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| Menores en un campamento en Ceuta |
El Gobierno calcula que actualmente hay unas 700 niñas acogidas en la ciudad autónoma, aunque la mayoría siguen sin tener acceso a condiciones salubres ni a una atención psicológica adecuada.
El 30 de julio de 2026, hace un mes exactamente, Ceuta amaneció recibiendo a miles de personas que cruzaban desde Marruecos por el Tarajal. El Ministerio del Interior terminaría cifrando en unas 72.000 las entradas de aquellos dos días, en una ciudad desbordada por una llegada que volvió a activar el vocabulario habitual de la frontera, y esta vez se añadió la palabra "invasión". A 29 de agosto de 2026, la cifra oficial más reciente del Ministerio del Interior es que quedan alrededor de 5.000 personas migrantes en Ceuta de las aproximadamente 72.000 que entraron los días 30 y 31 de julio. De esas 5.000, unas 1.500 son menores. Según la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, entre los 1.500 menores actualmente acogidos hay unas 700 niñas. Es decir, las niñas representan aproximadamente el 47% de los menores. La mayoría de ellas siguen sin tener acceso a un servicio en condiciones salubres, lo que aumenta el riesgo de que su salud empeore.
Pero Ceuta no es únicamente el lugar donde una frontera se desborda de vez en cuando. Es una ciudad hecha, en buena medida, por la propia frontera. Durante el protectorado español en Marruecos, (que es el lugar de procedencia de la mayoría de las niñas y mujeres que hay en Ceuta) entre 1912 y 1956, fue puerto, retaguardia militar y nodo de circulación hacia el norte marroquí; después de la independencia de Marruecos, la separación política no eliminó una cultura fronteriza construida durante generaciones entre Tetuán, Castillejos y Ceuta, donde se daban trabajo, comercio, cuidados, familias y vidas que atravesaban diariamente una línea que para unos era rutina y para otros, cada vez más, obstáculo.
Esa frontera guarda además su propia memoria de crisis. En octubre de 1995, centenares de migrantes subsaharianos permanecían bloqueados en Ceuta, viviendo en las Murallas y sin posibilidad de continuar hacia la Península. La salida autorizada de un grupo de kurdos provocó protestas entre quienes se sintieron discriminados y, el día 11, la situación terminó en graves disturbios, más de doscientas detenciones y un policía herido de bala por un disparo cuya autoría nunca llegó a determinarse; de aquel episodio surgiría después el campamento de Calamocarro y una nueva forma institucional de gestionar la inmigración en la ciudad. Treinta y un años después, Ceuta dispone de vallas, cámaras, centros de acogida, acuerdos bilaterales y financiación europea, pero conserva una vieja paradoja: puede perfeccionar indefinidamente la administración de la frontera sin resolver qué hacer con las personas que quedan atrapadas en ella. Esta vez, entre esos cuerpos había también miles de mujeres y niñas. Y esa clave es fundamental porque a diferencia de otras veces la mayoría son de origen marroquí y están en circunstancias de vulnerabilidad máximas.
La violencia
Me siento en el campamento de Sidi Embarek, gestionado por Karima y su hijo Abdelah, vecinos de Ceuta que se ofrecieron a ayudar a las mujeres y niñas que pudiera albergar la carpa. Son alrededor de 380. Casi todas duermen sobre alfombras o mantas apiladas; varias organizaciones llevan comida, agua y los recursos más básicos. Me siento a escuchar y enseguida comprendo que no existe escucha suficiente para acoger la vivencia de tantos cuerpos. Me colocan una pequeña mesa de pupitre en uno de los extremos de la carpa y empiezan a acercarse algunas menores.
Sumaya tiene 15 años, ojos grandes y el pelo largo y castaño. Se sienta frente a mí y responde con timidez a las preguntas más básicas. Karima lleva un registro de las personas alojadas en el campamento y yo voy completando algunos datos. Le pregunto si ha podido hablar con su familia. Dice que sí, que ha hablado con su madre, y empieza a llorar: "Cuando mi madre sale a trabajar, él me pega. A veces me pega tanto que me desmayo. Me ha pegado tanto que puedo estar aquí un año más y no volver. Me ha roto los dientes varias veces". Entonces se quita la pieza dental que sustituye parte de sus dientes delanteros y me la enseña con vergüenza. "Mi madre no se va a divorciar de él. Tiene miedo de que acabemos en la calle. De que la eche. De que su familia no la quiera. De que el casero diga que ya no podemos vivir allí", explica.
La abrazo. La abrazo porque la profesión se me atraganta. Porque reconozco que son sobre todo las niñas de mi país. Al cabo de un rato me dice que es la primera vez que le cuenta a una adulta lo que le ha pasado, que se siente aliviada. Le digo que los dientes pueden arreglarse, que sigue siendo preciosa. Pero una niña de 15 años no debería tener que abrir una herida así y quedarse después sola frente a ella. Contar no siempre repara. Una menor sometida a violencia sostenida necesita atención psicológica, protección y acompañamiento social especializado; necesita un lugar donde reposar la culpa, la vergüenza y el miedo que quedan después. Necesita algo que en el campamento de Sidi Embarek no existe, porque no es posible que exista sin apoyo gubernamental, sin un despliegue de expertas. Sin un triaje que permita saber en qué circunstancias se encuentran estas menores y jóvenes. Pero lo que sí sabemos es que según el Haut-Commissariat au Plan, el 70,7% de las adolescentes marroquíes de entre 15 y 19 años sufrió alguna forma de violencia en los doce meses anteriores a su gran encuesta nacional de 2019; casi seis de cada diez la sufrieron dentro del espacio doméstico.
Hay trabajadoras humanitarias sosteniendo necesidades inmensas con recursos mínimos. Hay personas agotadas, pero no profesionales especializados en violencia contra adolescentes y jóvenes, no es una forma de violencia explícita contra la infancia, el factor de que son mujeres es imprescindible para comprender lo que les sucede. El machismo, el dispositivo de control sexual, es clave para explicar quiénes son estas niñas. Sumaya termina de hablar, se levanta de la silla y la siguiente niña se sienta frente a m
No existen los matrimonios de menores, es la legalización de la violencia sexual contra las menores
No hay matrimonios de menores que no constituyan violencia sexual. "Cuando me dijeron que me iban a casar en realidad me dijeron que me iban a violar. El día que se abrió la frontera salí corriendo de mi casa. Corrí horas, corrí tanto que no fui ni consciente de cómo llegué al otro lado de la frontera. No sé cómo no me ahogaron tantas personas agarradas a mi cuerpo. Salí escapando del tirón de pelos de mi hermano que ahora está en la cárcel", explica, y muerde el bocadillo que se está comiendo. Ella, Salma (nombre ficticio) y su amiga desde hace un mes, Khadija, estaban en la cafetería a la que entré a comprar algo de comer, en una mesa en un sitio repleto de hombres. Usan el baño de la cafetería para hacer sus necesidades, pero las obligan a consumir algo. Me senté con ellas para comer y entonces Salma me dijo que me contaría la verdad, y que prefiere volver en un ataúd a Marruecos antes que volver viva. "Mi hermano es politoxicómano, cuando sale se droga y cuando vuelve a casa me pega. A veces estoy dormida y me despierto en mitad de las palizas. Ya no sé de qué estoy hecha porque nada me duele", me dice en tono jocoso. Tiene una mirada dura y su cuerpo de 19 años parece el de una adolescente de 16 años. Se levanta la camiseta de la selección marroquí de fútbol que lleva y me enseña las cicatrices.
"Esta fue de cuando les dije que no me iba a casar. Me enteré de que mi padre me había vendido. El hombre con el que me querían casar le había dado a mi padre una importante cantidad de dinero. Venía a mi habitación en mitad de la noche y me daba el teléfono para hablar con este hombre de 38 años. Me decía: Respóndele puta". Me dice que siempre lo hizo lo mejor que pudo para que no pegasen también a su madre, pero que el régimen de terror y torturas en la casa pasaba por impedirle hasta cerrar la puerta de la habitación. "Arrancaron la cerradura de mi habitación, y cada pocas noches eran violencias distintas. Un mes antes de venir a Ceuta, mi hermano entró drogado y empezó a pegarme navajazos", dice mientras me enseña las cicatrices.
Aquella noche Salma se desangró, y no fue hasta el día siguiente cuando la llevaron al médico y se quedaron ambos padres con ella cerca del médico para asegurarse de que no contase cómo le había pasado aquello. Se inventaron una historia, nadie preguntó y se la llevaron a casa.
"Pero no me casé. Me llevé todas las palizas posibles, pero no me casé. Cuando el matrimonio ya no era una opción, mi padre me dijo que saliese y fuese a buscar dinero, que le daba igual la forma. Quería que me prostituyese. No quiero casarme nunca de hecho. Quiero estudiar, necesito estudiar. Es lo único que quiero hacer en España. Trabajaré y estudiaré y ayudaré a mi madre a irse de esa casa", añade.
Sukaina sin embargo no pudo evitarlo cuando se quedó embarazada con 15 años de un chico de su barrio: "Después de dar a luz me obligaron a casarme con él. No sé cómo lo hicieron, pero la Policía me convocó a tribunales y nos casamos." Es una menor a cargo de un menor de dos años.
En Marruecos, aunque la edad legal para casarse es de 18 años, el Código de Familia mantiene excepciones judiciales que permiten el matrimonio de menores: en 2024 se presentaron más de 16.000 solicitudes y alrededor de 10.000 fueron autorizadas, casi todas relativas a niñas. El matrimonio infantil funciona así no solo como consecuencia de la pobreza, sino también como un dispositivo de control de la sexualidad femenina porque convierte en un asunto matrimonial embarazos, relaciones o situaciones de vulnerabilidad que deberían activar protección social, atención sanitaria y acompañamiento. El matrimonio de una menor es el reconocimiento de la legitimidad de la violencia sexual porque la mayoría de las menores se casan con hombres adultos que se convierten en quienes están a su cargo. Algunas de las jóvenes y menores que han llegado a Ceuta necesitan pañales y leche para sus hijos, pero también protección para ellas mismas, atención psicológica, asesoramiento jurídico y un espacio donde poder explicar si aquel matrimonio fue elegido, impuesto o simplemente la única salida que los adultos dejaron disponible. Llamarlas únicamente "madres migrantes" borra lo esencial, y es que se hicieron madres cuando eran aún niñas.
Explotación laboral y acoso sexual
Salwa y Naima dejaron los estudios con 16 años y empezaron a trabajar en talleres de costura. Ninguna tenía contrato ni seguridad social. "El mes que mejor cobramos llegamos a 2.500 dírhams", cuenta una de ellas. Las jornadas tampoco tenían un final definido: "Hay noches que te dejan hasta las dos, las tres o las cuatro de la mañana porque hay un cupo de producción que se tiene que alcanzar. Da igual que estés enferma. Da igual todo". Salir de la fábrica no significaba estar a salvo. A esas horas dependían de taxis colectivos que a veces las dejaban en mitad de la carretera. "Volvíamos rezando", dicen, primero riéndose y después ya no. Una noche tuvieron que caminar durante horas hasta que otra mujer las recogió. Tres horas después estaban de nuevo en pie para regresar al trabajo.
La precariedad económica se mezclaba con otra forma de violencia. Varias describen acercamientos, tocamientos y acoso por parte de encargados y superiores. "Tienes que protegerte haciéndote la loca. Sabes perfectamente lo que está haciendo, pero haces como que no", explica Naima. Protestar podía significar perder el empleo. Suhayla lo hizo cuando un superior la agarró del culo: "Le pegué un empujón. Después se aseguró de que nunca más pudiera estar tranquila. Quería que me fuera yo y fue lo que hice". Le pregunto si encontró otro trabajo. Se encoge de hombros, como si la respuesta fuese evidente, que cuando el empleo es miserable, pero es lo único que tienes, incluso defender el propio cuerpo es un lujo.
Emergencia humanitaria feminista
Hablar de una emergencia humanitaria feminista en Ceuta no es añadir la palabra género a una crisis migratoria, es reconocer que una parte significativa de las violencias que arrastran estas niñas y jóvenes no puede comprenderse únicamente desde la pobreza, la migración o la minoría de edad. Son violencias específicamente atravesadas por el hecho de ser mujeres: abandono escolar para asumir responsabilidades familiares, matrimonios forzosos de menores, embarazos adolescentes, dependencia económica, violencia sexual, violencia intrafamiliar y una ausencia sostenida de recursos públicos capaces de ofrecer alternativas reales. Marruecos sigue sin proteger a la infancia y a las mujeres, pero la opresión añadida de las niñas lleva a una realidad cruel porque las niñas están sometidas a un dispositivo de control sexual que pasa a través de la violencia. La fractura del país que organiza mundiales y progresa en términos económicos es la insuficiencia de políticas sociales que permitan a una adolescente salir de una casa violenta, a una madre divorciarse sin caer en la precariedad o a una menor embarazada recibir protección sin que el matrimonio aparezca como una solución.
Los derechos sociales de las mujeres y las adolescentes no están en las conversaciones políticas centrales del país y mucho menos sus derechos sexuales y reproductivos porque no solo oprime la legislación carente, sino también la sociedad que repudia, maltrata y estigmatiza, y el entorno familiar que a menudo representa una cárcel para la emancipación. Cuando no existen refugios suficientes, atención psicológica, autonomía económica ni garantías efectivas sobre los derechos sexuales y reproductivos, la violencia ya no es sólo lo que ejerce un padre, un marido o un empleado, también está en la ausencia de un sistema de atención al que poder acudir.
Muchas de las chicas que encuentro en Ceuta han cruzado precisamente porque saben que aquello que les ocurre no debería ocurrirles. Esa conciencia importa. No son cuerpos pasivos desplazados por una crisis que no comprenden; han tomado una decisión, a menudo extrema, para buscar una salida. España aparece en sus relatos como un lugar donde imaginan que una mujer puede denunciar, trabajar, estudiar, divorciarse, vivir sola o pedir ayuda sin quedar necesariamente expulsada de su comunidad. No idealizan España, consideran que en España son personas de pleno derecho. No significa que España sea ese refugio perfecto ni que aquí las mujeres estén libres de violencia. Significa que ellas atribuyen a este lado de la frontera una promesa institucional que tiene que ver con la posibilidad de que exista alguien a quien recurrir. Su migración contiene, por tanto, una forma de agencia política. Están diciendo que no aceptan como inevitable la violencia que han conocido, y que la opresión por nacer mujeres en un país que no las mira es algo que pueden cambiar.
Y casi todas las historias terminan regresando a sus madres. Madres maltratadas que no pueden abandonar al marido; madres divorciadas que trabajan sin conseguir sostener solas a todos sus hijos; madres que temen perder la vivienda, el apoyo familiar o la protección social si se separan; mujeres cuya falta de autonomía acaba reorganizando también la vida de sus hijas. Las adolescentes dejan los estudios para trabajar, sostienen a sus hermanos, aceptan empleos abusivos o buscan en la migración una posibilidad que sus madres nunca tuvieron. La violencia contra una generación se convierte así en la precariedad de la siguiente. España está recibiendo en Ceuta a menores y mujeres jóvenes que llegan desde una crisis profunda de derechos de las mujeres y que, precisamente porque han sido capaces de identificar la injusticia de aquello que viven, están pidiendo otra cosa. Si la respuesta humanitaria no incorpora protección de menores, salud sexual y reproductiva, atención psicológica, recursos residenciales seguros, acompañamiento jurídico y alternativas reales de autonomía, la violencia de las mafias, de la exposición a la prostitución y la trata irá en aumento.
La organización Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) reclama que el Gobierno de España y la ciudad autónoma de Ceuta asuman de forma efectiva la coordinación de la respuesta humanitaria y dejen de descargar sobre asociaciones vecinales, ciudadanía y ONG la cobertura de necesidades básicas como agua, alimentación, salud y alojamiento. La entidad exige una atención descentralizada y con enfoque de género, especialmente para niñas, adolescentes, embarazadas y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, con recursos de salud sexual y reproductiva, mediación intercultural, protección de menores y espacios seguros. También alerta del riesgo de trata y explotación sexual o laboral en un contexto de saturación y desprotección, y reclama mecanismos de detección precoz y acompañamiento especializado.
"Pedimos a vigilancia, a Policía, a los ministerios protección militar o policial alrededor de los campamentos donde están las mujeres. No hay espacios seguros y dignos, porque eso no puede suceder solo con gestión vecinal", declara Ana Martín, coordinadora del Área de Trata y Acción Social de Mujeres en Zona de Conflicto. “Hemos reclamado a las distintas instituciones públicas vigilancia y seguridad para los espacios habilitados por las asociaciones vecinales para mujeres y niñas. La protección no puede recaer sobre las asociaciones vecinales. Es necesario que la administración habilite espacios dignos y seguros. Mientras tanto, seguirán estando expuestas a la captación y explotación sexual y laboral.”





