"EL GRAN REEMPLAZO EUROPEO". Máriam Martínez-Bascuñán, El País

Los movimientos en Bruselas contra la política migratoria española muestran que se está rompiendo el relato de Von der Leyen: sí que hay alternativa

¿Recuerdan cuando la UE reconvenía a estados como Hungría o Polonia cuando sus gobiernos recortaban derechos, cuando debatíamos cómo controlar sus desmanes iliberales? Esta semana, en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, con el respaldo entusiasta de la posfascista Giorgia Meloni, invirtió de forma oficial esa lógica al pedir que se examinara a España no por recortar derechos, sino por reconocérselos a medio millón de personas mediante un proceso de regularización. Esa inversión dice mucho sobre el estado de la Unión, pues Europa servía precisamente para proteger los derechos individuales frente a las mayorías y acervos nacionales, mientras hoy, de forma falaz, cuando nadie puede afirmar que la regularización viole norma alguna, se apuesta abiertamente por una política migratoria, mayoritaria en Europa, donde los derechos, pensados para no someterse a votación, pueden revisarse y cercenarse cuando así lo quieren nuestros gobiernos.

¿Quién compone esa mayoría y en nombre de qué habla? Tras la crisis de Ceuta, Meloni y Frederiksen publicaron una delirante declaración comprometiéndose a proteger la herencia cultural cristiana de Europa y pidiendo a quienes llegan que no les impongan un modo de vida que no desean. Tiene guasa que esa defensa de la cristiandad la firmen la heredera de la tradición fascista y la primera ministra socialdemócrata de uno de los países más secularizados del mundo. Su cristianismo sin creyentes solo remite a una frontera, y su vocabulario, el del Gran Reemplazo, delata un desplazamiento de fondo, pues ya no hablamos de derechos reconocidos a quienes viven bajo una misma ley, sino de un modo de vida que se hereda y hemos de defender. Es fácil ver la ironía en que pidan examinar a España por apartarse de lo europeo quienes promueven centros de deportación en terceros países. Frederiksen acusa a España de actuar por su cuenta cuando solo la mueve su propio interés electoral, y lo hace un mes después de haber pactado a solas el futuro de Groenlandia. En enero, cuando Trump amenazaba con apoderarse de la isla y castigar a los países que enviaron allí fuerzas simbólicas, los europeos cerramos filas con Copenhague sin preguntarnos a qué electorado le convenía hacerlo, aunque a Frederiksen aquella solidaridad le vino estupendamente. Hoy, quien recibió esa solidaridad pide examinar a un socio a punto de celebrar elecciones, y lo hace por algo que no amenaza a nadie, sino que reconoce a quienes ya viven y trabajan en España.

Pero lo más revelador de la cumbre fue el desayuno que la precedió, donde dieciocho gobiernos y la propia Comisión se reunieron sin España para preparar su ofensiva. La forma (el método del club) reproduce el contenido: quienes discuten quién no pertenece a Europa lo hacen en secreto, sin contar con otros socios. Pero la legitimidad de Europa depende de que sus decisiones se tomen en público, con reglas conocidas y responsabilidades claras, como debiera garantizar la Comisión, supuesta guardiana de los tratados y que debería estar por encima de las facciones. Que conspire con el bando que prepara un ataque a otro Estado miembro dice mucho sobre la deriva de Von der Leyen. Pero su repliegue es un signo de debilidad: la regularización española quiebra la supuesta inevitabilidad del relato europeo sobre migración, desmintiendo que no haya alternativa y planteando recuperar aquello que nos dijeron que era ser europeos: derechos, convivencia y protección jurídica y laboral.

"GALICIA FUE EL AVISO: CUANDO EL PODER EXPULSA A LOS POBRES Y EL EVANGELIO SE CONVIERTE EN ACUSACIÓN". José Carlos Enríquez Díaz, Religión Digital 31 ene 2026

La Doctrina Social de la Iglesia es tajante. "Gaudium et Spes" afirma que la persona humana es el principio, el sujeto y el fin de toda organización social. Cuando ese orden se invierte y la contabilidad ocupa el lugar de la vida, no estamos ante una opción técnica, sino ante un pecado estructural.

Hay momentos en los que la política deja de ser gestión y se convierte en juicio. No porque alguien lo decida, sino porque la realidad misma comparece como testigo. Cuando un anciano recibe una orden de desalojo con una cuenta atrás de quince días, cuando se niega una mejora mínima a quienes sobreviven con lo justo, cuando se cuestiona si alguien merece agua, luz o un techo, ya no estamos ante un debate técnico. Estamos ante una interpelación moral directa.

España vive uno de esos momentos. Y para entenderlo no hace falta imaginar futuros distópicos ni recurrir al alarmismo: basta con mirar a Galicia.

Galicia fue el aviso. No una metáfora ni un eslogan, sino una experiencia concreta. Bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo, la gestión de la pobreza adoptó una lógica precisa y reconocible: desconfianza hacia el pobre, sospecha sistemática, castigo institucional. La RISGA, diseñada como instrumento de integración, se transformó en un mecanismo de control y expulsión, reduciendo perceptores, endureciendo requisitos y desplazando la responsabilidad del Estado hacia las familias y la caridad privada.

No fue eficiencia. Fue deshumanización. Y no lo dijeron adversarios ideológicos, sino los propios trabajadores sociales. que denunciaron que aquello no integraba, sometía. Vidas convertidas en expedientes, dignidad reducida a baremos, personas obligadas a demostrar su abandono absoluto para ser ayudadas. La pobreza tratada como culpa.

La Doctrina Social de la Iglesia es tajante. Gaudium et Spes afirma que la persona humana es el principio, el sujeto y el fin de toda organización social. Cuando ese orden se invierte y la contabilidad ocupa el lugar de la vida, no estamos ante una opción técnica, sino ante un pecado estructural. El profeta Amós lo denunció sin eufemismos: «Venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias» (Am 2,6).

Ese mismo modelo reaparece hoy a escala estatal. La negativa del Partido Popular a apoyar la subida de las pensiones, del Ingreso Mínimo Vital no es un episodio aislado, sino coherencia ideológica. Coherencia con una visión donde los derechos se convierten en concesiones, donde ayudar al pobre se presenta como un riesgo moral y donde la pobreza se gestiona como una desviación que hay que corregir. No es responsabilidad fiscal: es crueldad organizada.

Y mientras a los pensionistas se les niega la subida mínima que les corresponde, algunos dirigentes, como Moreno Bonilla, han visto sus salarios incrementarse hasta 92.208,84 euros, lo que supone un aumento de 20.541 euros en solo tres años. Ese contraste no es anecdótico: mientras los pobres deben sobrevivir con migajas, el poder se autoadjudica incrementos sustanciales sin justificación ética.

Pero el salto cualitativo llega cuando Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de utilizar a los pensionistas como “rehenes” por aprobar junto a esa subida medidas como la suspensión de los desahucios de personas vulnerables, la prohibición de cortar suministros básicos —luz, agua, gas— o la protección de quienes no tienen alternativa habitacional. Según este marco, impedir que alguien duerma en la calle sería un chantaje, y evitar que una familia quede a oscuras, una manipulación política.

El PP, junto con Junts y Vox, sostiene que estas medidas fomentan la “inquiocupación” y desprotegen a los propietarios. El lenguaje no es neutro. El pobre vuelve a ser sospechoso, el vulnerable, un posible abusador. Isaías lo describió con una claridad que atraviesa los siglos: «¡Ay de los que dictan leyes injustas y promulgan decretos opresores, para negar justicia a los pobres!» (Is 10,1-2).

Hace poco conocí el caso de un hombre de 85 años. Vive solo. Su propietario le comunicó que debía abandonar su vivienda y le dio un plazo de 15 días. Quince días para desaparecer. No había alternativa habitacional, no había red familiar, no había margen real. Solo una cuenta atrás. ¿Qué tiene que decir Alberto Núñez Feijóo ante esto? ¿En qué párrafo de su discurso encaja este anciano? ¿En el del orden? ¿En el del mérito? ¿En el de la contabilidad?

Este caso no es una excepción. Es una parábola contemporánea. Personas mayores, familias con menores, enfermos, trabajadores pobres. Sin la suspensión de los desahucios, van a la calle. Sin la prohibición de cortar suministros, quedan sin agua, sin luz, sin calefacción. No es ideología. Es intemperie. Jeremías lo gritó con palabras que hoy incomodan al poder: «Se hacen ricos y poderosos, pero no defienden la causa del pobre» (Jer 5,28).

El Evangelio no admite interpretaciones cómodas. “Tuve hambre y me disteis de comer; fui forastero y me acogisteis” (Mt 25,35). No hay letra pequeña. No hay baremos. No hay distinción entre pobres “merecedores” y “sospechosos”. Cuando la política introduce filtros donde el Evangelio no los pone, se coloca frontalmente contra él.

Fratelli Tutti advierte que una sociedad se deshumaniza cuando normaliza la exclusión, y Caritas in Veritate recuerda que la pobreza no se combate recortando derechos, sino garantizándolos. Llamar “rehén” a un pensionista mientras se cuestiona su protección frente al desahucio o el corte de suministros no es solo una contradicción política: es una fractura moral.

A esto se suma la criminalización del inmigrante pobre, convertido en chivo expiatorio del malestar social. El relato del “efecto llamada” no protege a nadie: divide a los de abajo y absuelve a los de arriba. Decir que solo merece ayuda quien ha cotizado es moralmente obsceno. ¿Qué cotizó un niño con discapacidad severa? ¿Qué aportó una mujer que huye de la violencia? ¿Qué cotiza quien trabaja en negro porque el sistema le cierra la puerta? La dignidad no se cotiza: se reconoce.

En el plano económico, el proyecto compartido por PP y Vox apuesta por adelgazar el Estado, privatizar lo común y mercantilizar los derechos. Sanidad, educación y vivienda pasan de ser garantías a ser productos. Un país de dos velocidades, donde los pobres esperan y los ricos eligen. La Doctrina Social lo dice sin rodeos: los bienes esenciales no pueden quedar al arbitrio del mercado.

Y todo ello se acompaña de una forma de ejercer el poder basada en la distancia. Feijóo afirmó que, si mentía, se marcharía. Hoy, ese compromiso con la verdad aparece erosionado por contradicciones y por su comparecencia telemática ante la DANA, cuando la ética pública exigía presencia, cercanía y responsabilidad. Gobernar es dar la cara. Comparecer desde una pantalla no es neutral: es huir del rostro del sufrimiento.

España ya vio este patrón con el “plasma” de Mariano Rajoy. Aquella imagen simbolizó la evasión de la rendición de cuentas. Hoy, el eco regresa. Primero se relativiza la verdad, luego se deshumaniza al débil y finalmente se gobierna desde la distancia.

Galicia fue el laboratorio social. Allí se comprobó que, bajo este modelo, la pobreza no se combate: se castiga. Hoy, con el IMV, las pensiones mínimas, los desahucios, los suministros básicos y la vivienda, el riesgo es el mismo, pero a escala estatal.

La pregunta final no es económica ni electoral. Es apocalíptica en el sentido bíblico: revela lo que hay debajo. ¿De qué lado se sitúa el poder cuando un anciano de 85 años recibe un ultimátum de 15 días para abandonar su casa? ¿Del contrato o de la persona? ¿Del mercado o de la vida?

Porque, como advierte Jesús sin anestesia, al final no se nos preguntará por el déficit ni por el equilibrio presupuestario, sino por el pobre expulsado, el hambriento ignorado y el forastero rechazado. Y entonces, ya no habrá comparecencias a distancia.

Galicia fue el aviso. Ignorarlo no será ingenuidad. Será complicidad.

Maruja Torres responde a las derechas por su oposición a la regularización de migrantes: "No hay reemplazo más aberrante que el de la decencia por la crueldad". Maruja Torres, Hoy por hoy,Cadena SER

Por la presente tengo a bien congratularme de la tramitación urgente por real decreto de la regulación que dejará por fin dentro de la ley a medio millón de personas inmigrantes que viven entre nosotros. No solo porque es de justicia, sino porque es de sentido común.

Hay que ser muy mal nacido para responder a esta decisión alegando que produce efecto llamada, cuando todos sabemos que es la necesidad la que ocasiona el efecto empujón que desde los albores de la humanidad lleva a los pobladores del planeta a buscarse la vida lejos del lugar en donde nacieron. En donde nacieron, repito. No al que pertenecen, porque de todos es el mundo entero cuando ofrece mejores oportunidades que las que promete el propio.

Y hay que ser muy, muy cruel, para hablar de “reemplazo”, ese trending topic del fascismo actual, cuando no somos pocos ni pocas quienes sabemos también que es muy otro el gran reemplazo que se está llevando a cabo con claridad, alevosía y un patriotismo de pandereta que expande veneno mortal cuando resuena. Nada noble puede salir de ahí.

Así que por la presente tengo a bien comunicaros que cuando se cruza en mi vida uno o una de esos trabajadores le deseo que le vaya muy bien, porque así nos irá mejor a nosotros. Y que al tropezarme con uno o una de los que, abriendo el pico, suelta un “Qué bonito está Madrid y con la Fórmula 1 vamos a petarlo” o bien un “Qué suerte tenemos de ser españoles”, me siento como en aquella peli de ciencia-ficción de los años cincuenta. Ya están aquí los ladrones, los invasores de cuerpos.

No hay reemplazo más aberrante que el de la decencia por la crueldad.