"UN BURKA EN ALMENDRALEJO". Antonio Maestre, elDiario.es

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola (c), y el

líder de Vox, Óscar Fernández Calle (3d), anunciando 

el acuerdo para formar gobierno en Extremadura

En España hay mucho racista. Hay mucho racista para el que el racismo es el motor fundamental de su vida. Por eso para los racistas no sirven de nada los números que voy a dar, porque son racistas.

La mayor gilipollez que se suele decir cuando la extrema derecha tiene cierto éxito es que ocurre porque la izquierda ha abandonado a la clase trabajadora y ha dejado de ocuparse de sus problemas materiales. Si algo ha dejado en evidencia la política de los últimos años es que a la extrema derecha solo le preocupan las cuestiones culturales como instrumento para garantizar los privilegios materiales de los que más tienen. Extremadura es el último ejemplo donde se busca un burka en Almendralejo para que los terratenientes puedan seguir explotando moros.

En España hay mucho racista. Hay mucho racista para el que el racismo es el motor fundamental de su vida. Por eso para los racistas no sirven de nada los números que voy a dar, porque son racistas. Pero esos números sirven para desmontar esa gilipollez de que la izquierda no se ocupa de los problemas materiales y por eso se van hacia la extrema derecha que sí se ocupa de esos problemas, porque si algo ha hecho este gobierno, con mayor o menor fortuna por la coyuntura internacional, es poner en el centro de su política precisamente esas cuestiones materiales de la clase trabajadora. No como muchos quisiéramos, pero es indudable que eso ha sido nuclear en su política por encima de las cuestiones culturales.

El acuerdo de gobierno de PP y Vox, el acuerdo racista, ha propuesto prohibir en espacios públicos que las mujeres porten burka o niqab. Una demanda popular histórica extremeña, por delante de su derecho a un tren digno y unas infraestructuras del primer mundo, por fin ha sido puesta en el centro. Se acabó que las moras no puedan ir tapadas, estén donde están aunque nadie haya visto una. Para entender la necesidad de esta medida hay que conocer una serie de datos que contextualicen hasta qué punto Vox se ocupa de problemas inexistentes que tienen como único objetivo alimentar pulsiones racistas donde no hay problemas para capitalizar ese sentimiento de odio.

En Extremadura hay una población aproximada de 20.000 musulmanes, bastante estable con pequeñas oscilaciones desde el año 2016. La mayoría de esa población se encuentra en Badajoz, Cáceres y Talayuela, con una población general en toda Extremadura de 1.065.000 habitantes. Los musulmanes suponen el 1,8% de la población, muy por debajo de la media nacional que está cerca del 5%. Extremadura es una población con una extensión de 41.635 kilómetros cuadrados, lo que supone que hay un musulmán por cada 0,46 kilómetros cuadrados. Si segmentamos la población musulmana más aún mirando solo a la población femenina, que es la potencial portadora de burka o niqab, tan solo existen 7.000 mujeres en una población de más de un millón de personas, lo que supone el 0,69% de la población.

El gobierno de PP y Vox ha puesto en el foco una ley para perseguir y criminalizar a un colectivo que supone el 0,69% de la población. Así empiezan los pogromos. Pero podemos aún recortar más si hacemos una estimación. La mayoría de la población musulmana en Extremadura es de Marruecos, donde el burka no existe y el niqab es marginal. Así que atendiendo a la población existente, las características culturales y el uso de estas prendas en la población general, le he pedido a Claude que haga una estimación sobre cuál es el uso potencial de estas prendas en Extremadura. La Inteligencia Artificial de Anthropic ha considerado una estimación de uso del niqab de entre 5 y 20 personas y del burka de un total de 0 mujeres musulmanas. Es decir, la preocupación fundamental de Vox y el PP es atender y poner en el centro un problema que no existe.

Para seguir contextualizando es más probable encontrarse con una especie en peligro de extinción crítico como el Águila Imperial, que mantiene 75 parejas reproductoras en toda Extremadura, la Cigüeña Negra, el Avetoro o el Desmán Ibérico. Es más probable encontrarse con especies casi desaparecidas de nuestra fauna extremeña que con una mujer musulmana portando por las calles de cualquier población extremeña un burka o un niqab. Como ya hemos dicho ninguno de estos datos servirá para convencer a un racista que deje de serlo y por eso este tipo de medidas seguirá produciéndose en partidos racistas como VOX que las proponen y en partidos racistas como el PP que las aceptan, pero no por ello tenemos que dejar de explicar que legislar sobre el burka en Extremadura tiene el mismo sentido concreto que preocuparse por la proliferación del leopardo de las nieves por La Siberia extremeña. Pero así funciona el odio y la irracionalidad, porque con una buena campaña de desinformación y propaganda puede que algunos piensen que por qué no va a haber por Herrera del Duque un animal que tiene como apellido “de las nieves” estando en La Siberia. No subestimen el poder de la idiocia.

"UN ACUERDO CONSTITUCIONAL QUE INCITA AL ODIO". Violeta Assiego, elDiario.es

El problema es que el Partido Popular ha decidido asumir ese marco como propio y, al hacerlo, lo legitima y lo amplifica. La extrema derecha deja de ser una fuerza que presiona desde fuera para convertirse en quien dicta la lógica de un gobierno con un programa que sus electores no votaron

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en coalición la Junta de Extremadura no es una deriva ideológica más, es una quiebra de nuestro modelo constitucional. No estamos ante un programa político con el que disentir, estamos ante una arquitectura de exclusión y violencia institucional que reproduce, con perversión inquietante, las políticas que Donald Trump ha instalado en Estados Unidos. Un sistema que legisla para discriminar, que decide quién merece la protección del Estado y quién no. Ahora son las personas migrantes, mañana, las racializadas. Después, las personas con discapacidad, las comunidades gitanas, las disidencias sexuales... La exclusión es solo un primer paso de la dominación, la opresión… de la violencia.

Los líderes de Vox celebran públicamente el acuerdo como “un hito histórico” y alardean de que esta es la primera vez en la historia política española en que la que se institucionaliza la discriminación entre españoles e inmigrantes en la planificación de las políticas sociales. El eje del acuerdo es la llamada “prioridad nacional”. No es un simple criterio de gestión administrativa, es la institucionalización de una jerarquía de derechos, de vidas. Es la legalización de la violencia institucional. El acuerdo plantea un sistema en el que el acceso a derechos sociales, económico y culturales como las prestaciones, la vivienda o los servicios públicos quede condicionado en función del origen, del arraigo o de la “vinculación con el territorio”. Distinguir entre quién merece derechos y quién no tiene un nombre preciso en nuestro ordenamiento: discriminación.

El artículo 14 de la Constitución no deja margen a la ambigüedad. La igualdad ante la ley no admite ciudadanías de primera y de segunda. Para hacer lo que propone Vox no basta reformar la Ley de Extranjería, como se compromete el PP; habría que cambiar la Constitución. Es más, con este acuerdo, ambos partidos tensan también la Ley Orgánica de Partidos Políticos, cuyo artículo 9 establece que los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades, debiendo respetar la Constitución y la ley, al tiempo que su actividad deberá ajustarse a los principios democráticos. Este acuerdo ni los representantes políticos que lo promueven, no respetan la Constitución, y este acuerdo representa una actividad que no se ajusta a los principios democráticos.

Las medidas concretas revelan la magnitud del problema. Vox sabe (como lo sabe el PP) que hay conflictos de competencias insalvables y claros vicios de inconstitucionalidad en lo que dicen que harán. Pero su intención va más allá de ocupar gobiernos. Quieren ocupar las mentes, corromper la convivencia, lograr que lo que hoy resulta inadmisible empiece a parecer razonable. Porque una vez introducido el principio de “prioridad nacional”, lo que se erosiona no es solo el acceso a determinados derechos, sino el fundamento mismo de la igualdad. Se instala la idea de que hay personas más legítimas que otras para ser protegidas por lo público. Y cuando eso ocurre, la exclusión (la limpieza) deja de percibirse como una vulneración de derechos y empieza a justificarse como una opción política más.

El veto a la asistencia sanitaria a personas en situación irregular es directamente ilegal. El Tribunal Constitucional ya lo resolvió. La atención sanitaria, incluida la de urgencia, es un derecho subjetivo que ninguna norma autonómica puede retirar y el TC ya lo ha blindado. Vincular el acceso a vivienda y ayudas públicas al arraigo o al empadronamiento prolongado contradice frontalmente los artículos 13 y 14 de la Constitución y la Ley 15/2022, que prohíbe expresamente la discriminación por origen nacional o étnico. El requisito de cinco a diez años de empadronamiento continuado para acceder a vivienda protegida es lo que la Directiva 2000/43/CE define como discriminación indirecta, es decir, una medida aparentemente neutra que produce un impacto desproporcionado sobre personas de origen extranjero, sin justificación objetiva ni proporcionada. La prohibición del burka y el niqab en espacios de prestación de servicios públicos vulnera el artículo 16 de la Constitución y discrimina a un colectivo singularizado por religión, etnia y origen. La supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí choca con el artículo 27 de la Constitución y con compromisos bilaterales con Marruecos.

Pero es en el tratamiento de la infancia migrante donde el acuerdo muestra con mayor claridad su ruptura con el Estado de Derecho. Plantear la devolución de personas menores de edad no acompañadas excede las competencias autonómicas y vulnera principios básicos del ordenamiento español e internacional. El interés superior del menor, la prohibición de devoluciones automáticas y el deber de protección de la infancia en situación de desamparo son obligaciones jurídicas vinculantes, recogidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por prácticamente toda la comunidad internacional (con la excepción de Estados Unidos y Yemen) y plenamente integrada en nuestro sistema jurídico. La infancia no puede ser tratada como un instrumento de control migratorio. La experiencia reciente lo confirma. En julio de 2021, los intentos de devolución de menores desde Ceuta fueron paralizados por los tribunales precisamente por incumplir estas garantías básicas.

Hay además una dimensión que va más allá de la inconstitucionalidad de cada medida, y es valorar el potencial de este acuerdo como discurso de odio institucional. El artículo 510.1a del Código Penal protege frente a quien fomente o incite la discriminación por origen nacional. El TEDH tiene establecido que para que exista discurso de odio no hace falta incitar explícitamente a la violencia, basta con incitar a la discriminación o ridiculizar a partes de la población. Es exactamente lo que el Tribunal aplicó en el caso Féret contra Bélgica, donde condenó a un político de extrema derecha por un discurso xenófobo dirigido a restringir derechos de personas migrantes. Cuando desde Vox se califica la discriminación entre españoles e inmigrantes de “hito histórico” y “eje estratégico” se producen declaraciones que, bajo ese estándar y el del artículo 510.1a del Código Penal, podrían sustentar una denuncia ante la Fiscalía Delegada en Delitos de Odio.

Pero el problema no es únicamente Vox. El problema es que el Partido Popular ha decidido asumir ese marco como propio. La extrema derecha ya no es una fuerza que presiona desde fuera, es una lógica que se integra en un gobierno autonómico. Por eso es muy importante que tengamos claro que pasar de la igualdad jurídica a la preferencia identitaria no es compatible con la Constitución y que la respuesta jurídica existe (recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencias, impugnaciones contencioso-administrativas). También es necesario que tengamos claro, que el daño más inmediato y profundo de este acuerdo no es lo que dice que prohibirá, recortará o derogará, es el marco mental que instala en la ciudadanía, en el pueblo español.

Pero el problema no es únicamente Vox. El problema es que el Partido Popular ha decidido asumir ese marco como propio y, al hacerlo, lo legitima y lo amplifica. La extrema derecha deja de ser una fuerza que presiona desde fuera para convertirse en quien dicta la lógica de un gobierno con un programa que sus electores no votaron, para eso ya hubieran votado a Vox. El PP es el que está desplazando el umbral de lo aceptable, el que está tensionando la Constitución y el propio sistema con tal de permanecer en el poder. Porque el daño más profundo de este acuerdo no es solo lo que pretende prohibir, recortar o expulsar, es el marco narrativo, de creencias y no-convivencia que instala. Es la idea de que se puede discriminar, excluir, prescindir de vidas. Ese es el verdadero peligro, sustituir el interés general que define a un Estado social y democrático de Derecho por una lógica de “prioridad nacional” que convierte los derechos en privilegios. Es renuncia al artículo 10 de la Constitución que dice que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”