Resulta cuestionable que sectores gubernamentales y una parte de sus bases defiendan la premisa desatinada del punitivismo encarnizado. Eso implica suscribir el marco que buscan imponer los discursos ultraconservadores, que siempre enarbolan la bandera de la venganza institucional
Cuando en un debate se parte de premisas falsas, sus conclusiones nunca pueden resolver el problema, igual que no podremos abrocharnos bien la camisa si nos equivocamos con el primer botón. Eso es lo que ocurre con la desenfocada discusión actual sobre las penas de la llamada ley del solo sí es sí. La crispación colectiva tampoco es un escenario idóneo para deliberar sobre cuestiones complejas, porque la ofuscación suele causar ceguera mental.
La premisa errónea en esta polémica es que habrá menos delincuencia si endurecemos más las penas. Se trata de un axioma abiertamente falso. En las sociedades democráticas sucede todo lo contrario. Los países que aplican penas muy duras y escasa intervención social presentan niveles de delincuencia muy elevados, como ocurre en Estados Unidos. Al contrario, las democracias más avanzadas cuentan con penas proporcionadas, más bajas que las españolas, como sucede en Dinamarca: sus niveles de criminalidad son muy inferiores, porque saben que lo más relevante no son las penas, sino los mecanismos de acción social. Está mucho más segura contra las agresiones sexuales una mujer danesa (con castigos menos duros) que una norteamericana (con un sistema penal durísimo, que incluye la pena de muerte).
Otra de las premisas falaces es que los delitos se deben exclusivamente a la maldad de los autores y por eso merecen una severa venganza institucional. Si eso fuera cierto, habría la misma incidencia porcentual de delitos en todos los países, salvo que pensemos que los estadounidenses son más malvados genéticamente que los daneses. La realidad nos muestra que el delito es un producto social. Las diferencias pueden ser notables entre distintos estados, porque el fenómeno de la delincuencia está muy relacionado con las concepciones sociales y con las condiciones de vida. Solo hay que visitar el patio de cualquier prisión española para constatar de qué estrato social son la inmensa mayoría de las personas condenadas. Por ello, la delincuencia se combate principalmente con medidas distintas a las penales, las cuales actúan como un complemento más. No es casual que la delincuencia sea más baja en países con elevados niveles de igualdad social y, correlativamente, se dispare con una mayor desigualdad.
Además, la reinserción resulta muy necesaria, porque el condenado regresará a la sociedad. Más vale que descartemos leyendas urbanas absurdas, aunque muy extendidas, como la de que los autores de delitos sexuales son seres enfermizos que siempre reinciden y son incurables. Al contrario, los datos reales nos aclaran que la reincidencia en estas infracciones es baja, sobre todo si la comparamos con la del tráfico de drogas o con determinados delitos contra la propiedad. Demasiada gente ha acuñado un estereotipo de agresor sexual: un tipo perturbado que espera a la víctima en un descampado para perpetrar la violación. Esos casos existen, pero las referencias oficiales también evidencian que la gran mayoría de los delitos contra la libertad sexual son cometidos por amigos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo o familiares. Lo que yo veo en mi juzgado coincide plenamente con esos datos. Así pues, para mejorar resultará esencial que modifiquemos las mentalidades y también actuar sobre la marginalidad social que está presente en muchos de estos delitos.
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