"NO ES ‘LAWFARE’, ES OTRA COSA". José María Calero Martínez, El País

 El sistema de enjuiciamiento criminal español, que debía ser provisional, lleva vigente más de un siglo; ese es el verdadero problema

¿Qué cree usted que es más importante: conseguir una condena o asegurar un juicio justo?

Para afrontar este sugerente dilema haga el esfuerzo de imaginar por un momento que ha sido detenido y espera su turno para declarar ante el juez en un calabozo. No se ría; tómeselo en serio, nos puede pasar a cualquiera: su socio dice que se ha llevado dinero de la empresa, un trabajador a su cargo se ha caído del andamio, la chica del sábado loco dice que usted se pasó de la raya, el grupo municipal denuncia que su licencia de obra fue fraudulenta. Todos podemos ser imputados algún día. ¿Ya se ve en el calabozo? Pues desde esa posición, sentado en el banco de piedra, mirando sin interés las groseras pintadas de la pared, vuelva a leer la pregunta inicial y conteste.

Por supuesto, lo importante es asegurar un juicio justo.

Si hice algo mal, que me condenen; pero sin abuso, sin denigrarme delante de mi familia y mis amigos, sin dar por supuesto lo que dice la policía o el fiscal que, como todos, pueden confundirse. Sin juicio justo, la condena penal es simplemente una salvajada.

Pero ¿cómo puede asegurarse un juicio justo? Pues solo se me ocurre una vía: controlando la investigación y los investigadores para que no incurran en abuso, en suposiciones, en filtraciones denigrantes, en insano exhibicionismo.

Pues bien: ¿saben qué pasa en España? No es lawfare, es otra cosa. El problema es que nuestro proceso penal no resuelve bien ese problema esencial de controlar la investigación. El sistema procesal penal español vigente es muy antiguo. Procede de la Inquisición y según su diseñador (Alonso Martínez) tenía que ser provisional, para no pasar bruscamente de un sistema inquisitivo medieval a un sistema acusatorio que —ya decía él, a finales del siglo XIX— es el propio de “las naciones cultas de Europa y América”. Pero como somos así en este país, resulta que el sistema procesal que tenía que ser provisional, sigue vigente siglo y medio después. Ha habido reformas parciales, parches. Pero la prueba de que aquel sistema inquisitivo mixto sigue vigente es que aun mantenemos la figura del juez de instrucción.

Recuerdan que ya dijimos que la clave de un juicio justo era controlar la investigación. Pues precisamente eso es lo que de manera generalizada y sistémica falla en España, porque la misma persona que tiene que investigar, tiene también que controlar la investigación. Y, claro, eso es imposible. El juez de instrucción es juez y parte. Como han visto en los interrogatorios retransmitidos por televisión, el juez de instrucción pregunta y busca el descubrimiento de los delitos como un fiscal, se refiere al trabajo de la policía como propio. No es imparcial. Ese es el tremendo fallo de nuestro sistema procesal: un juez que no es imparcial, un fiscal disfrazado de juez, un fiscal que dicta resoluciones. Este es el sistema procesal, conocido como mixto o inquisitivo mixto, que debía haber sido provisional y se ha enquistado hasta fijarse a nuestra mentalidad como cemento: ese es el problema. Entre nuestras aficiones ancestrales destaca la tendencia a buscar culpables, a ser posible en los de enfrente. Perdemos la ocasión de analizar los problemas atendiendo a datos objetivos, a errores en el diseño de los procesos.

Para explicar lo que está pasando en los juzgados penales españoles, para entenderlo bien hay que sentarse por un momento en el calabozo y pensar en lo que te espera. Un juez que investiga; ¿cómo dice?; lo que ha oído.

No es lawfare. Es un sistema procesal que no resuelve bien el principal problema para obtener un juicio justo, el control de la investigación. Y por eso sufrimos en España una pandemia de investigaciones penales descontroladas en la que el objetivo de la condena es preferido al del juicio justo. Una nueva versión renovada de la Inquisición en plena era digital: arden en la plaza pública de los programas de periodismo amarillo chillón y en la sangrante burla de las redes sociales, decenas, cientos de investigados privados de todos sus derechos y garantías procesales a quienes, bajo esta nueva forma perfeccionada de tortura, se les propone como única salida la confesión. Y cuando se produce, provoca los vítores entusiastas y los aplausos enfervorizados del respetable, pegado al móvil y a la pantalla de la televisión con esa mirada enferma y babeante que tanto nos recuerda la de aquellos súbditos de la gleba, espectadores del ahorcamiento o la quema del hereje en la hoguera de la plaza mayor.

No es lawfare; es el espectáculo lamentable de un modo de investigar los delitos que provoca vergüenza ajena.

"CASO ZAPATERO: PARA QUÉ NECESITAMOS JUECES SI TENEMOS DELATORES". Carlos López-Keller, elDiario.es

Ver a socios y empresarios desmentir a todo un expresidente, para ver quién se escaquea más, nos llena de desconcierto. Lo cierto es que el escorpión ha hecho su trabajo

Los romanos colocaron la balanza en el cielo. De una manera un tanto forzada, instalaron la constelación de Libra en la eclíptica, que los antiguos habían concebido exclusivamente como un zodíaco, una senda de animales. Hoy, Libra sigue siendo la única constelación zodiacal que representa un objeto inanimado, colocada a machamartillo en el largo camino del sol. Podríamos decir que la balanza rinde honor a la ecuanimidad y equilibrio de la justicia, al orden derivado de dar a cada uno lo suyo. Pero otras veces, y más en días aciagos como los que vivimos, es tentador recordar que para los antiguos la constelación de Libra no existía; sus dos estrellas principales, hoy convertidas en platos de una balanza, fueron durante siglos las colosales pinzas del escorpión que reptaba en la constelación vecina.

En el asunto contra Zapatero, la balanza de la justicia ha recuperado por unos días su antiguo ser y se ha convertido en una gigantesca pinza que se cierne sobre el expresidente. La reciente iniciativa, conjunta o conscientemente paralela, de su antiguo socio y de los responsables de Plus Ultra pretenden sitiarle el camino de salida y condicionar su estrategia de defensa, ya puesta sobre el tapete, en un ejercicio de tacticismo que, sin embargo, tiene poco que ver con el derecho.

Estamos asistiendo a un verdadero cambio de paradigma procesal que la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra Koldo y Ábalos puso crudamente ante nuestros ojos: ante un delito de corrupción, el Estado, sin medios eficaces de control, debe confiar en el testimonio “de aquellos directos implicados que reconozcan dicha participación ante las autoridades competentes, colaborando en la averiguación de los hechos e identificando a otros posibles responsables”. El procedimiento, así, se desnaturaliza; ¿para qué necesitamos jueces si tenemos delatores? Convirtiendo a los delincuentes en agentes de la justicia, en recordadas palabras de Beccaria, “el tribunal hace ver la propia incertidumbre y la debilidad de la ley, que implora el socorro de quien la ofende”. En esta deriva, la prueba del delito no la buscaremos ya en documentos o en periciales, ni en las resultas del análisis objetivo del cuerpo del delito; la prueba reina será la confesión, como en el antiguo proceso inquisitorial, al cual nos vamos acercando a marchas forzadas. Las declaraciones de los coimputados, antaño despreciables, recobran vigor en la última jurisprudencia. ¿Que en el expediente de la concesión de ayudas no hay rastro de irregularidad? Ya, pero ¡han confesado!

Convertido el investigador en un moderno Bernardo Gui, la confesión solo se valorará en lo que tenga de delación, en lo que pueda apuntar a otros responsables. Esta justicia nunca premiará el chivatazo de una inocencia ni el reconocimiento de que los hechos son conformes a la ley. Por el contrario, gestionará la verdad a través de una negociación extramuros del juzgado: las delaciones no suelen ser espontáneas sino el fruto de conversaciones (al margen del proceso, que no del juez) donde acusación y defensa van hilando un relato, valorando su carácter premiable.

En esta negociación las partes implicadas no están en igualdad de condiciones, sino que sufren un sesgo que habla mucho de nosotros mismos. Y es que entendida la corrupción como la contaminación de la política por el soborno, la justicia ha interpretado que, en esta ósmosis, el desvalor de la conducta se localiza básicamente en los políticos corruptos, a quienes los jueces tratan, de siempre, mucho peor que a los empresarios corruptores. Esta opción de política criminal tiene, por cierto, unos claros efectos criminógenos: “¿por qué no voy a sobornar al alcalde?”, pensará el empresario, “si me pillan, ya me acogeré a la doctrina Aldama”.

Este juego de conversiones impone una grave presión al imputado, condicionando su línea de defensa por puro pánico, con el riesgo siempre presente de que diga algo incierto; recuerden el caso de Carlos Moreno, de quien Aldama dijo falsamente haberle entregado dinero en soborno. El Supremo lo descartó, pero no protegió a Moreno de la falacia. En fin, la desconfianza entre las partes determina, muchas veces, que al término de la negociación la defensa se vea comprometida a presentar en el juzgado, aun antes de que su cliente declare, un escrito adelantando lo que dirá. Y sucede que, en ocasiones, la defensa fuerza tanto el texto para satisfacer a la acusación, que llegado ante el juez el acusado lo matiza con reticencias y evasivas, para desconcierto de todos.

En este complejo escenario es en el cual deberíamos valorar las pinzas de escorpión que ambos ‘Julio Martínez’ han presentado ante el juez, que responderían a una negociación en la cual ambas partes, acusación y defensas, habrían querido alcanzar los mejores réditos en sus objetivos.

De antemano, cabría advertir una diferencia de origen con el caso de Víctor de Aldama, quien va camino de poner nombre a una rama del derecho procesal penal. Y es que estos epígonos del egregio no reconocen en sus escritos, al menos formalmente, haber cometido delito alguno, con lo que su pretendida confesión se queda corta y no alcanza ningún puerto, más allá de señalar con el dedo hacia el objetivo buscado. Ninguno de los escritos refiere que Zapatero haya realizado labores de tráfico de influencias para que la ayuda fuera concedida a la aerolínea; por un lado, su antiguo socio ha comparecido ante el juez y, según parece, no ha aportado más datos que los muy vagos ofrecidos en el escrito presentado la víspera.

Por su parte, los responsables de Plus Ultra sostienen que no saben exactamente lo que hizo Zapatero para ellos, de la misma forma que Bismarck ignoraba cómo se hacían las salchichas, con lo que tampoco aportan datos que apunten a un delito. Sí reconocen que lo contrataron para no pedir “a puerta fría” las ayudas que necesitaba la empresa, y es posible que así lo hicieran, lo que no habla muy bien de nuestras estructuras de gestión pública. En todo caso, aunque contrataran a Análisis Relevante para “calentar la puerta”, esto no es delito; es feo, políticamente deplorable, pero estaría dentro de la ley que ampara los bastidores de los ‘lobbies’. Es lícito contratar a alguien para que te presente, que te ayude a pedir una subvención, que esté encima de tu expediente e incluso que haga llamadas en tu nombre para que lo resuelvan rápido.

Nada de esto es un delito de tráfico de influencias, que exige que la decisión sea el resultado de una prevalencia jerárquica o personal. Y entiendo, en fin, que el reconocimiento expreso de que las facturas giradas tenían “conceptos” inciertos, ¡qué desastre!, lo habrán hecho siendo conscientes de que poner un concepto incierto en una factura no la convierte en falsa, si la relación jurídica existía en realidad.

Insistiré en lo políticamente deplorable. Que los responsables de una empresa asuman que han pagado a un expresidente del gobierno el uno por ciento de las ayudas públicas recibidas, y que han colmado de imaginación el texto de unas facturas, constituye un baldón irrecuperable. Que sea delito es, si me apuran, lo de menos. Por añadidura, ver a socios y empresarios desmentir a todo un expresidente, para ver quién se escaquea más, nos llena de desconcierto. Tengan en cuenta que, a diferencia de lo que sucedía en el clásico proceso sumarial, en el actual procedimiento el investigado está presente en la causa desde el primer momento, lo que garantiza su defensa, es cierto, pero con una serie de servidumbres; entre otras, que el investigado ha de adelantar a la fase previa su estrategia de defensa cuando todavía no están todas las pruebas encima de la mesa. No se les escapa a ustedes los riesgos que ello implica.

Por todo ello, y concluyendo, las pinzas con las que se pretende ahora cerrar la retirada a la defensa de Zapatero parecen enmarcadas en una estrategia dirigida a conseguir un mejor trato procesal, a esquivar medidas cautelares y a esperar, en su caso, el beneficio de una atenuante; pero no tienen nada que ver con la confesión de un delito que pudiera venir a demoler el descargo del expresidente y, de paso, cauterizar los recelos respecto al origen espurio de los indicios llegados desde Estados Unidos.

Sin embargo, aun con todas las cautelas y con independencia del efecto que estos escritos y confesiones veladas puedan tener en el desarrollo del proceso, lo cierto es que el escorpión ha hecho su trabajo. La balanza de la justicia va cerrando su tenaza sobre una opinión pública desolada y perpleja, que sigue sin entender qué gestiones ha hecho Zapatero o en qué negocios se metió, pero que, fueran los que fuesen y aunque no sean delictivos, desde luego no parecen propios de lo que esperaba de él.

"VOX RESUCITA LA LIMPIEZA DE SANGRE". Guillermo Altares, El País 11 JUL 2025

La diputada de Vox, Rocío de Meer,

Las declaraciones de portavoces del partido ultra sobre la expulsión de España de millones de migrantes tienen muchos y siniestros precedentes en la historia

Envalentonados tal vez por el clima de terror que Donald Trump ha desatado entre las comunidades inmigrantes de Estados Unidos, Vox ha prometido que aplicará una fórmula parecida en España si llega al Gobierno. Sus portavoces Rocío de Meer y Pepa Millán han defendido la deportación de millones de personas, inmigrantes con residencia legal, incluso de segunda generación, sin importar que sean ciudadanos españoles de pleno derecho, basándose en un concepto tan indefinido y volátil como la adaptación a las costumbres nacionales, como si tal cosa existiera. Se trata de un racismo apenas disimulado que tiene una larga tradición en España y se remonta a la Edad Media: es lo que durante siglos se llamó limpieza de sangre y ahora Rocío de Meer, portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales del partido ultra, ha formulado como el “derecho a querer sobrevivir como pueblo”. Por lo menos, ha tenido el detalle de no hablar de raza.

El sociólogo español Alejandro Baer, investigador del CSIC, exdirector del centro de estudios del Holocausto y Genocidios de la Universidad de Minnesota, que acaba de publicar el libro Antisemitismo. El eterno retorno de la cuestión judía (Catarata), lo expresaba así este lunes en la red social X: “Tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo’, dice la diputada Rocío de Meer (apellido castizo, como el mío). Delirios völkisch, de sangre y tierra, como los que te encuentras en Mein Kampf, el infame libro que cumple estos días 100 años”.

Cualquier comparación con los nazis es normalmente problemática y exagerada, pero Baer sabe de lo que habla, pues ha estudiado a fondo este oscuro periodo de la historia de Europa. Antes de la violencia hay palabras, estigmatizaciones, racismo, se marca la diferencia entre ellos y nosotros, se señala el peligro que representan para la convivencia y para la propia idea —inmutable y eterna— de pueblo. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, tras liquidar la República de Weimar, uno de los periodos más analizados en los últimos años por los peligros que se ciernen sobre muchas democracias occidentales, instauró un certificado racial para poder trabajar en el sector público. El documento debía confirmar el pedigrí racial de la familia hasta 1800 (1750 para los miembros de las SS) y demostrar que no había ningún ancestro de “sangre judía o de color”.

Millones de alemanes tuvieron que recurrir a expertos en genealogía o detectives privados, primero para poder formar parte de la sociedad y, poco tiempo después, para poder sobrevivir. Me gustaría saber si los dirigentes de Vox tienen la intención de pedir un documento similar sobre las costumbres que se siguen como garantía para no ser expulsado de España y qué ocurrirá con aquellos que, a pesar de lucir ocho apellidos españoles, no se adaptan a sus propias costumbres.

Los nazis se habían inspirado en las leyes raciales que se aplicaron en el sur de Estados Unidos tras la guerra de Secesión —las llamadas leyes Jim Crow—; pero también en la limpieza de sangre de España durante la Edad Moderna. Tras los pogromos que asolaron las comunidades judías de Castilla y Aragón al final de la Edad Media y la expulsión en 1492 por los Reyes Católicos, que provocaron conversiones masivas, comenzó la separación profunda entre los cristianos viejos y los nuevos. Cualquier indicio de ser judaizante era muy peligroso. “Yo te untaré mis obras con tocino / porque no me las muerdas, Gongorilla”, insultaba Quevedo a Góngora, mientras que, en una de sus muchas burlas del fanatismo, Voltaire hablaba en Cándido de dos pobres que habían sido encarcelados en Lisboa por apartar el tocino en las lentejas. No bastaba con convertirse, como para Vox no basta con ser ciudadano español, para merecer formar parte del pueblo.

Dada la obsesión del partido ultra por las costumbres españolas, resulta muy interesante lo que explica Joseph Pérez en Los judíos en España (Marcial Pons). Muchos conversos que habían abrazado sinceramente el cristianismo conservaban costumbres que ni siquiera sabían de dónde venían —veneraban santas llamadas Raquel o Esther, no encendían la lumbre en sábado por viejas tradiciones familiares—. “Incluso entre aquellos conversos de buena fe cabe distinguir dos aspectos: el propiamente religioso y el sociocultural. En su fanatismo, varios detractores de los conversos confundieron los dos aspectos, la fe con las costumbres”. Cambiando unas pocas palabras, este relato del gran hispanista francés resulta muy contemporáneo.

El siempre lúcido Toni Martínez explicaba este martes en Todo por la radio, el espacio de humor de La Ventana de la Cadena SER —que sea divertido no significa que no sea serio—: “Haremos un tribunal que examinará si esas personas demuestran capacidad manifiesta de adaptación y que descubrirá quién está irremediablemente no integrado. Y este tribunal lo llamarán Santa Inquisición”. Modelos, desde luego, no les faltan.

"INQUISITIO GENERALIS CONTRA BEGOÑA GÓMEZ". Antonioi Maestre, elDiario.es

 La justicia española tiene poca capacidad para sorprendernos en los últimos años después de las causas generales contra Podemos, el independentismo y los movimientos sociales de izquierdas, pero con el proceso inquisitorial contra Begoña Gómez nos está dando una nueva lección de causa política sin garantías jurídicas que expresa sin ningún género de dudas la capacidad que tienen poderes no elegidos para imponer su voluntad. El proceso político contra Pedro Sánchez por la vía interpuesta de Begoña Gómez es un ejercicio disciplinante para que toda la izquierda vea de lo que son capaces de hacer y que no tienen límites para recuperar el poder.

[...] Las causas generales en España tienen una funesta historia y siempre tienen al mismo objetivo: disciplinar rojos. En el año 1940 el ministro franquista Esteban Bilbao y su sucesor, Eduardo Aunós, iniciaron la Causa general sobre la dominación roja, que tenía como finalidad castigar, disciplinar, laminar y ejecutar cualquier atisbo de permanencia de las ideas de la izquierda tras la Guerra Civil. El proceso penal sumario, sin ningún tipo de seguridad jurídica, no solo fue usado para acabar con cualquier semilla de progreso en España y reprimir a quien señalaron como enemigo, sino para fijar el relato franquista y una verdad degenerada que pervive hasta nuestros días y que fija que la derecha tiene el poder por designio divino mientras la izquierda es la peste y los males de la patria. La consciencia reaccionaria sobre la historia de España fijada en una causa general tiene el poder de legitimarles para iniciar cualquier proceso inquisitorial que tenga como resultado despojar del gobierno a todo aquel que ellos señalen con la mácula de rojo. Siempre hay un hilo negro tras la voluntad de nuestra derecha.