ÉCONOFAKES: Las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida. Juan Torres López

A pesar de su apariencia de verdad objetiva, científica e indiscutible, la economía está plagada de falsedades. Sus medias verdades o patentes mentiras, sin embargo, no se dicen por error ni por gusto, sino para causar un determinado efecto en quien las escucha. En nuestro tiempo, ese efecto es evidente: justificar y propiciar la mayor concentración de ingresos y riqueza en unas pocas manos y hacer que la gente se resigne al silencio mientras se restringen sus derechos y se le impone un modelo económico, además de injusto, ineficiente.

En este libro transparente y demoledor, el catedrático de Economía Aplicada Juan Torres desgrana las diez falsedades de la economía que más impacto tienen en nuestra forma de vivir y repartir la riqueza. En capítulos breves y analíticos, desmonta presunciones como que el problema básico de la economía sea la escasez, que el capitalismo sea un sistema económico basado en la competencia y el mercado libre, que el envejecimiento de la población hará impagables las pensiones, que es ineludible bajar los salarios para crear puestos de trabajo, que bajar los impuestos beneficia a todos y otros mantras en los que se sostiene nuestro sistema.

La economía basada en los postulados liberales, la dominante en nuestro tiempo, se nos presenta con un gran nivel de abstracción, formulada con alambicados desarrollos matemáticos que pretenden hacernos creer que su rigor científico es indiscutible. Pero lo cierto es que las conclusiones y propuestas que se derivan de ella chocan frontalmente con la realidad. Este libro lo demuestra con pasión y precisión.

LA GRAN RENUNCIA AL EMPLEO (MALO). Un artículo de Juan Torres Gómez publicado en Público.es el 15 de octubre de 2021

Un nuevo fantasma recorre el mundo, el fantasma de la renuncia de millones de trabajadores a seguir trabajando en las condiciones en las que estaban antes del confinamiento.

Los datos son indiscutibles.

En Estados Unidos, el informe de la Secretaría de Trabajo de hace un par de semanas señala que 4,3 millones de personas habían renunciado a sus empleos en agosto. Eso ha hecho que ya pase de 10 millones el número de empleos vacantes en todo el país, a pesar de que hay casi 8,5 millones de personas desempleadas.

En los 38 países que forman parte de la OCDE hay 20 millones de personas menos empleadas que antes del confinamiento y 14 millones ya han dejado de considerarse activas porque ni tienen empleo ni lo buscan. Y, en comparación con 2019, hay 3 millones más de jóvenes sin empleo, ni educación ni formación.

En China, Vietnam y otros países asiáticos también ocurre lo mismo, pues millones de personas que habían vuelto a sus aldeas cuando se produjo el confinamiento no han vuelto a sus empresas. Y en Europa, leemos diariamente noticias sobre la «escasez» de personas para ocupar puestos de trabajo en muchos sectores económicos.

En Alemania se calcula que hay unos 400.000 empleos vacantes, en Francia 300.000 y en España casi 120.000, un 88% de ellos en el sector servicios.

Las causas de este fenómeno global son variadas y no todas ellas se quieren poner sobre la mesa porque el fenómeno supone una especie de enmienda a la totalidad de lo que ha venido pasando en los mercados laborales y en la economía en general durante los últimos 40 años.

Quien quiera engañarse puede creer que el problema se debe a que hay desajustes temporales entre la oferta y la demanda de trabajo. Puede haberlos, sin duda, pero no los suficientes como para explicar toda la magnitud del problema.

Lo curioso, además, es que los mismos economistas liberales que defienden esta tesis (para no tener que enfrentarse a lo que voy a señalar inmediatamente) actúan con bastante incoherencia. Cuando hay paro dicen que se trata tan solo de un exceso de oferta que se resuelve automáticamente en el mercado laboral a poco que bajen los salarios. Pero, ahora que hay escasez de oferta, no dicen que suban los salarios para evitar el desequilibrio. Una muestra más del fraude intelectual y del engaño que hay detrás de las teorías liberales sobre la naturaleza del desempleo y su solución.

La realidad es que el modelo laboral del neoliberalismo ha generalizado no solo los salarios más bajos con la excusa permanente de que eso era imprescindible para crear empleo.

Al bajar la masa salarial han disminuido las ventas de las empresas y eso ha hecho que se genere menos actividad y empleo. Así se ha creado un ejército de parados que ha permitido que los salarios no suban y que las condiciones de trabajo empeoren sin cesar, en beneficio de las grandes empresas (no de todas, porque una gran parte se ve perjudicada por la caída de ventas y actividad que he señalado).

Eso explica que en los últimos años de dominio neoliberal se hayan generalizado condiciones de trabajo extenuantes en donde han florecido la ansiedad, el estrés, el agotamiento, el miedo, la frustración y la renuncia creciente a la vida familiar, la crianza y el bienestar en el más amplio sentido. Muy particularmente, en algunos sectores, grupos sociales o en el caso de las mujeres.

Durante los años 60 y 70 del siglo pasado la rotación en los empleos era alta. Quien se pudiera encontrar insatisfecho con su puesto de trabajo podía cambiar con la seguridad de encontrar otro, más o menos en las mismas condiciones. En los últimos 40 años, por el contrario, los trabajadores no han tenido apenas posibilidad de rotar, sencillamente, porque las posibilidades de encontrar algo mejor eran mínimas. Con sindicatos debilitados, con la negociación colectiva en entredicho y, sobre todo, con ese ejército de millones de personas necesitadas de emplearse allí donde fuese, se ha podido establecer un modelo laboral en el que o se aceptaba lo que ofrecía la empresa, o se perdía el empleo: en la cola había cientos de personas dispuestas a aceptar cualquier condición de trabajo. De ahí los falsos autónomos, los contratos sin horas determinadas, las horas extraordinarias no pagadas y el incumplimiento generalizado de las leyes laborales.

El confinamiento ha transformado la situación, tal y como lo ha descrito muy claramente la profesora de Harvard Tsedal Neeley, en un interesante libro publicado el pasado mes de abril (Remote Work Revolution: Succeeding From Anywhere): «Hemos cambiado. El trabajo ha cambiado. La forma en que pensamos sobre el tiempo y el espacio ha cambiado (…).

Las encuestas que se están realizando en muchos países muestran claramente que la pandemia ha abierto los ojos a millones de trabajadores en todo el mundo que ahora rechazan la situación laboral anterior y se replantean su vida y, en especial, las condiciones de trabajo. Un informe reciente de McKinsey & Co. afirma que una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos está pensando en cambiar de empleo o en dejar la actividad laboral debido al Covid-19.

En España, la mayoría de las grandes empresas, con mayor poder de negociación y sobre los mercados, han aprovechado la pandemia para intensificar las jornadas de trabajo y bajar salarios (a veces, hasta un 30% para los mismos puestos de trabajo que se contrataban antes del confinamiento) y el salario medio ha sufrido, no solo en España, una caída sin precedentes.

Por todo esto, es una ingenuidad y un error descomunal creer que lo que se está produciendo es una escasez de trabajo. Como escribía hace unos días Robert Reich, Secretario de Trabajo con Clinton (aquí), no es escasez de trabajo sino de salarios dignos, es escasez de cuidado de niños, de licencias por enfermedad pagadas y escasez de atención médica.

Es cierto que Reich se refiere a Estados Unidos y que en otros países, como el nuestro, aún no se está produciendo este fenómeno con la misma magnitud o por las mismas razones. Pero, donde allí se dice escasez de licencias por enfermedad pagadas o de atención médica, pongamos aquí jornadas interminables, salario de misera y falta de estímulos y autonomía personal.

Lo cierto es que, por primera vez en esas últimas décadas, los trabajadores de todo el mundo se están dando cuenta del poder que tienen frente a una gran clase empresarial que ha querido quedarse con todo, a costa de destruir la economía en su conjunto. Como dice Reich en el artículo que he citado, «se podría decir que los trabajadores han declarado una huelga general nacional no oficial hasta que obtengan mejores salarios y mejores condiciones laborales».

No va a haber más remedio que negociar, aceptar que las relaciones laborales deben mantener un imprescindible equilibrio y devolver derechos, salarios y condiciones de empleo dignos a las clases trabajadoras si no se quiere que la economía internacional entre en una nueva crisis de una magnitud y gravedad sin precedentes. Aunque no soy optimista. Se han acostumbrado a ganar tanto con toda facilidad que no será fácil que renuncien ni a uno solo de sus privilegios.

MESTIZAJE. Un artículo de Marco Schwartz publicado en elDiario.es el de octubre de 2021

El mestizaje no fue una virtud de la conquista de América, como pretenden algunos: fue el resultado de un proceso por lo general violento y se inscribió en un sistema clasista y racista de castas que de algún modo sigue presente en las sociedades latinoamericanas de hoy

Sigue coleando el debate sobre la conquista de América, y observo un empeño por atribuirle una virtud que la distinguiría de otros procesos colonizadores: el mestizaje. "Nosotros nos mezclamos, a diferencia de los ingleses en Norteamérica", claman con orgullo los defensores a ultranza del 'modelo español'. Alegan que la mezcla étnica era promovida por la propia Corona y citan como prueba la cédula real de 1514 que permitió a "españoles casarse con indias y a españolas con indios". A esta corriente se suman con frecuencia intelectuales pretendidamente equidistantes entre la leyenda negra y la leyenda rosa, que exaltan el mestizaje por su resultado –una maravillosa explosión racial y cultural, ahí estamos de acuerdo- sin entrar en consideraciones incómodas sobre la forma en que se llevó a cabo.

El mestizaje en América no fue una historia de amor. Fue por encima de todo el resultado de violaciones y de relaciones extraconyugales basadas en el poder indiscutido del conquistador, en las que la nativa era entregada por su padre o se ofrecía de modo voluntario –si es que se puede hablar de voluntad en esas circunstancias- a cambio de alguna forma de beneficio o protección. Si la Corona permitió tempranamente el matrimonio de españoles con indígenas, no fue porque creyera en las virtudes del mestizaje, sino por la necesidad de 'ordenar' la implantación de la religión católica y la hispanidad en un escenario de instintos desatados sin apenas mujeres españolas, que entonces no llegaban ni al 1% de los peninsulares desplazados a tierras americanas y que bien entrado el siglo XVII apenas representaban el 15%. En cualquier caso, la iniciativa del rey Fernando resultó un fracaso: un siglo después de la autorización de los matrimonios mixtos, el prestigioso jurista Solórzano de Pereira, oidor de la Real Audiencia de Lima, anotaba: "Los mestizos son bastardos (…). Lo más ordinario es que nacen de adulterio o de otros ilícitos y punibles ayuntamientos, porque pocos españoles de honra hay que se casan con indias o negras". Los matrimonios, o uniones de cualquier tipo, de españolas con indios eran mucho más excepcionales, pues la que osaba dar ese paso era objeto de oprobio y excluida sin contemplaciones de su círculo social.

Si tomamos la unión conyugal como indicador de la voluntad por solemnizar socialmente el mestizaje, el resultado es más que decepcionante. Los datos de parroquias revelan que, en el siglo XVIII, cuando se había normalizado la presencia de la mujer peninsular en América, la tasa de endogamia de los matrimonios de españoles era del 90% (lo que no significa que desaparecieran las relaciones extramaritales con nativas). Salvo en casos de matrimonios de conveniencia, casarse con una indígena representaba socialmente una degradación. En 1778, la Corona extendió a sus colonias la pragmática real sobre matrimonios, aprobada dos años antes en España para salvaguardar la "calidad" de la nobleza, especificando en el nuevo escenario la inconveniencia de las uniones con gentes de "sangre mezclada".

Quizá la mejor prueba de que el mestizaje no fue el ideal excelso que muchos quieren ver en el proceso de colonización la constituye el tratamiento social y legal que recibían los mestizos. La inmensa mayoría eran "bastardos" que vivían en la marginalidad. "Pocos ha habido en el Perú que se hayan casado con indias para legitimar los hijos naturales y que ellos heredasen", observó en sus Comentarios Reales el célebre humanista del siglo XVI Inca Garcilaso, hijo de un capitán español y una princesa inca. Él mismo fue un hijo ilegítimo -su padre optó por casarse con una española-, aunque tuvo el privilegio de recibir una educación exquisita y vivió la mayor parte de su vida en Córdoba junto a sus tíos paternos. Una cédula de 1576 prohibía a los mestizos ejercer como escribanos y notarios; otra, de 1678, les impedía acceder a las "facultades mayores", y así. Es cierto que, con el paso del tiempo, la propia dinámica y las debilidades del engranaje productivo colonial abrieron resquicios para la integración de muchos mestizos, pero no por ello dejaron de ser considerados una clase inferior, como lo evidencian las descripciones vejatorias que hacen de ellos numerosas crónicas de la época. El sistema racista y clasista de castas diseñado en América, inspirado en la vieja doctrina de la pureza de sangre, arraigó con tal fuerza que sigue de algún modo presente en las sociedades latinoamericanas de hoy, donde las tonalidades de la pigmentación de la piel juegan un importante papel selectivo en la vida cotidiana.

No sé si cabe hablar de conquistas mejores o peores, o si todas son equiparables en brutalidad, como sugería la profesora Selena Millares en un reciente artículo en El País al inscribir la "crueldad" de la conquista de América en "la crueldad de todas las conquistas y de todos los imperios de todos los tiempos". El emperador persa Ciro, el gran conquistador del siglo VI a. de C., tenía por política respetar las costumbres y religiones en los territorios que sometía. Acabó con la dinastía de Nabucodonosor, quien promovía las "mezclas" –cabe imaginar en qué condiciones- con las poblaciones subyugadas y les imponía sus dioses. Los judíos, que fueron súbditos de ambos reyes durante el largo exilio babilonio, prefirieron a Ciro, a quien siguen honrando hasta hoy en sus tradiciones. Cada pueblo juzga la historia por su experiencia. Por lo visto, los descendientes de los indígenas americanos –los del sur y los del norte- se niegan a celebrar lo que sucedió tras la llegada de los españoles y los ingleses. Algo similar ocurre con los descendientes de los esclavos negros. Sobre lo que piensan al respecto los mestizos, mulatos y zambos carezco de información. Una de las pocas cosas que tengo claras es que el "mestizaje" no fue una virtud de la conquista de la que quepa enorgullecerse, sino un fenómeno por lo general violento que ocurrió. De aquel proceso surgió una potente comunidad cultural y lingüística que deberíamos cultivar con esmero en vez de dinamitar con delirios imperiales. Pero eso es otro tema.

Las mentiras del PP sobre el impuesto de sucesiones. Un artículo de Juan Torres López publicado en elDiario.es el 12 de Marzo de 2017

Hace unos meses, cuando pasaba por delante del Ayuntamiento de Sevilla me abordó una señora que formaba parte de un grupo situado junto a un stand de propaganda del Partido Popular. Me pidió amablemente que firmara para "acabar" con el impuesto de sucesiones en Andalucía y cuando le dije que era imposible que se acabara con él solo en Andalucía, por la razón que señalaré más abajo, me siguió dando una serie de argumentos que fui rebatiendo lo más educadamente que pude. Cuando ya no tuvo ninguno adicional se limitó a decirme que había que suprimirlo porque "Susana es una ladrona que se queda con el dinero de los andaluces".

Ante semejante "argumento" decidí que era mejor no seguir y me alejé de uno de los muchos grupos de militantes del PP que han difundido en toda Andalucía una campaña magníficamente programada y muy eficaz contra el impuesto sobre sucesiones.

Digo que ha sido una campaña muy eficaz porque me consta que ha convencido a miles de personas de que el impuesto sobre sucesiones es injusto, muy elevado, que solo lo pagan la generalidad de las clases y medias y trabajadoras y, para colmo, que Andalucía es el único territorio en donde se utiliza "para robar" a la gente. Algo sorprendente si se tiene en cuenta que este impuesto es centenario, que existe desde hace muchos años en los países más avanzados del mundo y que siempre se ha considerado como uno de los instrumentos más efectivos de la historia para luchar contra los privilegios de cuna y para hacer que las sociedades sean más equitativas y las economías más eficientes. De hecho, el propio Partido Popular ha realizado varias reformas fiscales con mayoría absoluta y, a pesar de que podría haberlo eliminado o modificado, lo ha mantenido siempre.

Nadie puede censurar que un partido critique la política fiscal de un Gobierno y yo no tendría nada que objetar a esta campaña del PP (y de algunos de sus economistas de referencia) si no fuera porque está plagada de mentiras que deberían hacer enrojecer y sentir vergüenza de decirlas en una sociedad mínimamente culta y democrática y en la que se pidiera rendición de cuentas a los representantes políticos y a los personajes públicos.

Voy a señalar a continuación las mentiras más importantes y las que he podido comprobar que han servido para engañar a muchas personas de buena fe que no están al día de las leyes fiscales y de lo que de verdad ocurre con los impuestos. Y me voy a referir a las mentiras económicas, dejando a un lado las mucho más burdas y vergonzosas que el PP ha difundido a la hora de convocar los actos de protesta. Sirva de ejemplo la diferente redacción de la convocatoria de una manifestación que muestro en el recuadro de abajo y en el que, además de las mentiras económicas, se comprueba el impresionante ejercicio de demagogia que supone convocarla solo para protestar por el impuesto (en los grupos de personas de más alto nivel adquisitivo) o mezclando las churras del impuesto con las merinas del recibo de la luz (en los que están personas que se sabe tienen menor nivel económico).

Las mentiras del PP

- "El impuesto sobre sucesiones que hay en Andalucía es un impuesto antiguo que no existe en otros lugares".

Es falso. El impuesto existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo (OCDE).

- "El impuesto sobre sucesiones afecta a todos los andaluces".

Es falso. En 2016, solo 3 de cada 100 andaluces tuvieron que hacer la autodeclaración de este impuesto. Es decir, 255.009 personas de los 8,4 millones que residimos en Andalucía.

- "El impuesto sobre sucesiones "confisca como los impuestos de la Edad Media" la riqueza de los andaluces".

Es falso. En 2016, solo 2,2 andaluces de cada 1.000 tuvieron que pagar algo por este impuesto (19.136 de los 8,4 millones). Y de los que presentaron declaración solo pagó el 7,5%. Y serán muchos menos a partir de 2017 con la nueva reforma que ha elevado el mínimo exento. Hay que tener, por tanto, muy poca vergüenza para decir, como dijo el vicesecretario de Coordinación Política del PP-A, Toni Martín, que "Susana Díaz, a través de este impuesto, se está incautando de los frutos del trabajo de toda una vida de cientos de miles de andaluces" (aquí).

- "El impuesto sobre sucesiones obliga a que los hijos andaluces paguen por disponer de la riqueza de sus padres".

Es falso. En 2016, sólo 5.426 andaluces pagaron por heredar algo de sus padres. Es decir, solamente un andaluz de cada 1.500 pagó algo por recibir esa herencia, o uno de cada 47 declarantes (el 2,1%).

- "El impuesto sobre sucesiones lo pagan en Andalucía las clases medias y trabajadoras".

Es falso. Ya he dicho que en 2016 solo pagaron 19.136 personas. Las clases medias y trabajadoras son obviamente mucho más numerosos y, en su generalidad, no pagan por este impuesto. Lógicamente, puede haber personas de esa condición que tuvieran que pagarlo (en función de sus circunstancias personales, pero no puede decirse que las clases medias en su generalidad sean quienes cargan el impuesto sobre sus espaldas. ¿Qué familia de clase media con dos hijos, por ejemplo, tiene un patrimonio superior a un millón de euros que es más o menos el límite para empezar a pagar, a partir de 2017 en Andalucía?

- "Andalucía tiene un tipo 1.000 veces más alto que la Comunidad de Madrid".

Es falso. Madrid bonifica el 99% de la cuota para descendientes directos. En este caso sería de 100 veces. Lo que pagan los herederos más alejados no es más alto en Andalucía, pues se paga prácticamente igual en todas las comunidades autónomas.

- "Con herencias de más de 800.000 euros los hijos pierden casi toda la herencia de sus padres".

Es falso. Con la reforma andaluza que entró en vigor el 1 de enero de 2017, incluso si se tratara de una herencia de 1.000.000 de euros del padre o la madre de un matrimonio en régimen de gananciales y dos hijos, éstos dos no tendrían que pagar nada. Y, en todo caso, no se pierde, sino que se tributa por un considerable incremento en la riqueza.

- "El impuesto sobre sucesiones lo impone en su totalidad la Junta de Andalucía y debe eliminarlo".

Es falso. El impuesto es estatal y está cedido a las comunidades autónomas. Andalucía no podría eliminar nunca ese impuesto. Como dije antes, podría haberlo hecho el PP en todos los años en que ha tenido mayoría absoluta y no lo ha hecho. Como tampoco ha querido impedir que haya unas diferencias tan grandes y absurdas entre las comunidades autónomas: al revés, legisló de forma que se pudieran dar. Afirmar, como hace el PP en su página web, que "aboga por la eliminación del Impuesto de Sucesiones para que heredar no sea una ruina para las clases medias" (aquí) no solo es un acto de demagogia gigantesca (porque Andalucía no puede eliminar un impuesto estatal y porque cuando pudo eliminarlo el PP no lo ha eliminado) sino una mentira porque no lo pagan esos sectores sociales, como ya he señalado.

- "Entre 7.000 y 8.000 familias (40.000 al año) se mudan a Madrid para evitar el impuesto de sucesiones".

Es falso. Esa cifra que han popularizado los dirigentes del PP (aquí) es el doble de las personas que pagan el impuesto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2015, migraron a Madrid unos 12.500 andaluces (lógicamente no todas ellas por razones fiscales) y 8.000 de Madrid a Andalucía.

- "Las familias que no tienen liquidez en ese momento no pueden recibir la herencia de sus padres o familiares".

Es falso. La ley contempla plazos para poder vender la herencia. Es verdad que está ocurriendo a menudo que es difícil vender pero por causa de la crisis y no del impuesto.

- "El impuesto sobre sucesiones tan elevado en Andalucía es la causa de que muchos andaluces tengan que renunciar a la herencia de sus padres".

Es una media verdad. Es cierto que en Andalucía hay más renuncias que en otros lugares en términos proporcionales y eso es lógico si se paga más. Pero es completamente falso y contradice el sentido común que todas las renuncias se deban al tipo más alto: entonces en Madrid no habría renuncias y, sin embargo, en 2016 hubo allí 4.120.

Una causa fundamental (si no la principal) de renuncia a las herencias es que muchas van acompañadas de deudas elevadas (sobre todo hipotecarias) que a veces no se pueden soportar por los herederos. Y también, que la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria dificulta o incluso impide vender las propiedades. Prueba de ello es que, como acabo de decir, en Madrid (donde los descendientes directos no pagan nada) se produjeran en 2015, 4.120 renuncias, es decir, muy pocas menos que en Andalucía (6.829) si se comparan con la población total (6,4 renuncias por cada 10.000 madrileños y 8,12 por cada 10.000 andaluces). Y además es en cierta medida lógico que se produzcan más renuncias en Andalucía si se tiene en cuenta que su renta per capita (17.131 euros en 2015) es mucho más baja que la de la Comunidad de Madrid (31.691).

- Lo que se recauda por el impuesto sobre sucesiones se lo traga la Junta de Andalucía o "lo roba Susana".

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto o con otros, pero no se puede ocultar para qué sirve. En este caso, el impuesto sobre sucesiones lo cede el Estado para que las comunidades autónomas financien la sanidad, la educación y otros servicios públicos y a eso se dedica lo que se ingresa con él en Andalucía. Lo que precisamente ocurre es que las comunidades que tienen privilegios de financiación o son más ricas pueden permitirse renunciar a una parte de los ingresos que genera mientras que las que resultan perjudicadas (como Andalucía) han de forzar mucho más sus figuras tributarias propias.

- "El impuesto sobre sucesiones solo lo defienden las izquierdas".

Es falso. Afirmar eso es fruto de la mentira o de una total incultura económica y fiscal. Este impuesto ha sido siempre defendido por personas e investigadores de muy diferente ideología que simplemente tratan de evitar la concentración de la riqueza en porcentajes cada vez más pequeños de la población y de favorecer la meritocracia frente a los privilegios de cuna porque se sabe que las herencias han sido siempre una de las fuentes más importantes de la desigualdad de oportunidades. En los muchos países del mundo donde se aplica lo han establecido partidos y gobiernos de todas las corrientes políticas.

En 2001, 120 multimillonarios estadounidenses encabezados por Warren Buffet, Bill y Melinda Gates, varios miembros de la familia Rockefeller, George Soros y otros más hicieron pública una carta en la que decían: "Eliminar el impuesto sobre sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad, conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación... y dañará a las familias que a duras penas llegan a fin de mes" (la noticia aquí).

- "El impuesto sobre sucesiones obliga a pagar dos veces porque quien deja la herencia ya pagó a lo largo de su vida por lo que deja".

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto, pero decir que grava lo ya gravado anteriormente es totalmente incierto e incorrecto. Este impuesto grava un hecho que no ha sido gravado antes (la recepción de unos determinados bienes y el incremento de riqueza que supone en quien lo recibe) y a personas que, lógicamente, nunca antes habían pagado por la riqueza que ahora llega a sus manos (los herederos).

Esta afirmación es tan absurda como decir que no debe establecerse un impuesto como el IVA porque grava una renta con la que se compra algo que ya ha sido gravada antes (por el IRPF, por ejemplo).

- (La Junta de Andalucía) "valora un inmueble muy encima del valor de mercado".

Es falso. Esta idea que han difundido algunos economistas anarcocapitalistas como Daniel Lacalle (en un vídeo que puede verse aquí) no responde a la verdad. Es la ley (estatal y no andaluza) del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la que establece que los bienes inmuebles que son objeto de transmisión deben ser declarados por su valor real y la Ley General Tributaria determina los diversos criterios de valoración que se pueden utilizar. En Andalucía, y en otras comunidades, se utilizan los Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral (CMVC) que tienen gran rigor técnico y no pueden dar lugar a un valor superior al del mercado (salvo en algún caso verdaderamente excepcional) y que, precisamente para que eso no ocurra, disponen de un procedimiento de garantía bastante riguroso. Es fácil comprobar con números que lo que afirma Daniel Lacalle no sucede en la realidad.

- "El impuesto lleva a la ruina"."El impuesto lleva a la ruina".

Esta es una frase también de Daniel Lacalle en el mencionado video que es una falsa y disparatada exageración. Nadie puede arruinarse por una herencia puesto que siempre tendrá a su alcance la posibilidad de no aceptarla o de hacerlo a beneficio de inventario (es decir, sin poner en peligro su propio patrimonio).

- "Según el impuesto "a un hijo único de padres divorciados y de 15 años le valoran el piso en 300.000 euros y debe pagar 80.655 euros".

Este es un ejemplo que pone el economista Daniel Lacalle en el mismo vídeo para criticar el impuesto. Habría que conocer el caso concreto pero resulta absolutamente improbable por no decir imposible que eso haya ocurrido según las tarifas existente del impuesto. Actualmente, en una familia de dos hijos, el patrimonio tendría que ser mayor a 700.000 euros para estar bonificado. Y la prueba de que esos casos son minúsculos es que en 2016 solo hubo en Andalucía 459 casos (entre 8,4 millones de personas o entre los 255.009 declarantes) con una base imponible superior a los 800.000 euros.

- "La Junta de Andalucía se convierte en una enorme agencia inmobiliaria cuando los ciudadanos rechazan la herencia porque no pueden pagar el impuesto".

Esta nueva afirmación de Daniel Lacalle en el mismo vídeo es igualmente falsa porque los inmuebles que formaran parte de una herencia rechazada pasan al Gobierno central y no a la Junta de Andalucía.

- El impuesto sobre sucesiones "no tiene ningún efecto redistributivo ni de igualdad".

Esta es una idea que difunden los economistas ultraliberales (y concretamente Daniel Lacalle en el vídeo) para legitimar las políticas del Partido Popular engañando a la gente. Puede discutirse sobre si el impuesto tiene mucho o poco efecto redistributivo o si se da siempre o solo en determinadas circunstancias, pero afirmar que no tiene efecto ninguno es una exageración deshonesta porque está desmentida por docenas de estudios empíricos que pueden consultarse en cualquier publicación mínimamente especializada.

Un conocido informe sobre la reforma de la imposición directa encabezado por el Premio Nobel J. E. Meade, decía "el patrimonio heredado debe sufrir una mayor imposición tanto por razones de justicia como a causa del tema de los incentivos económicos. El ciudadano que por su esfuerzo y trabajo haya acumulado una fortuna merece un mejor tratamiento fiscal que el ciudadano que por la suerte de su nacimiento posee el mismo patrimonio; gravar al primero menos que al segundo crearán un obstáculo menor al esfuerzo y el trabajo". Y, a pesar de las deficiencias que pueda tener en su diseño actual, la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español nombrada en su día por el Partido Popular concluyó proponiendo "mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema".

- "La sociedad actual es más igualitaria y no necesita un impuesto como el de sucesiones".

Es falso. En Francia, por ejemplo, se está demostrando que las herencias tienen en Francia casi el mismo efecto sobre la desigualdad que en los tiempos de la revolución de 1789. Y en ese país, no muy diferente al nuestro, la desigualdad por razones de patrimonio es mucho mayor que la de renta: la renta que acumulan el 10% de las familias más ricas es 4,6 veces mayor que las rentas del 10% de menos ingreso, pero el patrimonio de las primeras es 139 veces mayor. Y también está ocurriendo que las personas de más edad acumulan cada vez más patrimonio (en Francia, las personas que están en los treinta años tienen en 2014 3,5 veces menos patrimonio del que tenían en 1986, y eso en parte se debe a que se hereda mucho más tarde que antes (Alternatives Economiques, nº 366, p. 27).

Es lamentable que un partido con tanta responsabilidad como el Partido Popular lleve a cabo una campaña política basada en mentiras y en engañar a la población con un propósito que no puede ser otro que el de dinamitar a un Gobierno al que no puede vencer con los votos. No es un juicio de intenciones por mi parte, sino la pura realidad: si el PP de verdad quisiera que no hubiera impuesto sobre sucesiones lo habría eliminado al gobernar con mayoría absoluta. ¿A qué viene, entonces, mentir ahora de esta manera?

Incluso la crítica que se hace a Andalucía no es justa. No es verdad que la Junta de Andalucía haya subido el tipo del impuesto, sino que el gobierno de la comunidad mucho más rica como la de Madrid lo bonificó, como he dicho, casi al 100% en su territorio.

Las necesarias reformas del impuesto

¿Es necesario que haya un impuesto sobre las sucesiones? Como he explicado en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, no hay una respuesta objetiva a esa pregunta: depende de las preferencias de cada persona y por eso lo deseable es que haya suficiente y auténtica democracia para que la sociedad en su conjunto pueda decidir con libertad lo mejor para todos. Y por eso no se puede aceptar que unos u otros impongan su preferencia individual o de grupo al resto de la sociedad. Y menos, a base de mentiras.

Pero, con independencia de ello y de señalar las mentiras del PP y de algunos economistas de ideología ultraliberal y anarco-capitalista que se han puesto de moda en los últimos años para legitimar sus políticas, no se puede olvidar que, efectivamente, el impuesto sobre sucesiones en España tiene algunas deficiencias importantes que habría que corregir. Una cosa es que se acepte que exista un determinado impuesto y otro que no se diseñe adecuadamente para cumplir los fines que la sociedad le encomiende.

La más evidente, sin duda, es su falta de armonización en las diferentes comunidades autónomas que lleva a producir desigualdades injustificables y aberrantes. Una barbaridad que se podría evitar muy fácilmente.

En segundo lugar, algunos problemas a la hora de valorar las herencias o de aplicar reducciones, unas veces demasiado prolijas y otras excesivamente generales, que pueden dar lugar a situaciones de inequidad.

En tercer lugar, una consideración más cercana a la realidad de los nuevos modelos de familias y a las condiciones reales de las personas, en las que no siempre coincide la posibilidad de disponer de un patrimonio relativamente importante con suficiente liquidez (algo, por cierto, que está ocurriendo en gran parte por culpa de las políticas neoliberales del PP que hacen que las nuevas generaciones vivan peor que las de sus padres).

En cuarto lugar, la inequidad que puede producir el "salto" cuando se superan los límites establecidos.

Por último, algunas deficiencias relativas a la transmisión de negocios familiares que pueden verse en peligro si no se ajusta bien el tratamiento fiscal y si no se dan facilidades para que se mantenga en las mejores condiciones posibles la actividad productiva.

Sin embargo, ninguna de ellas justifica la campaña a base de mentiras y claramente demagógica (porque estuvo en su mano resolver lo que critica) que viene orquestando el Partido Popular, especialmente en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. No conviene engañarse: lo que hay detrás de estas es la estrategia de desmantelamiento de las estructuras del bienestar (sanidad, educación, pensiones públicas) que el PP ya ha puesto en marcha en comunidades donde gobierna o ha gobernado, como la valenciana o la de Madrid.

Las derechas económicas saben perfectamente que esos servicios públicos son muy queridos y necesitados por la población e incluso por sus propios votantes. Por eso no proponen directamente su sustitución por los negocios privados (cuyas desventajas siempre ocultan) sino que llevan a cabo una estrategia inteligente pero taimada: ir dejándolos poco a poco sin financiación (sobre todo reduciendo impuestos que alivian la carga de las grandes fortunas y empresas) para que funcionen peor y, cuando esto va ocurriendo, salir a la calle a decir que funcionan mal por culpa.... no por culpa de sus propias decisiones sino ¡de quienes los defienden!

LOS TONTOS RACIONALES: UNA CRÍTICA DE LOS FUNDAMENTOS CONDUCTISTAS DE LA TEORIA ECONÓMICA, un ensayo del Premio Nóbel de Economía Amartya Sen

En su Mathematical Psychics, publicado en 1881, afirmaba Edgeworth que "el primer principio de la Economía es que cada agente está movido sólo por su propio interés”. Esta concepción del hombre ha sido persistente en los modelos económicos, y la naturaleza de la teoría económica parece haberse visto muy influida por esta premisa básica. En este ensayo me gustaría examinar algunos de los problemas surgidos de esta concepción de los seres humanos.

Mencionaré que el propio Edgeworth estaba bien consciente de que su primer principio de la economía no era particularmente realista. En efecto, creía que “el hombre concreto del siglo xix era en su mayor parte un egoísta impuro, un utilitarista mixto”. Esto plantea el interesante enigma de la razón de que Edgeworth dedicara tanto tiempo y talento a desarrollar una línea de investigación cuyo primer principio consideraba falso. No se trata de saber por qué deban emplearse abstracciones en la investigación de las cuestiones económicas generales -la naturaleza de la investigación hace que esto sea inevitable-, sino por qué habremos de escoger un supuesto que no sólo consideramos incorrecto en detalle sino fundamentalmente equivocado. Como podremos observar esta cuestión tiene un interés continuo también para la economía moderna.

Por lo que toca a Edgeworth, una parte de la respuesta residía sin duda alguna en el hecho de que no consideraba fundamentalmente errado el supuesto en los tipos de actividades particulares a los que aplicaba lo que llamó el “cálculo económico”: i) la guerra y ii) el contrato. "Admitiendo que existe en las partes superiores de la naturaleza humana una tendencia hacia las instituciones utilitarias y un aprecio por tales instituciones”, se planteó este interrogante retórico: "podríamos suponer seriamente que estas consideraciones morales son aplicables a la guerra y el comercio, que podrían erradicar el núcleo incontrolado del egoísmo humano, o ejercer una fuerza apreciable por comparación con el impulso del interés propio”. En su opinión, Sidgwick había despejado la "ilusión” de que "el interés de todos es el interés de cada uno”, ya que descubrió que “los dos principios supremos –Egoísmo y Utilitarismo," son "irreconciliables, a no ser por la acción de la religión”. "Lejos está del espíritu de la filosofía del placer la subestimación de la importancia de la religión", escribió Edgeworth, "pero en la investigación actual, y tratándose de los elementos inferiores de la naturaleza humana, debemos tratar de buscar una transición más obvia, un pasaje más terrenal, a partir del principio del interés propio, para llegar al principio, o por lo menos la práctica, del utilitarismo”. CONTINUAR LEYENDO

Pablo Casado y el Partido Popular también mienten a los españoles en materia económica, un artículo de Juan Torres López (19 Mar 2019)

Decir que Pablo Casado miente habitualmente no es un insulto sino la expresión de un hecho cierto y objetivo que ha quedado demostrado en muchas ocasiones. Se pueden encontrar pruebas fehacientes de ello aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí o aquí, entre otros sitios.

En estas líneas voy a mostrar que Pablo Casado y el Partido Popular no sólo mienten cuando se refieren a cuestiones de política general sino también cuando le hacen a los españoles propuestas de política económica.

En concreto, voy señalar rápidamente que es falsa una de las ideas que están vendiendo últimamente: que eliminar o bajar impuestos aumenta automáticamente los ingresos fiscales, que crea puestos de trabajo y que hacerlo es indiscutiblemente bueno para la economía en general y para todas las empresas y personas en general.

No es verdad que bajar impuestos aumente necesariamente los ingresos fiscales.

Esta idea que ahora defiende el Partido Popular es muy antigua pero se popularizó en los años ochenta cuando Ronal Reagan y otros políticos neoliberales utilizaron el razonamiento de un economista llamado Arthur Laffer.

Su planteamiento es el siguiente: si los impuestos suben por encima de un determinado nivel, un contribuyente racional rechazará seguir trabajando y eso reducirá los ingresos fiscales provenientes de sus rentas o, en el caso de una empresa, soportará costes tan elevados que no obtendrán beneficios y dejarán de producir, reduciéndose también así los ingresos que antes pagaban al fisco. A la inversa, si los impuestos bajan en lugar de subir, podría haber más oferta de trabajo y más producción que aumentarán los ingresos fiscales.

De entrada es obvio, por tanto, que la idea de Laffer sólo se cumpliría a partir de un determina nivel de tasa impositiva y no siempre (por eso se habla, precisamente, de «la curva» de Laffer, porque él mismo supone que los ingresos suben al principio y comienzan a bajar a partir de un determinado nivel). Por tanto, no es verdad que bajar impuestos suponga SIEMPRE Y CON SEGURIDAD un aumento de ingresos fiscales.

Diversos estudios han demostrado las inconsistencias, errores estadísticos y contradicciones de los estudios que pretenden demostrar que bajar o eliminar impuestos sobre la renta, el patrimonio o las herencias ayuda al crecimiento o mejora el estado general de la economía, bien porque no tienen en cuenta factores relevantes, porque realiza mal las regresiones o porque simplifica excesivamente las hipótesis. Por ejemplo, aquí, aquí o aquí.

Pero incluso dando por buena la existencia de relación entre tasas impositivas e ingresos fiscales (que la hay por definición, aunque otra cosa es que sea como dicen los liberales) la idea que defiende Pablo Casado y el PP sólo sería cierta si se demuestra antes que en la economía española hay un nivel de tasa impositiva en el que eso ocurre. Y resulta que es imposible determinar con completa exactitud cuál es el nivel de esa tasa impositiva a partir del cual disminuyen los ingresos fiscales, no sólo en España sino en cualquier otro país (entre otras cosas, porque la idea de Laffer se basa en el comportamiento individual y aceptar que hay una curva para toda la economía supone asumir hipótesis difíciles de aceptar).

Para que fuese cierta la propuesta de Casado tendría que ocurrir que todos los contribuyentes españoles, tomados como un todo homogéneo, se encontraran en la parte descendente de la curva de Laffer. Pero ¿y si estuviésemos en la parte ascendente de la curva de Laffer (como señalaba, por ejemplo, este informe)? Si la cruva de Laffer fuera cierta y estuviésemos en esta última situación, y Casado no ha demostrado que no lo estemos, lo que tendría que proponer él y su partido sería ¡SUBIR IMPUESTOS!!!

En Estados Unidos, por ejemplo, se ha demostrado que la tasa impositiva que optimizaría los ingresos fiscales es del 73%, lo que significa que allí se podrían casi duplicar las tasas sin poner en peligro el crecimiento económico (aquí).

Algún estudio teórico para España demuestra que si se acepta que en España funciona la curva de Laffer el tipo impositivo medio que se debería aplicar sería del 45% (aquí). Por tanto, Pablo Casadodebería señalar si esa es la tasa que desea imponer en España o cuál entonces y por qué. Y, en todo caso, habría que señalar que la relación entre ingresos fiscales y tasas impositivas cambia mucho a lo largo de los años, de modo que también es mentira que la propuesta de Casado vaya a ser buena en cualquier momento.

Además, también se ha demostrado que las tasas impositivas no determinan por sí solas los ingresos fiscales sino que éstos dependen también y sobre todo de otros factores aquí.

Así se ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos. Allí, los ingresos fiscales como porcentaje del PIB se han mantenido en un intervalo bastante estrecho desde el final de la II guerra mundial, entre el 15 y el 20 por ciento del PIB (aquí), mientras que las tasas impositivas variaron del 28 al 92 por ciento (aquí). Lo que indica que no hay la relación entra ambas cosas en que se basa la propuesta anti impuestos del Partido Popular.

Por otro lado, en los últimos años es fácil comprobar que los ingresos fiscales estructurales en porcentaje del PIB en España (los que ya descuentan el efecto del ciclo económico) han aumentado cuando han aumentado los impuestos (en 2010 y 2012 con Zapatero y Rajoy) y han disminuido cuando han bajado los impuestos (2015 y 2016).

Quizá la mejor prueba de que bajar impuestos no aumenta automáticamente los ingresos fiscales es que su valedor más destacado, Ronald Reagan, duplicó el déficit presupuestario y triplicó la deuda pública de Estados Unidos durante su mandato, cuando aplicó la tesis que ahora defiende Casado después de haber asegurado que lo hacía para disminuirlos (aquí). Y hay que señalar, además, que Reagan no bajó todos los impuestos sino los que recaían sobre beneficios y grandes empresas, que es lo que ocurre siempre que los liberales realizan reformas fiscales asegurando que bajan todos los impuestos: se los bajan sólo a los más ricos. Un resumen de los errores de predicción de todo tipo de los republicanos que en Estados Unidos defienden que bajar impuestos es lo mejor, tal y como ahora quiere hacer Casado en España, aquí.

No es verdad que bajar impuestos cree necesariamente empleos

Tampoco hay datos empíricos que permitan demostrar que simplemente bajando impuestos, como dice Casado, se creen automáticamente empleos. De hecho, puede ocurrir todo lo contrario.

Se podría aceptar que con impuestos más bajos las empresas tendrán menos costes y que eso les permitiría producir más, contratando más empleo para ello. Pero es obvio que eso no tiene por qué ocurrir necesariamente. No contratarían necesariamente más, por ejemplo, si al mismo tiempo que bajaran los impuestos subieran los salarios u otros costes. Y podría ocurrir que, al bajar los impuestos y tener que reducirse al mismo tiempo el gasto público, las empresas y los hogares tuvieran que gastar más que antes en determinados bienes o servicios antes públicos, lo que haría que tuvieran menos recursos para la demanda de inversión o de consumo. Y, además, tampoco es seguro que menos costes para las empresas se traduzca en más inversión, y ni siquiera que más inversión después de menos costes fiscales lleve consigo más empleo.

Para defender esta proposición se ha hecho muy popular en Estados Unidos un estudio de Laffer que supuestamente demostraba que el 62% de todo el empleo nuevo en Estados Unidos de 2002 a 2012 se había generado en los nueve estados que no tienen impuesto sobre la renta. Pero se ha demostrado claramente (aquí) que esa idea está manipulada: el 70% de ese incremento corresponde sólo a Texas, que es un estado con condiciones muy especiales y, además, que no ha mantenido ese patrón en los últimos 50 años (cuando ha estado sin impuesto y no ha tenido ni mucho menos esos resultados de empleo).

La falsedad de la propuesta de Casado también se demuestra si se considera que los países de la OCDE que tienen los tipos impositivos más elevados no son precisamente los que tienen las tasas de paro más altas sino todo lo contrario (aquí).

Bajar impuestos aumenta la deuda u obliga a reducir gasto público y, en ese caso, hay que decir qué se va a recortar

Casado y el PP engañan a la gente cuando le dicen que se van a bajar impuestos sin necesidad de reducir gasto público.

Los liberales sensatos y coherentes proponen reducir impuestos porque creen que eso es bueno pero, al mismo tiempo, señalan qué gastos públicos reducirían y en qué cantidad porque no se creen las ilusiones que defiende Casado.

No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Lo que hay detrás de las propuestas de reducir o eliminar los impuestos es reducir la provisión pública ciertos bienes públicos, aunque no todos, sino sólo los que privatizados proporcionan beneficios privados.

Lo honrado, por lo tanto, es que la propuesta de bajar impuestos que hace Casado venga acompañada de la mención al recorte de gastos complementarios que se va a realizar y del efecto que eso tendrá sobre los precios, sobre la eficiencia, sobre la deuda y sobre el benestar de las personas.

Bajar impuestos no mejora el bienestar general ni el rendimiento general de la economía

La verdad es que no es fácil disponer de evidencias empíricas que demuestren los efectos reales de las subidas o bajadas de impuestos sobre el conjunto de la economía, precisamente por lo que vengo diciendo: porque los ingresos fiscales, la deuda, el empleo… y el bienestar en general, dependen de muchas más variables. Por eso es una falsedad decir que simplemente con reducirlos se consiguen efectos positivos para el conjunto de la economía, o que eso es bueno «para todos». Pero sí hay análisis que han demostrado que eliminar o reducir impuestos no es necesariamente mejor que mantenerlos más elevados. Estados Unidos es un territorio muy útil para hacer este tipo de análisis empíricos y allí se ha demostrado que la economía de los estados con tasas impositivas más elevadas funcionan mejor que la de aquellos que las tienen más bajas: aquí.

Y también sabemos con certeza que, en contra de lo que dice Casado, tener un sistema fiscal con altos tipos impositivos es justamente lo que caracteriza a los países (Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Japón, Suiza, Noruega, Francia… ) que tienen el PIB per cápita más elevado (aquí)

¿Qué cabe esperar si se aplicara la fórmula de Pablo Casado a la economía española?

En España ya se han hecho reformas fiscales para bajar impuestos y sabemos perfectamente lo que han traido consigo generalmente: menos equidad y ninguna rebaja sustancial del déficit y de la deuda. Es decir, ayudas encubiertas para los perceptores de rentas elevadas y mayor déficit social.

Lo único que se puede esperar de la propuesta de Pablo Casado es lo mismo que ocurrió en los Estados Unidos de Reagan: más déficit público y más deuda. Justo lo que desea la banca para ganar dinero financiando al Estado a cuenta del sacrificio de las personas corrientes y de las empresas que crean riqueza y empleo.

Hay que defender que el gasto público sea el adecuado y que no se derrochen recursos. No hay nada gratis y estamos sobrecargando a la naturaleza hasta niveles letales. Hay que defender la austeridad pública en el mejor y auténtico sentido del término (y no en el tergiversado de los últimos años). Hay que combatir y tratar de reducir la deuda que es una esclavitud impuesta por la banca al resto de la sociedad y que paraliza las economías y las lleva a crisis recurrentes. Hay que crear las mejores condiciones posibles para que las empresas creen puestos de trabajo. Pero nada de eso tiene que ver con las fabulaciones de los anarquistas de extrema derecha como Pablo Casado. Lo que quieren en realidad es acabar con los bienes y servicio públicos porque no creen en el Estado o, mejor dicho, que sólo creen en un Estado que puedan patrimonializar para hacer con él lo que quieran a favor de los grandes intereses económicos, como ha hecho el Partido Popular en las comunidades autónomas donde ha gobernado. Están en su derecho. Pero no en el de engañar a la gente a base de mentiras o, en el mejor de los casos, medias verdades.

Las mentiras y burradas económicas de Pablo Casado son incompatibles con la democracia, un artículo de Juan Torres López (30 Mar 2019)

En un artículo anterior mencioné algunas de las mentiras recientes del secretario general del Partido Popular y, en concreto, las que tenían que ver con su propuesta de bajar o eliminar impuestos (aquí). Y otros economistas han hecho más o menos lo mismo.

Pero no sirve de nada. Casado es un mentiroso compulsivo, alguien a quien no le importa inventarse datos para tratar de descalificar a sus adversarios, a veces, llegando a decir auténticas burradas, como la que voy a comentar enseguida.

Hace unos días, hizo en Vitoria una serie de afirmaciones (tal y como puede verse en un video pinchando aquí) que son completamente falsas, sin relación alguna con la realidad.

– Dijo Casado: “La inversión ha caído un tercio en España, 13.000 millones menos de inversión internacional”. Y Casado miente:

Esos 13.000 millones son la diferencia entre el segundo y el tercer trimestre de este año pero esa cifra se debe a que en el segundo trimestre de 2018 se registró una entrada extraordinaria de inversión extranjera de más de 20.000 millones de euros, pues una sola empresa recibió más de 14.000 millones ella sola.

La verdad de la inversión extranjera es otra. Según los datos del Banco de España, su nivel ahora es el más alto desde 2008: la inversión extranjera directa aumentó desde los 6.700 millones registrados en 2017 hasta los 38.20 millones en 2018. La inversión extranjera de cartera ha caído desde los 60.400 millones hasta los 36.800 millones en ese periodo pero este tipo de inversión es la puramente financiera y más volátil. Datos del Banco de España aquí.

– Dijo Casado: “El índice de producción industrial se ha desplomado un 10 por ciento”. Y Casado miente:

En enero de 2019 (último mes del que hay datos) el índice de producción industrial había aumentado un 2,4 puntos porcentuales respecto al año anterior.El índice general era del 105,313 en enero de 2018 y en enero de 2019 el 107,166. Los datos del Instituto Nacional de Estadística aquí y aquí.

– Dijo Casado: “El consumo de los hogares se ha desplomado un 37 por ciento”. Y Casado miente y además dice una auténtica burrada:

El consumo de los hogares en el cuarto trimestre de 2017 fue de 170.097 millones, y en el último trimestre de 2018 (últimos datos de la Contabilidad Nacional) 176.590 millones. Datos del Instituto Nacional de Estadística aquí.

Lo que ha dicho Casado sobre la caída del consumo de los hogares no es sólo una mentira sino una auténtica burrada porque tendría que darse una guerra o algo peor para que se diera una caída de esa magnitud.

– Dijo Casado: “El sector de la construcción ha caído un 25 por ciento”. Y Casado miente:

El valor añadido bruto de este sector en el último trimestre de 2017 fue de 16.804 millones, en el segundo trimestre de 2018 de 17.604 millones y en el último de 2018 (últimos datos disponibles) de 18.390 millones. Datos del Instituto Nacional de Estadística aquí.

– Dijo Casado: “El consumo de bienes de equipo cayó un 2 por ciento”. Y Casado miente:

Sin saber a qué concepto se refiere exactamente no se puede verificar lo que dice, pero ese porcentaje del 2% sólo podría referirse (por aproximación) a la variación en la inversión en bienes intermedios (no exactamente bienes de equipo en su totalidad). La inversión en la totalidad de bienes de equipo ha caído un 1,7% en el último trimestre de 2018 pero ha aumentado un 4,8% en todo el año. Datos del Instituto Nacional de Estadística aquí o aquí.

– Dijo Casado: “Cuando llegaba al gobierno el Partido Socialista se creaban en España 7900 empleos diarios y ahora se destruyen en España 6.800 empleos al día”. Y miente Casado porque manipula las cifras:

Como ha demostrado Daniel Fuentes (aquí) esos datos de Casado resultan de comparar los empleos que se crearon en un mes (mayo) que siempre es de mayor creación de empleo con la de otro mes (enero) que siempre es muy malo y tiene un día más.

Si se acude a la Encuesta de Población Activa se comprueba que en el IV trimestre de 2017 había 18,998 millones de personas ocupadas, en el segundo trimestre de 2018 19,344 millones y en el último de 2018 19,546 millones, es decir, 548.000 empleos más que hace un año (Datos del Instituto Nacional de Estadística aquí).

– Dijo Casado refiriéndose a sus propias declaraciones: “Aquí no hay trampa ni cartón”.

Y Casado miente hasta en la retórica: Sí que hay trampa en sus palabras, en sus datos y en sus afirmaciones.

Pablo Casado es un mentiroso y un tramposo que se inventa las cifras para engañar a los españoles.

Me pregunto si una sociedad democrática y avanzada puede serlo realmente si permite que sus líderes actúen así. No estoy hablando de la opinión de Casado, que puede ser cualquiera y cuya expresión debe estar siempre garantizada, sea cual sea. No. Estoy hablando de mentiras, de un hecho objetivo consistente en dar como cierto lo que es manifiestamente falso con el evidente propósito de tergiversar así la conciencia y la opinión de millones de personas.

Yo creo que la democracia debe basarse en la deliberación y que ésta requiere la confianza, la información transparente y no manipulada para que no se altere la percepción real de las cosas, y la rendición de cuentas. Por eso creo que la mentira como sistema que practica Casado es incompatible con la democracia, que atenta contra ella y que habría que garantizar que la población conozca la falsedad que hay detrás de sus palabras. Pero no sólo en el momento electoral, cuando se supone que la ciudadanía «sanciona» o premia con su voto a los políticos, porque lo que precisamente persigue la mentira como estrategia es que a ese momento se llegue con un sesgo brutal del conocimiento que condicione el voto a favor de quien miente. Una sociedad avanzada como la nuestra en la que la información se transmite de modo tan decisivo y es tan determinante de todas las decisiones necesita garantizar el derecho a disponer de información veraz. Los juristas nos podrán decir cómo, pero me parece que la cuestión es ineludible y cada día más inaplazable.

Bocazas, mentirosos e irresponsables: ¡Vaya tropa! Un artículo de Juan Torres López publicado en Público.es el 15 de octubre de 2021

Dice el diccionario de la Real Academia que un bocazas es la persona que habla más de lo que aconseja la discreción. Y que la discreción es la sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar; el don de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad, reserva, prudencia y circunspección.

Siendo así, no creo exagerado afirmar que los líderes de la derecha española son unos bocazas. Y muy en particular, el secretario general del Partido Popular, Pablo Casado. Este último combina dos rasgos que, exagerados como en su caso, pueden dar lugar a defectos superlativos: hablar demasiado y, con mucha frecuencia, hacerlo de lo que no se sabe. En el caso de Casado, quizá porque tiene un grave déficit de formación como consecuencia de que el vértigo con el que cursó la carrera de Derecho no le permitió dedicar mucho tiempo al estudio.

A menudo, confunde la geografía y la cultura españolas, como al decir que iba a Gipuzkoa a visitar Getxo, que Melilla es la la «única ciudad española y europea en África» o que «en Baleares no habláis catalán», ni nadie el bable en Asturias

Su falta de tacto y de juicio en materia jurídica son bien conocidas. En una ocasión propuso que «la okupación ilegal de un inmueble pase de tener una sanción de falta a ser considerado delito, con penas previstas de prisión de 1 a 3 años». Algo inaudito porque, como le recordaron varios juristas por entonces, las faltas no existen desde 2015, la usurpación es considerada delito leve y el Código penal ya establece penas de prisión para las ocupaciones violentas.

También ha sido a veces imprudente e insensato por haber hablado más de la cuenta y mal sobre cuestiones económicas que obviamente desconoce. Hace unas semanas proponía la rebaja del IVA en Canarias, una comunidad autónoma donde no se aplica este impuesto; y en su primera campaña electoral propuso bajar el salario mínimo para negarlo enseguida, en cuanto su equipo de dio cuenta de la barbaridad que estaba proponiendo.

Y, como no podía ser menos, Casado es bocazas en materia de derechos y libertades. En mayo pasado declaró: «Los políticos no tenemos que intervenir en la vida de los demás. Yo no puedo decir: “la gente tiene que dejar de comer carne” o “comprar menos ropa”. Le tuvo que contestar el Presidente del Principado de Asturias: «Bien. ¿Y entonces por qué tenemos los políticos que prohibir que la gente se divorcie? ¿O prohibir que una persona se case con otra de su mismo sexo? ¿O prohibir que las personas puedan morir dignamente? ¿Por qué entonces el señor Casado se opone siempre a los derechos?»

En otra ocasiones, como suele pasar a todos los bocazas, a Pablo Casado le pueden la hipérbole y la desmesura, como cuando dijo en 2018 que «la hispanidad es la etapa mas brillante no de España sino del hombre». O cuando fue capaz de lanzar contra Pedro Sánchez los 37 insultos en 15 minutos que Adriana Lastra le contabilizó durante una intervención en la tribuna del Congreso (aquí). O cuando alcanzó la otra estratosférica marca de 21 improperios dedicados a Pedro Sánchez en menos de 10 minutos (aquí). Lo calificó de Ilegítimo, chantajeado, deslegitimado, mentiroso compulsivo, ridículo, adalid de la ruptura en España, irresponsable, incapaz, desleal, catástrofe, ególatra, chovinista del poder, rehén, escarnio para España, incompetente, mediocre, okupa. Todo lo cual, dijo días después Casado, «no son descalificaciones, son descripciones» (aquí).

Prueba de que el secretario general del Partido Popular es un bocazas es que casi nunca es circunspecto y, sobre todo, que él mismo termina por reconocerlo, mal que le pese, como hizo después de haber llamado felón y traidor al presidente Pedro Sánchez (aquí).

Una querencia por la exageración y el exabrupto que ha calado en algunos dirigentes empresariales, como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Este emula últimamente, e incluso a veces los supera, a los hooligans del PP y de Vox con declaraciones francamente desproporcionadas y carentes de la más mínima ponderación, buen juicio y sensatez. Hace unos días acusó al gobierno español de «intervencionismo terrorífico» por las medidas que se pensaba adoptar para controlar el precio de la luz. Unas medidas que no podían ser otras que las previstas en nuestras leyes o en las normas europeas (vivimos, aunque a veces no lo parezca, en un Estado de Derecho) y que objetivamente son mucho menos intervencionistas que las que, casi al mismo tiempo, anunciaba el gobierno francés: congelar directamente el precio del gas y la electricidad.

Mucho peor que ser bocazas es ser mentiroso y ahí Pablo Casado, aunque compitiendo, eso sí, muy igualadamente con Abascal, puede convertirse en el gran adalid de la derecha política y económica de España. Tiene realmente muy poco parangón entre nosotros, aunque es cierto que todavía está lejos de Trump, a quien The Washington Post contabilizó 30.573 mentiras o medias verdades en sus cuatro años de mandato.

Una cifra fabulosa la del ex presidente de Estados Unidos pero que podría estar al alcance de Casado a poco que su carrera política se alargue. El total de mentiras de Trump suponen una media de 3,5 a la hora y Casado ha batido ese promedio en varias ocasiones. Hace unos días, Infolibre le registró 13 mentiras en media hora (7,4 veces más de media que Trump); en su intervención durante el debate electoral de abril del 2019 se le contabilizaron 9 (aquí) y 14 en el debate de investidura de noviembre de ese mismo año (aquí).

En todo caso, está ya acreditado en muchas publicaciones que Pablo Casado es un mentiroso, a estas alturas quizá se podría añadir compulsivo, y yo mismo he demostrado que él personalmente y su partido lo son, especialmente, en materia económica. Por ejemplo, en estos tres artículos: Las mentiras y burradas económicas de Pablo Casado son incompatibles con la democracia, Pablo Casado y el Partido Popular también mienten a los españoles en materia económica y Las mentiras del PP sobre el impuesto de sucesiones.

No insistiré ahora, por tanto, en este segundo rasgo de la derecha española que hace política no solo difundiendo el top de las grandes mentiras económicas de nuestro tiempo, a las que he consagrado mi libro recién publicado por Ediciones Deusto, Econofakes, sino también (como se demuestra en los artículos que acabo de mencionar) todo tipo de datos falsos, cifras erróneas e información manipulada.

Ahora bien, el daño que provocan la bravuconería y la imprudencia propia de los bocazas y la mentira constante palidece ante el que produce la irresponsabilidad de la que hacen gala personajes como Casado o Sánchez Galán, por citar solo a dos de los más histriónicos de la agenda española de estos tiempos.

Ya está mal que Casado, en lugar de colaborar, viaje por Europa para criticar al gobierno, poniendo en peligro la recepción de recursos europeos o la llegada de inversiones extranjeras, como una forma más de lucha política sin cuartel, cuando se está jugando la recuperación de la mayor crisis de la historia reciente. Pero que lo haga a base de mentiras, de infundios y de insultos sin fundamento es una irresponsabilidad tan impresionante que cuesta trabajo calificar.

Lo que acaba de hacer hace unos días en una entrevista al diario El Mundo es un manifestación más de la maldad y del odio a media España de Pablo Casado. Una vez más demuestra que está dispuesto a enfrentarse a los problemas de España con la misma falta de escrúpulos con la que debió recoger un título universitario que cualquier profesor de Derecho sabe que es imposible obtener limpiamente en las circunstancias que el propio Casado ha confesado que lo consiguió.

Lo que ha dicho Casado en esa entrevista sobre la situación de la economía española («España se encamina a la quiebra, estamos abocados al rescate» y otras lindezas) es manifiestamente falso, no responde a la realidad en la que nos encontramos. Por no entrar en otras cuestiones, como la de liberalizar todo el suelo público, lo que volvería a provocar los tremendos problemas que trajo consigo la que llevó a cabo José María Aznar, otro mentiroso -por cierto- al servicio de los intereses económicos más poderosos y que malvendió propiedades de todos los españoles, colocando de paso a sus amigos, envuelto, eso sí, en gigantescas banderas y loas a la Patria.

Para descalificar a un gobierno que defiende intereses contrarios a los suyos, Casado y otros dirigentes del PP tienen que inventarse las cifras del paro (ocultando que estamos casi a la mitad del que se llegó a registrar con el último gobierno del PP), obviar los indicadores que normalmente se usan para conocer la confianza que otorgan los inversores en los mercados (la prima de riesgo está ahora casi 6,5 veces más baja que cuando gobernada Rajoy y está bajando en los últimos meses) o hacer una interpretación torticera del crecimiento innegable de la deuda pública. Y, sobre todo, obviando que, para bien o para mal, la economía española -como todas las europeas- está constantemente monitorizada, de modo que ese riesgo seguro del que sin fundamento advierte Casado sería detectado y denunciado mucho antes por las instituciones europeas e internacionales.

Hay que tener muy poca vergüenza y muy poco aprecio al conjunto de los españoles para decir lo que han dicho Casado, Galán y el resto de los dirigentes que siguen su estela de intoxicaciones e insultos. No atacan al gobierno de coalición ni a las izquierdas en general, sino a España en su conjunto y a toda su población, a las empresas y a las instituciones, sea quien sea quien las gobierne en este momento. Porque la verborrea y la descalificación farisaica, las denuncias a base de mentiras en Bruselas solo siembran incertidumbre, inseguridad y temor que retrae la inversión y la creación de riqueza. No destruyen al PSOE y a Unidas Podemos, destruyen a toda España, aunque a estas alturas está bien claro que la prefieren destrozada antes que legítimamente gobernada por quienes no pensamos como ellos ni defendemos sus intereses.

Lo que está haciendo Casado y algunos empresarios como Sánchez Galán responde a la misma estrategia que Franco reconoció que llevaría a cabo en una entrevista con el periodista Jay Allen (aquí):

– «Salvaré España del marxismo, cueste lo que cueste», dijo el dictador (…)»¿Eso significa que tendrá que matar a la mitad de España?». El general Franco sacudió la cabeza con sonrisa escéptica, pero dijo: “Repito, cueste lo que cueste».

Eso, exactamente eso, aunque ahora sin uniformes ni legionarios traídos de Marruecos, es lo que muestra Casado que está dispuesto a hacer la derecha que lidera con tal de complacer a sus dueños y señores, a los Sánchez Galán y compañía. La misma tropa de siempre.