"POR QUÉ ESTE AUTO DEL JUEZ CALAMA NO SE PARECE A LOS SUYOS". Daniel Valverde Ríos, infoLibre.es

La imputación de Zapatero, leída junto a otras dos resoluciones del mismo juez, abre interrogantes que el instructor o un tribunal superior tendrá que responder

No hace falta ser jurista para leer tres autos del mismo juez y notar que uno de ellos está construido de otra manera. Hace falta, eso sí, tomarse el trabajo de leerlos. He leído íntegramente el auto del 18 de mayo de 2026 por el que el magistrado José Luis Calama imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra,[1] y lo he comparado con otros dos autos suyos: el del caso Banco Popular, de 2024, y el de una trama de fraude de hidrocarburos, de 2021.[2][3] Los tres investigan delitos económicos complejos. Los tres son obra del mismo instructor. Pero solo uno de ellos hace tres cosas que los otros dos evitan cuidadosamente. Este artículo trata de esas tres diferencias, y de la única pregunta que importa: por qué.

Conviene decir desde el principio qué no sostengo. No sostengo que Zapatero sea inocente ni culpable: eso corresponde a los tribunales, y la causa tiene recorrido. No sostengo que el documento sea falso: tiene Código Seguro de Verificación válido en la sede de la Administración de Justicia y está firmado electrónicamente por el juez y la letrada. Tampoco afirmaré que lo redactó una máquina, porque no puedo probarlo. Sostengo algo más limitado y, creo, más difícil de rebatir: que este auto se aparta del método que el propio Calama aplica cuando construye una imputación sólida, y que esa diferencia merece una explicación que el expediente público no ofrece.

Primera diferencia: la conclusión va antes que las pruebas

Un auto de instrucción razona hacia adelante: expone los indicios y, a partir de ellos, concluye. El auto de 2021 lo hace de manera de manual. Antes de afirmar nada sobre nadie, enumera su base probatoria: los informes periciales de la Agencia Tributaria con sus fechas exactas y veinte atestados de la Guardia Civil identificados uno por uno con su número.[4] Solo después, sobre ese cimiento, construye las conclusiones.

El auto del Banco Popular, de 2024, es aún más escrupuloso. Es un documento de 83 páginas sobre una de las materias más técnicas que existen: la contabilidad de una entidad financiera bajo supervisión del Banco Central Europeo; y dedica sus primeras páginas íntegramente a explicar la normativa aplicable antes de entrar en un solo hecho. Su primer fundamento se titula, literalmente, «breve exordio», y habla con prudencia de «una certeza provisional».[5] Es la voz de un juez que sabe que las conclusiones se ganan, no se anuncian.

El auto de Zapatero hace lo contrario. Su primer párrafo de fundamentos jurídicos (la primera frase, antes de cualquier indicio) ya contiene la conclusión:

«Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha [...] permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias.»[6]

Lo que sigue durante las siguientes cincuenta páginas no son los indicios de los que se deduce esa conclusión: son la ilustración de una conclusión ya tomada. La diferencia parece sutil y no lo es. Un instructor que concluye primero y busca después no está investigando: está sosteniendo una tesis. Y un juez que en 2021 y en 2024 colocó las pruebas antes que el veredicto sabe perfectamente cuál de las dos cosas está haciendo.

Segunda diferencia: el razonamiento que no se puede refutar

Hay en el auto una frase que, a mi juicio, es la más reveladora de todas. Al llegar al punto en que debe explicar en qué consiste exactamente el liderazgo de Zapatero sobre la supuesta trama, el instructor escribe:

«José Luis Rodríguez Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas.»[7]

Léase despacio, porque el mecanismo es notable. El auto reconoce que no hay prueba formal ni pública del liderazgo, y a continuación convierte esa misma ausencia de prueba en confirmación de la astucia del investigado: no aparece porque es lo bastante hábil para no aparecer. Es un razonamiento que se blinda contra cualquier refutación posible. Si no hay rastro, es porque el líder sabía borrarlo. Cuanto menos se encuentra, más se confirma la hipótesis.

Eso no es un indicio. Es lo que en lógica se llama una petición de principio: dar por probado lo que había que probar. Y no es el modo en que Calama trabaja en sus otros autos. En el de 2021, cuando describe al segundo de la organización, no deduce su papel de la ausencia de pruebas: lo ancla en sus cargos societarios concretos, en las órdenes que transmitió y en los atestados que las documentan. La ley penal exige precisamente eso, indicios plurales, concluyentes y razonados,[8] no la deducción de que alguien es culpable porque es demasiado listo para parecerlo. No soy el único que lo ha advertido: la misma observación la hizo, desde la lectura periodística, el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.[9]

Tercera diferencia: pruebas de otra causa

La tercera diferencia es la más fácil de medir, porque se cuenta. El caso Plus Ultra investiga si hubo tráfico de influencias en el rescate de una aerolínea. El caso Koldo es un procedimiento distinto, instruido por un tribunal distinto, el Tribunal Supremo. Son dos causas separadas.

En el auto de Zapatero, sin embargo, el caso Koldo aparece por todas partes. El nombre de Ábalos figura quince veces; el de Koldo, siete; hay referencias al «Delcygate» y una sección dedicada a un comisario cuya tarjeta de visita se encontró en las oficinas de Plus Ultra. Nada de esto se conecta causalmente con Zapatero ni con el rescate. Simplemente está ahí, mezclado con el objeto de la causa.

Para que se vea la magnitud de la anomalía, basta contar lo mismo en los otros dos autos:

En 2021, una trama con más de veinte investigados y siete sociedades: ninguna mención a causas ajenas. En 2024, la contabilidad del Banco Popular con todo el aparato del Banco Central Europeo: ninguna.[10] En 2026, un auto saturado de material de otro procedimiento. El mismo juez que durante años mantuvo herméticamente separados los objetos de sus causas, en esta los mezcla.

El indicio que no resiste una resta

A las tres diferencias de método se añade un problema que no es de estilo sino de aritmética. El indicio económico más concreto del auto, el que conectaría el dinero con la influencia, es un presunto pago al director del fondo público que gestionó el rescate. El rescate de Plus Ultra se aprobó el 9 de marzo de 2021. El director de ese fondo fue nombrado el 17 de agosto de 2021, cinco meses después.[11] No se puede influir sobre quien decide un rescate a través de alguien que aún no ocupaba el cargo cuando el rescate se decidió. La secuencia temporal, comprobable en registros públicos, invalida el indicio. El auto no la aborda.

Conviene recordar, además, que ese rescate ya había pasado por dos filtros que no encontraron irregularidad: el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.[12] No es terreno virgen: es una decisión administrativa examinada y avalada, sobre la que ahora se construye una hipótesis de organización criminal liderada por un expresidente.

La única pregunta que queda: ¿por qué?

Llegamos a lo esencial. Las tres diferencias no son interpretables: están en los documentos y se pueden verificar. Lo que sí admite interpretación es su causa. Caben, razonablemente, tres explicaciones, y conviene examinarlas sin descartar ninguna de antemano.

Explicación primera: la complejidad del caso

Podría pensarse que Plus Ultra es sencillamente más complicado y que eso explica las costuras. No se sostiene. El auto del Banco Popular es, técnicamente, mucho más complejo (contabilidad bancaria, normativa europea, estructuras en Luxemburgo) y es justamente el más cuidadoso de los tres. Si la complejidad produjera anomalías, el Banco Popular debería ser el peor, no el mejor. Es al revés.

Explicación segunda: la prisa

Calama recibió el caso por inhibición en marzo de 2026 y dictó el auto en mayo.[13] Dos meses para un asunto que llevaba años en otro juzgado. La prisa explicaría bien algunas cosas: tomar el informe policial y volcarlo sin depurarlo, lo que arrastraría el material del caso Koldo, anteponer la conclusión, no detectar la contradicción de fechas. Es la explicación más benévola y probablemente recoge una parte de verdad. Pero deja intacta una pregunta incómoda: ¿por qué un juez que en 2021 dedicó tres años a levantar un auto sólido sobre una trama equivalente se conformó esta vez con dos meses y un resultado mucho más débil, tratándose nada menos que de la primera imputación a un expresidente del Gobierno en democracia? La prisa, cuando es elegida, también es una decisión.

Explicación tercera: el momento

La tercera explicación no la afirmo; la dejo formulada, porque los hechos la hacen pertinente y ocultarla sería deshonesto. El auto se dicta en una semana muy concreta: la misma en que un informe de la Guardia Civil vacía de contenido el caso contra Begoña Gómez, la misma en que arranca en Badajoz un juicio donde la propia Fiscalía pide la absolución del hermano del presidente, los mismos días de un resultado electoral incómodo para la oposición. Que el auto más débil metodológicamente de los tres aparezca con ese encaje de calendario es un hecho. Que ese hecho pruebe una intención es algo que no afirmo y que, con la información pública disponible, nadie puede afirmar. Pero la coincidencia existe, y un análisis honesto la nombra en lugar de esconderla.

Lo que sí podemos exigir

La firma electrónica del juez convierte estas tres anomalías en responsabilidad suya, con independencia de cómo se redactara el documento o de qué herramientas se emplearan en su confección. Quien firma, responde. Y lo que ha firmado se aparta de su propio método en las tres dimensiones que distinguen una imputación fundada de una afirmación de culpabilidad anticipada.

No pido que se crea mi conclusión. Pido algo más modesto y más exigente: que cualquiera coja los tres autos (los dos de CENDOJ son públicos y el tercero ha circulado en la prensa) y los lea en paralelo. La diferencia salta a la vista en la primera página de los fundamentos de cada uno. A partir de ahí, la pregunta de por qué este auto no se parece a los suyos deja de ser una opinión y se convierte en lo que de verdad es: una cuestión que el instructor, o el tribunal que revise su decisión, tendrá que responder. Mientras tanto, la presunción de inocencia no es un tecnicismo que proteja a un expresidente: es lo que nos protege a todos de que la ausencia de pruebas pueda presentarse, algún día, como la prueba más concluyente.

"EL AUTO DE IMPUTACIÓN A ZAPATERO: UN TEXTO POLICIAL". Carlos López-Keller, elDiario.es

No solo es una cuestión de estilo: el auto del juez sumerge la descripción de hechos en un océano de insinuaciones y juicios de valor típicos, y al tiempo impropios, de un atestado policial. Ello otorga a la resolución un tono extrañamente apodíctico, insólito en un simple auto de imputación

Es curioso comprobar como los dos cambios fundamentales que han sacudido la tramitación de un proceso penal en los últimos treinta años, aligerando notablemente la labor de los jueces, han venido sin reformas legislativas de calado. Por un lado, en el ámbito del enjuiciamiento, la conformidad penal se ha generalizado, simplificando el trabajo de los juzgadores, a quienes las partes ofrecen el fallo ya pactado; por otro lado, en el ámbito de la instrucción penal, ya no asombra el dejar la investigación en manos de fuerzas policiales, lo que ha difuminado hasta el desconcierto la labor de la justicia.

Esto se advierte particularmente en la Audiencia Nacional donde, desde hace años, los jueces de instrucción han dejado de instruir, encargando a los cuerpos de seguridad, en alguna de sus siglas, que averigüen lo que ha pasado y le traigan la sentencia hecha. Parecerá sorprendente, pero hace no tanto tiempo la policía no existía en el proceso penal: era el juez el encargado de recabar los datos, decidir las pruebas y valorar su resultado. Ahora, sin ningún cambio en la ley, los jueces delegan en la policía no solo la función de buscar datos y aportarlos al procedimiento, sino también la labor de valorar tales datos y sacar conclusiones. El proceso se ha convertido así en un expediente vacío donde todos, desde el juez hasta los imputados, quedan a la espera de que la policía aporte sus conclusiones cocinadas extramuros.

Meditaba yo sobre estas cuestiones mientras me disponía a leer el auto de Calama con el ánimo encogido, con esa aprensión del espíritu de quien abre una novela triste que termina mal. Parecería que toda decepción es, por naturaleza, imprevisible; sin embargo, en este caso se me antoja predecible y, de tan obvia, me ronda antes de leer nada.

Según me interno por las páginas del auto, se confirman mis primeros temores: estamos ante un texto policial. Será un pálpito estilístico, si quieren, pero el tenor atrancado, quebrado y reiterativo del auto sugiere un origen en un corta y pega de previos relatos, de anteriores informes de los que se han seleccionado párrafos sin una estructura lineal ni ordenada; en un discurso inaprehensible, desfilan ante nosotros personas que no sabemos quiénes son ni qué hacen. No solo es una cuestión de estilo: el auto del juez sumerge la descripción de hechos en un océano de insinuaciones y juicios de valor típicos, y al tiempo impropios, de un atestado policial. Ello otorga a la resolución un tono extrañamente apodíctico, insólito en un simple auto de imputación.

Volviendo a su fortaleza, el señor se queja a su sirviente de lo largo que es el camino de regreso. “Dé gracias a que el camino sea largo”, le replica este, “si fuera más corto no llegaba al castillo”. Algo parecido le sucede al auto de Calama. A lo largo de páginas enteras intenta desgranar la “influencia en la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra”, pero el camino no llega al castillo. Lo que describe, con un detalle minucioso, son las gestiones de Julio Martínez, al mando de Análisis Relevante, en favor de Plus Ultra. En este capítulo, Zapatero no aparece: se habla de él, pero no consta ni una llamada, ni un correo, ni un mensaje que haya remitido o recibido. El auto asume, con cierto azoramiento, que habría ejercido un liderazgo que “no se manifiesta de forma formal o pública”, lo que parece extraño, porque la influencia consiste precisamente en dejarse ver, en actuar públicamente, en hacer valer su presencia para mover voluntades. Zapatero es un líder que no hace nada, que no se manifiesta; una especie de dios.

Sí que se describe que Análisis Relevante hizo bastantes cosas a favor de Plus Ultra en relación con la ayuda que pretendía: gestiones para presentar su petición, agendar reuniones, canalizar y hacer seguimiento de la solicitud, interesarse por la tramitación... Bien, nada de esto supone una influencia en la concesión.

Como recordarán los más veteranos, el tráfico de influencias entró en el Código Penal en 1991, a rebufo del escándalo de Juan Guerra, alentado por un legislativo que creía, como sigue creyendo hoy, que el respeto a la legalidad se garantiza aumentando la lista de conductas ilegales. Desde entonces, este delito ha ido buscando su acomodo a puros codazos con la actividad de ‘lobby’, actividad lícita y oscura, propia de quienes viven de monetizar su agenda de contactos. La línea divisoria entre una y otra actividad es delicada y fina, casi imperceptible pero necesaria, porque separa el delito de lo que no lo es.

Quizás el tajamar habría de colocarse en la influencia: hay delito cuando al resolver el funcionario está sucumbiendo a la influencia de un tercero; cuando el funcionario, con su decisión, está respondiendo a un favor que se le pide, aunque lo que se le pida sea legal. Siendo sinceros, esto no aparece por ninguna parte en el auto: ayudar a una empresa a que su petición tenga éxito no es delictivo. Por el contrario, el juez destacará que SEPI pidió más y más información, al menos en cinco ocasiones, a Plus Ultra, de quien se llega a decir que falseó los datos presentados y maquilló su situación patrimonial. Si la ayuda estaba concedida de antemano, ni la SEPI hubiera pedido tantas explicaciones ni Plus Ultra hubiera tenido que falsearlas.

Estas deficiencias argumentales se observan también respecto a las gestiones de Julio Martínez ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para que autorizaran unos vuelos a la aerolínea. No hay delito en pedir algo a la administración y que esta conceda lo pedido. Consciente de ello, el auto debe insinuar que Julio Martínez tenía una “posición de influencia” en el Mayor General presidente del INAC, pero no explica de dónde saca semejante conclusión.

Finalmente, la referencia a la constitución de unas sociedades en Dubai ya entra en el auto derrapando. No convendrá poner la mano en el fuego, que luego uno se tiene que comer sus palabras, pero el relato apunta a un conocido sesgo policial: cuando la sospecha es infundada pero muy golosa, no te resistas a plantearla. El indicio es este: un tipo le informa a Julio Martínez sobre cómo crear una sociedad en Dubai y la víspera Julio había comido con Zapatero, con reserva previa únicamente para dos personas. Debe haber algo que se me escapa porque, como indicio, es más que pobre.

El auto ofrece, en definitiva, poca chicha. Termina su argumentario con la relación de pagos a Zapatero y sus hijas, en un capítulo inexplicablemente breve del auto --no más de cinco páginas de las ochenta y cinco que tiene-- y confuso --la policía suele mezclar las cantidades facturadas con las recibidas, haciéndose un lío con el IVA--. Y es aquí donde encontramos la parte que nos convoca los sentimientos más encontrados. En una primera lectura, muestra una debilidad de enfoque: Zapatero no ha recibido ni un euro de Plus Ultra, y no hay prueba que vincule lo que cobró de Análisis Relevante con lo que esta sociedad recibió de aquella. Las cifras no cuadran en absoluto. De hecho, Zapatero ha cobrado de Análisis Relevante más dinero del que esta recibió de Plus Ultra. Nada relaciona los pagos a Zapatero con la aerolínea ni con gestiones a su favor.

El hecho de que estas transacciones no vengan vinculadas a Plus Ultra deja pendiente la explicación de su razón de ser. Y aquí viene la segunda lectura, ya más desconcertante porque, puesto el foco en esta cuestión, no nos sacamos de la cabeza un molesto ruido de fondo. De ser ciertas las cantidades expuestas en el auto, Zapatero y sus hijas habrían cobrado de Análisis Relevante mucho dinero, tal vez la mitad de todo lo facturado por esta empresa, demasiado como para desentenderse de sus vicisitudes y pretenderla completamente ajena.

En fin, en alguna de las llamadas interceptadas, alguien llama a Julio Martínez “lacayo” de Zapatero. Más que un lacayo, como he adelantado, aparece en el relato de Calama como el sacerdote de un dios que no se manifiesta. Es posible que, como hacen todos los sacerdotes, este hombre haya vendido falsas influencias. Tal vez Julio Martínez se anunciara en sus tarjetas como “amigo de Zapatero”, como Anton Schindler ponía en las suyas “amigo de Beethoven”, gracias a las cuales se le abrieron puertas y tendieron alfombras. Lo malo es que este dios ha cobrado del sacerdote, así que será una buena oportunidad para que aproveche el inmenso crédito moral que todavía posee en colmarnos de explicaciones, y nos aclare el contenido y destino de los trabajos que cobró.

Termino el auto decepcionado, como suponía, pero no rendido. La decepción es un tesoro precioso, un privilegio al alcance solo de los ingenuos. No dejemos de creer.

"Feijóo, a por el liderazgo de la ultraderecha". Rosa María Artal en elDiario.es

La campaña es por el liderazgo de la ultraderecha. Y de la trampa también, porque van estrechamente unidas. El PP, muy activo estos días en sus soflamas, ha tenido el valor de criticar hasta las medidas que la troika obligó a tomar a Zapatero cuando las secuelas del crack del 2008. Le conminaron a rebajar algunas de las mejoras sociales que había impuesto, en las pensiones por ejemplo. Cada vez que España sufre una crisis, el PP le da una puñalada trapera. La mundial del sistema financiero, del capitalismo, nos la hicieron pagar a los países del sur: Grecia, Portugal y España. Rajoy, lejos de ayudar a su país, pidió más caña. Al llegar al poder perpetró el rescate bancario a fondo perdido y enormes recortes al Estado del Bienestar. Nunca hay que olvidar que también van unidos la derecha extrema y los recortes sociales.