez Peinado —instructor del caso de Begoña Gómez— en sus autos de 11.4.26 y de 20.6.26, en los que, en relación con el delito de tráfico de influencias que le imputa, sostenía: “Lo determinante es que, por mucho que se busque en la jurisprudencia, … no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal”.

Esas palabras no expresan la opinión serena y objetiva de un juez imparcial que describe los hechos que está investigando, sino que son —en los términos estrictamente objetivos de su formulación— su antítesis: un “prejuicio” donde los hechos puros se sustituyen por calificativos, opiniones y valoraciones de conductas ajenas a su investigación. En un supuesto delito de tráfico de influencias, los autos lo vinculan con el presidente del Gobierno bajo la sinécdoque de “palacios presidenciales absolutistas”, referidas inequívocamente al consorte de la investigada; y los hechos –únicos que son objeto de la instrucción– se sustituyen por el “prejuicio” de la desmesura que expresa el párrafo con la imagen del absolutista presidente/Fernando VII, sugerente de los mayores excesos y abusos de los que, asegura, no hay noticia peor en nuestra historia hasta esos mismos autos.

Un juicio sobre la total conducta del presidente, completamente ajena a la concreta instrucción y a las pruebas practicadas, ceñidas a singulares actuaciones de su consorte en relación con la Universidad Complutense. Nunca, en todo caso, la investigación ha versado sobre el total comportamiento político del presidente, que es a lo que se refieren con perífrasis claras las palabras transcritas del auto. Estamos ante un “prejuicio” que no se refiere a hechos, sino a la opinión general del instructor sobre el Presidente; opinión que Peinado considera “determinante” del juicio indiciario sobre el supuesto delito de su esposa, contaminado, así, por su opinión política sobre el desempeño integral del Presidente –“palacios presidenciales absolutistas” sin parangón desde Fernando VII– en modo alguno circunscrito al caso investigado. Una opinión política del instructor, disparatada y sectaria a todas luces, que –en lo que aquí importa― necesariamente condiciona (“determinante”, dicen los autos mismos) su juicio sobre los hechos de que está conociendo, valorándolos integrados en el contexto ―imaginado y ni siquiera investigado― del comportamiento del calificado como dictador absolutista.

Las razones de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2/2/2011 antes citada —reiteradas en sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 6/12/2018 sobre el mismo afectado (Asunto Otegi Mondragón y otros c. España)— pueden traerse a colación aquí sobre las consecuencias nulificantes de tal parcialidad del instructor. Los términos de la decisión del juez Peinado no se ajustan al deber de imparcialidad objetiva que también obliga al instructor, como veremos, y contaminan de nulidad lo actuado; del mismo modo, las doce palabras de la presidenta en el caso Otegui ―“ya sabía que no me iba a responder a mi pregunta”― anularon el juicio entero, incapacitando a todos los miembros de la Sala para volver a conocer del asunto.

Ciertamente, la instrucción de los jueces tiene carácter inquisitivo en cuanto, a partir de algunos hechos conocidos pero incompletos, tienen que completar los hechos mismos y su autoría e investigar y buscar la verdad, construyendo e imaginando hipótesis, sospechas (y sospechosos) con arreglo a las cuales continúan la investigación para completar los hechos y descubrir la verdad. Ese carácter inquisitivo les puede hacer perder inicialmente parte de su imparcialidad, pero solo en ese sentido de empezar por construir hipótesis que han de verificar, pues la imparcialidad se exige de todos los jueces, también del instructor (art. 14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y art. 47 de la Carta de derechos de la UE), impidiéndole formular afirmaciones sobre hechos ajenos a la investigación y de naturaleza política que “determinen” lo investigado. Eso es lo que ocurre cuando se equipara al marido de la investigada con un déspota absolutista: se pierde objetivamente la imparcialidad.

Reclamar públicamente la imparcialidad —exigible también ante una instrucción— es indispensable cuando a muchos se les escapa tanto su ausencia en este caso como su trascendencia. Lo prueba que un director de programa radiofónico —para mí muy estimable— se limitara a calificar esa afirmación del auto como “ventajista” o como “escarceo histórico del juez Peinado” o “concesión populista del juez al público más cafetero” y en esa línea otros comentaristas y tertulianos. Es preocupante cómo al público y a muchos comentaristas se les escapa que un juez no puede hacer “una concesión populista al público más cafetero”, como lo pueden hacer políticos deslenguados que solo merecen, en atención a su libertad de expresión política, el reproche de la opinión pública. Un juez nunca tiene esa libertad en sus autos para decir lo que Peinado ha dicho: sus palabras son una confesión propia de su parcialidad objetiva no amparada por la independencia judicial indisolublemente vinculada con la imparcialidad. Quien no lo vea así blanquea lo más inadmisible y abre paso, inconscientemente tal vez, a una independencia judicial hipertrofiada, erigida y transformada en patente de corso para cualquier concreta parcialidad en que se incurra; una especie de legitimación para interferir en los derechos fundamentales de los ciudadanos más allá de los límites de la función jurisdiccional. La parcialidad que los autos confiesan desvela, finalmente, la real naturaleza de lo que algunos han querido pasar por meras extravagancias de las que rebosa la instrucción.

La imprescindible independencia judicial la reclamamos todos, empezando por los tribunales nacionales e internacionales (Luxemburgo y Estrasburgo), que evitan sin embargo sus excesos con la doctrina de la imparcialidad objetiva sin necesidad de atender a la intención subjetiva del órgano judicial, proscribiendo que la independencia sirva para corromper la imparcialidad con conductas o expresiones que, objetivamente, la ponen en entredicho: bajo el digno pabellón de la independencia, no cabe de contrabando la mercancía de la parcialidad.

No es el CGPJ ―en una actividad netamente jurisdiccional―, sino la Audiencia Provincial de Madrid, quien, aplicando la doctrina del TS en la sentencia de 2/2/2011 citada al principio, pudo poner remedio a la parcialidad de Peinado declarando la nulidad de toda su instrucción. Una instrucción objetivamente parcial no se convalida ni remedia en el juicio oral, irremediablemente contaminado ya por aquella hasta convertirlo en una formalidad vacía, como denunciara en 2007 Vives Antón (vicepresidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho penal). Solo anulando completamente toda la instrucción del juez se hubiera salvado la credibilidad y dignidad de la Justicia que aquí está en juego junto con los derechos fundamentales de los inculpados. La Audiencia Provincial acaba de comprometerlas al seguir adelante sin detectar ―desconociendo la doctrina del TS y del TEDH― la parcialidad objetiva del instructor que, por la nulidad absoluta que comporta, podrá y deberá declararla de oficio cuando la perciba, aunque solo sea para salvar el honor de la Justicia.

"DEMOCRACIAS AMENAZADAS". Luis García Montero, El País

Garzón y García Ortiz

Resulta muy peligrosa la estrategia que confunde el respeto a la justicia con la indiferencia ante el comportamiento de algunos jueces

No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Eso afirmó Martin Luther King en su lucha por la dignidad humana y eso recuerda Baltasar Garzón al analizar las situaciones de la justicia en España y en el panorama internacional. Resulta muy peligrosa la estrategia que confunde el respeto a la justicia con el silencio, la indiferencia y el cerrar los ojos ante el comportamiento de algunos jueces y de las administraciones judiciales que deberían velar por la ciudadanía, no por los intereses más turbios de los ámbitos de poder. La literatura suele entrar en el interior de las vidas para preguntarse por los sentimientos de los seres humanos ante los hechos públicos. El nuevo libro de Baltasar Garzón, La democracia amenazada (Planeta, 2026), hace el camino contrario. Parte de las situaciones vividas por él, por Dolores Delgado o por Álvaro García Ortiz, para reflexionar con una detallada sabiduría profesional sobre los deterioros de la convivencia democrática y las responsabilidades de los poderes que manipulan la justicia. Tenía mucha razón Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando afirmaba que el poder punitivo no es un fenómeno exclusivamente jurídico, sino esencialmente político.

La memoria nos lleva a recordar el nazismo, el franquismo o los golpes de Estado en América Latina. Pero los fangos actuales de la corrupción nos advierten de que las armas de los golpistas pueden ser desplazadas por los ruidos, las verdades y los bulos de las dictaduras silenciosas que buscan la dinámica del y tú más y del todos son iguales. Cuando se nos invita a renunciar a la política, resulta más necesario que nunca tomar medidas políticas para defendernos de la corrupción. Baltasar Garzón estudia el fango que entra en la justicia cada vez que los intereses económicos de las élites pretenden invadir las democracias.

"POR QUÉ ESTE AUTO DEL JUEZ CALAMA NO SE PARECE A LOS SUYOS". Daniel Valverde Ríos, infoLibre.es

La imputación de Zapatero, leída junto a otras dos resoluciones del mismo juez, abre interrogantes que el instructor o un tribunal superior tendrá que responder

No hace falta ser jurista para leer tres autos del mismo juez y notar que uno de ellos está construido de otra manera. Hace falta, eso sí, tomarse el trabajo de leerlos. He leído íntegramente el auto del 18 de mayo de 2026 por el que el magistrado José Luis Calama imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra,[1] y lo he comparado con otros dos autos suyos: el del caso Banco Popular, de 2024, y el de una trama de fraude de hidrocarburos, de 2021.[2][3] Los tres investigan delitos económicos complejos. Los tres son obra del mismo instructor. Pero solo uno de ellos hace tres cosas que los otros dos evitan cuidadosamente. Este artículo trata de esas tres diferencias, y de la única pregunta que importa: por qué.

Conviene decir desde el principio qué no sostengo. No sostengo que Zapatero sea inocente ni culpable: eso corresponde a los tribunales, y la causa tiene recorrido. No sostengo que el documento sea falso: tiene Código Seguro de Verificación válido en la sede de la Administración de Justicia y está firmado electrónicamente por el juez y la letrada. Tampoco afirmaré que lo redactó una máquina, porque no puedo probarlo. Sostengo algo más limitado y, creo, más difícil de rebatir: que este auto se aparta del método que el propio Calama aplica cuando construye una imputación sólida, y que esa diferencia merece una explicación que el expediente público no ofrece.

Primera diferencia: la conclusión va antes que las pruebas

Un auto de instrucción razona hacia adelante: expone los indicios y, a partir de ellos, concluye. El auto de 2021 lo hace de manera de manual. Antes de afirmar nada sobre nadie, enumera su base probatoria: los informes periciales de la Agencia Tributaria con sus fechas exactas y veinte atestados de la Guardia Civil identificados uno por uno con su número.[4] Solo después, sobre ese cimiento, construye las conclusiones.

El auto del Banco Popular, de 2024, es aún más escrupuloso. Es un documento de 83 páginas sobre una de las materias más técnicas que existen: la contabilidad de una entidad financiera bajo supervisión del Banco Central Europeo; y dedica sus primeras páginas íntegramente a explicar la normativa aplicable antes de entrar en un solo hecho. Su primer fundamento se titula, literalmente, «breve exordio», y habla con prudencia de «una certeza provisional».[5] Es la voz de un juez que sabe que las conclusiones se ganan, no se anuncian.

El auto de Zapatero hace lo contrario. Su primer párrafo de fundamentos jurídicos (la primera frase, antes de cualquier indicio) ya contiene la conclusión:

«Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha [...] permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias.»[6]

Lo que sigue durante las siguientes cincuenta páginas no son los indicios de los que se deduce esa conclusión: son la ilustración de una conclusión ya tomada. La diferencia parece sutil y no lo es. Un instructor que concluye primero y busca después no está investigando: está sosteniendo una tesis. Y un juez que en 2021 y en 2024 colocó las pruebas antes que el veredicto sabe perfectamente cuál de las dos cosas está haciendo.

Segunda diferencia: el razonamiento que no se puede refutar

Hay en el auto una frase que, a mi juicio, es la más reveladora de todas. Al llegar al punto en que debe explicar en qué consiste exactamente el liderazgo de Zapatero sobre la supuesta trama, el instructor escribe:

«José Luis Rodríguez Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas.»[7]

Léase despacio, porque el mecanismo es notable. El auto reconoce que no hay prueba formal ni pública del liderazgo, y a continuación convierte esa misma ausencia de prueba en confirmación de la astucia del investigado: no aparece porque es lo bastante hábil para no aparecer. Es un razonamiento que se blinda contra cualquier refutación posible. Si no hay rastro, es porque el líder sabía borrarlo. Cuanto menos se encuentra, más se confirma la hipótesis.

Eso no es un indicio. Es lo que en lógica se llama una petición de principio: dar por probado lo que había que probar. Y no es el modo en que Calama trabaja en sus otros autos. En el de 2021, cuando describe al segundo de la organización, no deduce su papel de la ausencia de pruebas: lo ancla en sus cargos societarios concretos, en las órdenes que transmitió y en los atestados que las documentan. La ley penal exige precisamente eso, indicios plurales, concluyentes y razonados,[8] no la deducción de que alguien es culpable porque es demasiado listo para parecerlo. No soy el único que lo ha advertido: la misma observación la hizo, desde la lectura periodística, el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.[9]

Tercera diferencia: pruebas de otra causa

La tercera diferencia es la más fácil de medir, porque se cuenta. El caso Plus Ultra investiga si hubo tráfico de influencias en el rescate de una aerolínea. El caso Koldo es un procedimiento distinto, instruido por un tribunal distinto, el Tribunal Supremo. Son dos causas separadas.

En el auto de Zapatero, sin embargo, el caso Koldo aparece por todas partes. El nombre de Ábalos figura quince veces; el de Koldo, siete; hay referencias al «Delcygate» y una sección dedicada a un comisario cuya tarjeta de visita se encontró en las oficinas de Plus Ultra. Nada de esto se conecta causalmente con Zapatero ni con el rescate. Simplemente está ahí, mezclado con el objeto de la causa.

Para que se vea la magnitud de la anomalía, basta contar lo mismo en los otros dos autos:

En 2021, una trama con más de veinte investigados y siete sociedades: ninguna mención a causas ajenas. En 2024, la contabilidad del Banco Popular con todo el aparato del Banco Central Europeo: ninguna.[10] En 2026, un auto saturado de material de otro procedimiento. El mismo juez que durante años mantuvo herméticamente separados los objetos de sus causas, en esta los mezcla.

El indicio que no resiste una resta

A las tres diferencias de método se añade un problema que no es de estilo sino de aritmética. El indicio económico más concreto del auto, el que conectaría el dinero con la influencia, es un presunto pago al director del fondo público que gestionó el rescate. El rescate de Plus Ultra se aprobó el 9 de marzo de 2021. El director de ese fondo fue nombrado el 17 de agosto de 2021, cinco meses después.[11] No se puede influir sobre quien decide un rescate a través de alguien que aún no ocupaba el cargo cuando el rescate se decidió. La secuencia temporal, comprobable en registros públicos, invalida el indicio. El auto no la aborda.

Conviene recordar, además, que ese rescate ya había pasado por dos filtros que no encontraron irregularidad: el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.[12] No es terreno virgen: es una decisión administrativa examinada y avalada, sobre la que ahora se construye una hipótesis de organización criminal liderada por un expresidente.

La única pregunta que queda: ¿por qué?

Llegamos a lo esencial. Las tres diferencias no son interpretables: están en los documentos y se pueden verificar. Lo que sí admite interpretación es su causa. Caben, razonablemente, tres explicaciones, y conviene examinarlas sin descartar ninguna de antemano.

Explicación primera: la complejidad del caso

Podría pensarse que Plus Ultra es sencillamente más complicado y que eso explica las costuras. No se sostiene. El auto del Banco Popular es, técnicamente, mucho más complejo (contabilidad bancaria, normativa europea, estructuras en Luxemburgo) y es justamente el más cuidadoso de los tres. Si la complejidad produjera anomalías, el Banco Popular debería ser el peor, no el mejor. Es al revés.

Explicación segunda: la prisa

Calama recibió el caso por inhibición en marzo de 2026 y dictó el auto en mayo.[13] Dos meses para un asunto que llevaba años en otro juzgado. La prisa explicaría bien algunas cosas: tomar el informe policial y volcarlo sin depurarlo, lo que arrastraría el material del caso Koldo, anteponer la conclusión, no detectar la contradicción de fechas. Es la explicación más benévola y probablemente recoge una parte de verdad. Pero deja intacta una pregunta incómoda: ¿por qué un juez que en 2021 dedicó tres años a levantar un auto sólido sobre una trama equivalente se conformó esta vez con dos meses y un resultado mucho más débil, tratándose nada menos que de la primera imputación a un expresidente del Gobierno en democracia? La prisa, cuando es elegida, también es una decisión.

Explicación tercera: el momento

La tercera explicación no la afirmo; la dejo formulada, porque los hechos la hacen pertinente y ocultarla sería deshonesto. El auto se dicta en una semana muy concreta: la misma en que un informe de la Guardia Civil vacía de contenido el caso contra Begoña Gómez, la misma en que arranca en Badajoz un juicio donde la propia Fiscalía pide la absolución del hermano del presidente, los mismos días de un resultado electoral incómodo para la oposición. Que el auto más débil metodológicamente de los tres aparezca con ese encaje de calendario es un hecho. Que ese hecho pruebe una intención es algo que no afirmo y que, con la información pública disponible, nadie puede afirmar. Pero la coincidencia existe, y un análisis honesto la nombra en lugar de esconderla.

Lo que sí podemos exigir

La firma electrónica del juez convierte estas tres anomalías en responsabilidad suya, con independencia de cómo se redactara el documento o de qué herramientas se emplearan en su confección. Quien firma, responde. Y lo que ha firmado se aparta de su propio método en las tres dimensiones que distinguen una imputación fundada de una afirmación de culpabilidad anticipada.

No pido que se crea mi conclusión. Pido algo más modesto y más exigente: que cualquiera coja los tres autos (los dos de CENDOJ son públicos y el tercero ha circulado en la prensa) y los lea en paralelo. La diferencia salta a la vista en la primera página de los fundamentos de cada uno. A partir de ahí, la pregunta de por qué este auto no se parece a los suyos deja de ser una opinión y se convierte en lo que de verdad es: una cuestión que el instructor, o el tribunal que revise su decisión, tendrá que responder. Mientras tanto, la presunción de inocencia no es un tecnicismo que proteja a un expresidente: es lo que nos protege a todos de que la ausencia de pruebas pueda presentarse, algún día, como la prueba más concluyente.