Porque el problema no es solo Manuel García Castellón. Es un problema de primer orden democrático que se usen las instituciones judiciales para estas persecuciones políticas, dado que se trata de un poder del Estado sobre el que la ciudadanía no tiene ningún control
En el año 2000 se reunieron en Bangalore (India) juristas de todo el mundo por invitación del Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito preocupados por la falta de confianza en la justicia de la ciudadanía que veía sus sistemas como corruptos y parciales. En el preámbulo de la declaración de Bangalore se decía que la “fuente real del poder judicial es la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral e integridad del poder judicial”. En España, gracias al proceder de muchos jueces, una parte importante de la población progresista ha perdido la confianza en la justicia o la ve con recelo. La culpa de ello la tienen jueces como Manuel García Castellón.
En derecho existen dos principios que funcionan como principios rectores para que exista una relación creíble entre la ciudadanía y la administración pública, que incluye a la justicia. Uno de ellos es el principio de confianza legítima, por el cual las autoridades encargadas de impartir justicia y los particulares que poseen la soberanía popular deben respetar los compromisos adquiridos y no defraudar la confianza debida que recae sobre sus atribuciones. Otro de esos principios es el principio de buena fe, que según Eduard Couture se refiere a “la calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón”. Dos principios rectores del derecho que al juez Manuel García Castellón se le han olvidado en su actuación procesal contra Podemos y hacen imposible tener confianza en la justicia española.
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