"CUANDO LOS JUECES QUIEREN GOBERNAR". José González Arenas, infoLibre.es

Cuando esa función se desborda y empieza a sustituir la decisión política, el problema ya no es técnico, sino democrático

En su reciente artículo “Que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones”, Joaquín Urías lanza una advertencia que va mucho más allá de la coyuntura jurídica: el Poder Judicial español no emana del pueblo, no funciona con reglas democráticas equiparables a las del Parlamento y el Gobierno y una parte de sus jueces, especialmente en la cúpula, ha asumido el papel de gobernantes sin haber pasado por las urnas. A partir de esa tesis, el debate deja de ser solo técnico y se convierte abiertamente en político y democrático.

Un poder que no nace del voto

En democracia, la ciudadanía elige a quienes van a tomar decisiones políticas: aprobar una regularización de inmigrantes, reformar el código penal, diseñar la política económica o pactar la convivencia territorial. Ese mandato se expresa en programas, campañas, debates y, sobre todo, en la posibilidad de castigar en las siguientes elecciones a quien se ha equivocado.

Los jueces no forman parte de esa cadena de legitimidad. Una parte significativa accede por oposición y progresa por una carrera cerrada; otros lo hacen a través de vías alternativas ---desde fórmulas de promoción interna a figuras de juristas de reconocida competencia--- que ni siquiera exigen haber superado una oposición específica de juez. En todos los casos, su incorporación a la judicatura no expresa ninguna voluntad política colectiva, porque nunca someten su proyecto de país al escrutinio ciudadano. Su función constitucional es acotada: aplicar las leyes que aprueban las Cortes y controlar la legalidad de la actuación del Ejecutivo, garantizando derechos frente a abusos.

Cuando esa función se desborda y empieza a sustituir la decisión política, el problema ya no es técnico, sino democrático.

Un poder poco democrático y sin controles

La arquitectura judicial española se ha levantado sobre una idea tan repetida como mal entendida: la independencia. Independencia frente al Gobierno, frente al Parlamento, frente a cualquier presión externa. Pero se ha olvidado algo esencial: un poder sin controles tiende a convertirse en un poder sin límites.

El Consejo General del Poder Judicial, concebido como órgano de gobierno de los jueces y tenue puente con la voluntad popular, lleva años degradado entre bloqueos partidistas y lógica de cuotas. Ese bloqueo prolongado no solo paraliza nombramientos: erosiona la escasa conexión democrática del sistema. Mientras tanto, la cultura corporativa de la judicatura se refuerza: cualquier crítica se presenta como ataque a la separación de poderes, cualquier propuesta de reforma como intento de someter la justicia al poder político.

El resultado es un poder muy poco democrático: no emana del pueblo, no rinde cuentas ante nadie y se protege frente a cualquier control efectivo. Y, sin embargo, decide sobre cuestiones que afectan a cientos de miles de personas, desde la política migratoria hasta la gestión de conflictos territoriales.

Cuando los jueces actúan como gobernantes

El texto de Urías pone el foco en la cúpula judicial, especialmente en el Tribunal Supremo. Allí se ha consolidado una forma de intervención que va más allá del control de legalidad: decisiones que corrigen, condicionan o bloquean el rumbo político como si fueran una segunda cámara no elegida.

Cuando un tribunal se posiciona ante una regularización de inmigrantes no solo con argumentos jurídicos, sino con la pretensión de marcar qué modelo de sociedad debe prevalecer, está ocupando el lugar que corresponde al Parlamento y al Gobierno. Cuando determinadas interpretaciones se convierten en dogma que limita cualquier mayoría parlamentaria, la soberanía popular deja de ser el centro del sistema.

La ironía de Urías ---que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones--- funciona como espejo: si quieren gobernar, que hagan campaña, que expliquen abiertamente su proyecto de país, que asuman el desgaste de decidir sobre la vida y los derechos de millones de personas. Lo que resulta inaceptable es ejercer ese poder sin haber pedido nunca el voto de nadie.

Reformas para devolver el poder al pueblo

La respuesta no pasa por someter la justicia al capricho del Gobierno ni por convertir a los jueces en militantes de partido. Pasa por reequilibrar los poderes y por recordar que el centro de gravedad del sistema es el pueblo, no la cúpula judicial.

Algunas líneas de reforma son claras:

- Garantizar que el órgano de gobierno de los jueces se renueva en plazo, con reglas que impidan el bloqueo y obliguen a los partidos a consensuar su composición.

- Delimitar por ley el espacio de intervención judicial: reforzar el control de legalidad, pero excluir expresamente la sustitución de decisiones de oportunidad política tomadas por quienes han sido elegidos.

- Exigir mayor transparencia y motivación reforzada en las resoluciones con impacto político estructural, de manera que se distingan con honestidad los argumentos jurídicos de las valoraciones ideológicas.

- Aprobar códigos de conducta que obliguen a la contención pública de los jueces en activo, especialmente de quienes ocupan plazas en la cúpula, para preservar la confianza en su neutralidad.

- Fortalecer los mecanismos de responsabilidad y supervisión, de forma que la independencia no se convierta en impunidad corporativa cuando se traspasan los límites de la función jurisdiccional.

No se trata de "politizar" la justicia, sino de devolver la política a su sitio: que las grandes decisiones que fijan el rumbo del país se tomen en las urnas y en las instituciones que emanan de ellas. El Poder Judicial debe ser fuerte e independiente, sí, pero contenido por reglas democráticas y por la conciencia de que su misión es garantizar derechos, no gobernar en la sombra.

Volver al punto de partida

El artículo de Joaquín Urías sirve, así, como detonante de una discusión que ya no podemos aplazar: quién manda realmente en una democracia donde el poder más decisivo es el único que nunca se ha sometido a las urnas. Releer su propuesta de que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones no es solo un ejercicio retórico: es una forma de recordar que, sin control democrático, cualquier independencia corre el riesgo de convertirse en soberanía sin pueblo.

Mientras un puñado de magistrados pueda decidir el destino político de España desde despachos blindados al escrutinio ciudadano, la pregunta seguirá siendo incómoda y necesaria. Y ahí no basta con reformar procedimientos: hay que devolver al centro del sistema la idea más sencilla y más radical de la Constitución, que el poder emana del pueblo y que nadie, tampoco los jueces, puede gobernar sin haber pasado antes por las urnas.

"QUE LOS JUECES DEL SUPREMO SE PRESENTEN A LAS ELECCIONES". Joaquín Urías, elDiario.es

Imagen de archivo de personas migrantes haciendo
cola en L'Hospitalet de Llobregat para la regularización

Estos magistrados simplemente no comparten la política de inmigración del Gobierno. Su iniciativa es política, aunque la revistan con ropajes jurídicos construidos 'a posteriori'

El proceso de regularización de inmigrantes es algo más que una de las medidas estrella de Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de una de esas iniciativas que marcan políticamente todo un gobierno. Sobre todo, porque afronta de manera audaz una cuestión que sus oponentes han traído al centro del debate político. Y lo hace rompiendo con las asunciones que sus contrincantes ideológicos han venido presentando como indiscutibles. Una vez que en toda Europa la ultraderecha ha colocado a la inmigración en el centro de las preocupaciones ciudadanas, los conservadores se han limitado a comprar el discurso de las expulsiones. Frente a ellos, Sánchez opta por la regularización y abre la posibilidad de un paradigma totalmente diferente.

Así es como se hace la auténtica política, se esté o no de acuerdo con el contenido. Elegimos a nuestros representantes para que desarrollen iniciativas como esa.

La regularización ha cogido con el paso cambiado a los gobiernos de otros países que se habían resignado a la mano dura y ha incendiado a la derecha patria. Convencidos de que ellos debieron ganar las elecciones, Vox y PP consideran ilegítimo al Gobierno de Pedro Sánchez desde el día mismo de su designación parlamentaria. Es un sentimiento que se exacerba las pocas veces que el ejecutivo toma medidas verdaderamente políticas capaces de transformar la sociedad.

Sin embargo, la lógica de nuestro sistema constitucional es la que es. Y ni con los diputados que ahora tienen ni con las encuestas de previsión de votos pueden hacer nada para evitar que el Gobierno gobierne.

O casi nada. Porque, desde hace décadas, en nuestro país cuando a un grupo no le gusta las medidas que legítimamente toma un gobierno de signo contrario lo lleva a los tribunales. Es lo que los académicos llaman judicialización de la política.

Formalmente, se trata de controlar la regularidad de las medidas de gobierno y es algo legítimo. Cada vez más, sin embargo, es un modo de sustituir la acción política por la judicial. A demasiados jueces les puede el activismo. Renuncian a autorrestringirse y resuelven aplicando una interpretación ideológica de las normas, por decirlo suavemente. Aunque lo revistan de argumentación jurídica, en esencia sustituyen las valoraciones de los órganos políticos y administrativos por las suyas propias.

Las primeras demandas contra el proceso de regularización las presentaron Vox y la Comunidad de Madrid.

El tema de fondo aún se está tramitando, pero en este caso la pelea trascendental es la de la suspensión: los recurrentes no buscan tanto tener razón como que, mientras se decide si la tienen, la justicia deje en suspense la aplicación de la norma. De esa manera paralizan el proceso e impiden que ningún extranjero regularice su situación por ahora. O definitivamente, si alcanzan la victoria en las elecciones del año que viene y anulan la medida antes de que vuelva a estar en vigor.

La primera batalla la perdieron hace unos meses. Resolviendo sobre el recurso de Vox y la Comunidad de Madrid, una mayoría de jueces entendió que no había riesgo de un daño irreversible que aconsejara interrumpir cautelarmente el proceso de regularización.

Hubo dos magistrados disidentes. Estaban a favor de dejar en suspenso la regularización y lo hacían con argumentos sobre su maldad. Evidentemente, la regularización no les gusta. Casualmente, se trata de dos jueces muy cercanos al Partido Popular. Y casualmente, esos mismos dos jueces, junto al que fue la punta de lanza de los populares en el Supremo durante años, acaban de poner en marcha una estratagema aprovechando que ahora tienen que resolver los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón. Básicamente, antes de decidir sobre la suspensión van a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la regularización se opone a alguna norma europea.

Plantear una cuestión judicial ante el máximo órgano judicial de la Unión Europea es una libre facultad de todo juez que crea que una norma española se opone a otra de derecho comunitario. Sin embargo, los tres magistrados disidentes fundamentan esta contradicción con argumentos estrictamente políticos o cogidos por los pelos.

Sin citar reglas europeas específicas, plantean que ningún país de la UE puede aprobar una regularización por sí solo. Contra la decisión del Gobierno español invocan principios genéricos como la obligación de hacer una “gestión eficaz” del retorno de irregulares. O el principio de “cooperación leal”, que creen que impondría haber negociado antes con la Comisión. Incluso alegan un supuesto “principio de solidaridad” con otros países. En definitiva, conceptos vagos que los tres magistrados montaraces interpretan según su propia visión del mundo y de la inmigración. Reiteradamente, se quejan de que el Gobierno español está actuando por razones políticas y no por lo que ellos creen que es el interés general pero no es más que su propia ideología.

Lo cierto es que ningún precepto del pacto migratorio aprobado en el 2024 ni del resto de normativa en vigor prohíbe a un Estado tener su propia política en materia de regularización. De hecho, el acervo comunitario se preocupa más de recoger unos derechos mínimos de los inmigrantes que de poner un tope a que se les amplíen. Incluso el art. 6.4 de la Directiva de Retorno reconoce expresamente que el Estado puede eximir al migrante de la obligación de retorno o paralizar una expulsión ya decretada.

Da igual. Porque no se trata de derecho.

Estos jueces del Tribunal Supremo simplemente no comparten la política de inmigración del Gobierno. Su iniciativa es política, aunque la revistan con ropajes jurídicos construidos a posteriori. Todo indica que quieren usar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para argumentar sobre los males catastróficos de la regularización y presionar así para suspender su aplicación, ahora que 1,2 millones de personas han formalizado sus solicitudes.

No sabemos si lo conseguirán. Pero sí sabemos que el sistema democrático exige que las decisiones políticas las tomen órganos con legitimidad democrática para ello.

A los jueces les corresponde aplicar las normas aprobadas por el poder político. Solo pueden anularlas o inaplicarlas si se oponen a otras normas. Por más que muchos magistrados se sientan activistas llamados a hacer lo que puedan contra el Gobierno de izquierdas, esa no es su función constitucional. Por el mero hecho de haber aprobado una oposición, no pueden imponernos al resto de la sociedad sus ideas. Tampoco pueden impedir que el Gobierno gobierne. Si de verdad quieren funcionar así, en vez de dictar estas resoluciones desvergonzadas lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones. Lo contrario resulta todo menos democrático.

"TÉCNICA AL CAPONE PARA TUMBAR GOBIERNOS". Rosa María Artal, elDiario.es 27 NOV 2024

Ni los 7.291 ancianos o el Zendal interesan a la justicia, pero sí los emails que confirmaban o negaban pactos para los delitos fiscales del novio de Ayuso. Y ahí tienen a los brazos del poder descuartizando a un fiscal general por si tirando de ese hilo tumban al gobierno. Un Al Capone inverso de libro

Ni los 7.291 ancianos o el Zendal interesan a la justicia, pero sí los emails que confirmaban o negaban pactos para los delitos fiscales del novio de Ayuso. Y ahí tienen a los brazos del poder descuartizando a un fiscal general por si tirando de ese hilo tumban al gobierno. Un Al Capone inverso de libro

Nadie en su sano juicio creería posible que estén intentando derribar un gobierno, incluso hacer temblar al Estado, a través de la demanda de un individuo acusado de tres delitos fiscales cuya privacidad, dice, ha sido presuntamente invadida. Por la Fiscalía General del Estado, nada menos, el órgano que tiene encomendada la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera entendería que ese sujeto pudiera acceder a tan alta magistratura por un supuesto delito menor. Pero ocurre que este hombre es la pareja conviviente de la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ella dice que es un señor particular. A un señor particular no se le facilitan semejantes medios. Ella dice que “Moncloa ha orquestado un caso para intentar destruir a una rival política”, y lo dice como presidenta de una comunidad autónoma y obviando que fue su novio el que se orquestó a todo trapo, según le imputa la Fiscalía, tres delitos –dos de fraude fiscal y uno de falsedad documental– al intentar evadir impuestos de sus millonarias comisiones. El señor particular de Ayuso, Alberto González Amador, lo admitió y ofreció pagar 350.951 euros e incluso aceptar una condena menor de cárcel que no implicara ingreso en prisión.

Y aquí llega el director de operaciones de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y envía a varios medios la historia al revés: en su versión es la Fiscalía la que le ofrece un pacto. La Fiscalía lo desmiente. Y el novio de la novia del PP siente vulnerada su intimidad. Y un juez del Supremo manda a la Guardia Civil a hacer un registro de 11 horas en la sede de ese órgano que vela por los derechos de todos y confisca ordenadores y móviles. Han dejado a la intemperie incluso asuntos que afectan a la Seguridad Nacional de España, como han advertido la Asociación de Fiscales, y varios juristas. Eso sí que es vulnerar intimidades a lo grande. Y con todo ello no han temblado los cimientos de este país. Es el novio de Ayuso, está dicho todo.

Es tan absolutamente desmesurado que la técnica merece tener un nombre propio. Recuerda, solo que al revés, lo sucedido con el capo de la Mafia Al Capone, en el Chicago de los años 30, cuando –tras incontables delitos– fue condenado únicamente por evasión de impuestos. En la técnica inversa, es la mafia la que consigue ejecutar legalmente por algo nimio. Fuente de inspiración similar al Robin Hood inverso, lo que concretamente Díaz Ayuso, entre otros, utiliza para dar a los ricos los recursos que detrae de los pobres. Llámenlo si quieren desproporción, flagrante desproporción.

El partido más corrupto de Europa, el que acusa de corrupción desde su sede en la calle Génova pagada con dinero sucio de su caja B, el que salda tantos de sus fiascos hasta con trágicos balances mortales, intenta tumbar al Gobierno por la sospecha de que los emails que han perturbado la intimidad del novio de Ayuso se hicieron públicos desde la Fiscalía y ni siquiera por la mano derecha de Ayuso: Rodríguez.

Los delincuentes –presuntos y convictos– tienen derechos, sin duda. Pero también los tenían los 7.291 ancianos muertos sin asistencia médica por el protocolo de la Comunidad de Madrid en pandemia: derecho al cuidado de su salud y sobre todo a la vida. Y ese tema no se toca. Ni siquiera la Fiscalía ha promovido la investigación judicial a pesar de las contundentes pruebas recogidas, los continuos llamamientos de las familias, de las Mareas de Residencias, de la sociedad civil que no aguanta tanta impunidad. Esa parte de la sociedad, porque a grandes sectores de la otra parece que le están convenciendo de que estos ataques bestiales están justificados. Y que no ha ocurrido nada más grave en el planeta Tierra desde su creación. Sin darse cuenta de lo que se juegan en democracia.

En la picota el fiscal general del Estado y cuantos deciden poner en las infames portadas y hasta en los telediarios de RTVE. No es proporcional abrir con la creencia sin pruebas de la culpabilidad –por favor, culpabilidad– del fiscal general y soltarnos a las Ayuso y las Cuca bramando y hasta a alguien de Vox. No, no, así no es.

Cada día es más evidente que son otros poderes los que mandan sobre los que elige la ciudadanía en las urnas, en una de las épocas más crudas en ese sentido. Miembros del Partido Judicial están operando sin la menor intención de ocultarse. No salimos del pasmo ante la serie de actuaciones alarmantes que se producen, incluida desde luego la investigación exhaustiva al fiscal general. Y el Consejo General del Poder Judicial, elegido tras casi seis años de secuestro del PP, no parece compartir esa alarma.

No sorprende, pues, que un juez como Eloy Velasco, que fuera magistrado de la Audiencia Nacional y director general de Justicia de los gobiernos de la Generalitat Valenciana bajo las presidencias de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, se permita una declaración política para cuestionar la legitimidad del Gobierno y con un repugnante clasismo hacia Irene Montero, y todas las cajeras de supermercado. Cómo una persona así puede impartir justicia ofrece grandes dudas.

Lo que sí está a la vista de todos es el papel que ostenta Isabel Díaz Ayuso en este tinglado. Ni los ancianos muertos de las residencias, ni el escandaloso costo del Hospital Zendal que no sirve ni sirvió prácticamente para nada y sigue generando gastos y cobros, ni sus privatizaciones, ni la curiosa relación triangular con Quirón, entre otros muchos asuntos, han hecho mover un dedo a la justicia. Y si algo se ha movido ha sido para exculparla a gran velocidad. Ya ni entramos en su tijera para los museos que dan prestigio mundial a Madrid y su pasión por fomentar la tauromaquia, Vamos, hasta hacer una corrida de toros benéfica para paliar los desastres de su colega Mazón en Valencia. Ayuso parece ser la figura que mejor sirve a los intereses de los otros poderes. Desde luego muestra una absoluta falta de escrúpulos e incluso de empatía cuando su Robin Hood interno se excede.

A cualquiera le llamaría la atención que ni los 7.291 ancianos o el Zendal interesen a la justicia, pero sí los emails que confirmaban o negaban pactos para los delitos fiscales de su novio. Francamente, hasta cuesta escribirlo y, sin embargo, ahí tienen a los brazos esenciales del poder descuartizando a un fiscal general por si tirando de ese hilo tumban al gobierno.

Es un Al Capone inverso de libro. Las propias mafias, no la justicia, consiguen dejar fuera de juego a sus víctimas por unos emails divulgados, como aquellos impuestos que tumbaron al legendario Al Capone en unos Estados Unidos que parecen renacer. Porque no me digan ustedes que, si Ayuso considera una persecución que se reclame a su novio el dinero defraudado a la Hacienda Pública y se castigue -en su caso- los delitos, todavía le queda un cierto trecho para asaltar el Congreso, sola o con la peña. Es lo que hizo Trump exactamente con el norteamericano y, como ya va a ser el presidente de la nueva autocracia le han cancelado el juicio. Nos está dando demasiadas lecciones la realidad para no escucharla ¿no les parece?