Fue mi ama la primera que me informó ayer de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal. Tiene 93 años, es una mujer creyente, católica de toda la vida. Ha conocido varios papas, la posguerra nacionalcatólica, el Concilio Vaticano II, la Transición democrática y los profundos cambios vividos por la Iglesia y por la sociedad vasca y española. No me lo contó para comentar una noticia de la actualidad política, como tantas otras veces (siempre ha sido una persona comprometida y preocupada por la política, y sigue siéndolo), sino porque se sentía escandalizada por lo que había escuchado. Al escucharla pensé que, cuando una mujer que ha vivido casi un siglo dentro de la Iglesia, que ha procurado vivir el Evangelio con sencillez y fidelidad, experimenta escándalo al escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal, el problema no resida únicamente en la dureza de unas palabras o en su mayor o menor fundamento, sino en la relación entre la autoridad eclesial y el modo de ejercerla.
Escribo estas líneas como creyente. No desde la distancia, ni desde el resentimiento, ni desde la hostilidad hacia la Iglesia. Precisamente porque me siento parte de ella creo que también tengo la responsabilidad de expresar una preocupación que pueden compartir muchas personas católicas.
Hay una frase que he utilizado en diversas ocasiones, incluso en alguna conversación con relevantes figuras del Episcopado español: todas y todos tenemos pájaros en la cabeza, la diferencia es que, en demasiadas ocasiones, los obispos creen que son el Espíritu Santo.
Todas y todos interpretamos la realidad desde una determinada biografía, una tradición cultural, unas opciones políticas, unos intereses, unos miedos, unos prejuicios y unas ignorancias. Nadie habla desde un lugar completamente puro o neutral. Tampoco las personas creyentes, ni las consagradas. La fe no elimina nuestra condición humana; debería hacernos más conscientes de ella. Reflexionar sobre nuestro lugar de enunciación es imprescindible. Por eso me inquietan especialmente determinadas intervenciones públicas de algunos obispos. No porque entren en cuestiones políticas: sería absurdo pretender que la Iglesia no tuviera nada que decir sobre la vida pública, la doctrina social de la Iglesia afirma precisamente lo contrario. El seguimiento de Jesús tiene consecuencias sociales y políticas ineludibles, y es por ello que la defensa de la dignidad humana, la justicia, la paz, los pobres o la creación exige tomar la palabra. ¡Acabamos de tener a un Papa hablando en el Congreso!
El problema no es que los obispos hablen de política. El problema es cómo hablan y, sobre todo, desde dónde hablan. Cuando el presidente de la Conferencia Episcopal afirma que “cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito”, no está hablando simplemente como un ciudadano, un intelectual o un comentarista político. Habla revestido de un ministerio que representa institucionalmente a la Iglesia católica y esa circunstancia exige una responsabilidad extraordinaria. Porque el ministerio episcopal no concede un privilegio epistemológico. La ordenación sacramental no convierte a nadie en un mejor economista, sociólogo, jurista o analista político. Un obispo continúa siendo un hombre de su tiempo, con una determinada sensibilidad cultural, unas lecturas, una historia personal, unos afectos, unos intereses y unos sesgos. La gracia del ministerio no elimina esa condición, al contrario, debería hacer todavía más consciente a quien lo ejerce de la necesidad permanente de discernir críticamente su propia mirada.
La tradición cristiana conoce muy bien este problema. Si existe el discernimiento es precisamente porque no toda convicción procede del Espíritu. También nuestras ideologías, nuestros prejuicios, nuestros miedos o nuestras preferencias pueden revestirse, incluso para nosotros mismos, de apariencia de evidencia moral. Nadie está inmunizado frente a esa confusión. Antes de hablar en nombre de la Iglesia, un obispo debería preguntarse cuánto hay en su análisis de Evangelio y cuánto de ideología, cuánto de escucha y cuánto de reacción, cuánto de tradición eclesial y cuánto de clima cultural, cuánto de esperanza y cuánto de miedo. Esa depuración constituye una parte esencial del propio ministerio.
Por eso resulta especialmente problemática la apelación a san Agustín. Su afirmación Remota itaque iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia? (“Suprimida, pues, la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?”) no fue formulada para descalificar a un gobierno concreto ni para alimentar la confrontación política de su tiempo. Agustín estaba desarrollando una reflexión de enorme profundidad sobre la legitimidad del poder: todo poder, cualquiera que sea su signo, pierde su fundamento cuando se separa de la justicia. Su crítica es universal, se dirige a todos los poderes, no solo a aquellos con los que uno discrepa. Convertir esa intuición teológica en una insinuación sobre un gobierno determinado supone manipular maliciosamente su alcance. San Agustín deja de interpelar críticamente a cualquier forma de dominación para convertirse en un argumento de autoridad al servicio de una posición política concreta.
Y eso debería preocupar especialmente a quienes tienen la responsabilidad de custodiar la tradición de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en uno de sus textos más luminosos, recuerda que las cuestiones temporales admiten con frecuencia diversas respuestas compatibles con la fidelidad al Evangelio. Gaudium et spes afirma: “Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera”. Y añade una advertencia que conserva hoy toda su vigencia: “En estos casos de soluciones divergentes aun al margen de la intención de ambas partes, muchos tienen fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial pro el bien común”.
No se trata de una llamada al relativismo. Al contrario, es una invitación a distinguir cuidadosamente entre la certeza de la fe y la inevitable provisionalidad de nuestros juicios prudenciales sobre la realidad histórica. Y es aquí donde las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, como las de otros obispos antes que él, muestran una tentación particularmente peligrosa: el clericalismo intelectual. Solemos asociar el clericalismo al abuso de poder o al autoritarismo, pero también existe cuando se presupone que el ministerio episcopal otorga una autoridad especial para interpretar la realidad política. No es así. Los obispos no reciben con la ordenación un carisma de infalibilidad sociológica, ni siquiera ética, y por ello su misión no puede consistir en sustituir el discernimiento de las y los fieles, sino en hacerlo posible, no en clausurar el debate entre ellas y ellos, sino en iluminarlo desde el Evangelio.
Algo semejante sucede con otras expresiones utilizadas en esa misma intervención. Hablar de “paguitas” para referirse a las políticas sociales significa adoptar un lenguaje cargado de connotaciones partidistas que no puede identificarse con el estilo propio de la doctrina social de la Iglesia. Esta ha sido siempre muy crítica con cualquier forma de paternalismo o de dependencia que menoscabe la dignidad de las personas, pero jamás ha necesitado recurrir al sarcasmo o a la descalificación para expresarlo. Del mismo modo, las afirmaciones sobre el Orgullo, las personas LGTBI y las llamadas “terapias de conversión” suscitan en muchas personas creyentes una profunda incomodidad y, al menos en mi caso, una crítica abierta. De nuevo, no porque cuestionen la posibilidad de un discernimiento moral desde la fe, sino porque transmiten una forma de hablar que se percibe antes como condena que como acompañamiento. Y una Iglesia que afirma ser sacramento de la misericordia no puede dejar de preguntarse qué experimentan quienes escuchan sus palabras, en si el modo de expresarlas transparenta o no el respeto, la compasión y la cercanía que caracterizan al Evangelio.
La autoridad de un obispo no debería medirse por la contundencia de sus afirmaciones, sino por la calidad de su discernimiento. Y discernir comienza precisamente por reconocer la posibilidad del autoengaño. Solo quien acepta que puede confundirse está verdaderamente disponible para escuchar al Espíritu. Por eso lo que más me preocupa de estas declaraciones no es su contenido político, sino el escándalo que provocan en muchas personas creyentes. Y utilizo deliberadamente esta palabra en su sentido evangélico. El escándalo no es simplemente aquello que irrita o molesta, es aquello que hace tropezar en la fe. Jesús reservó algunas de sus palabras más severas para quienes escandalizan a los pequeños. Cuando una mujer creyente de 93 años, que ha permanecido fiel a la Iglesia durante toda su vida, escucha al presidente de la Conferencia Episcopal y siente que esas palabras no le ayudan a reconocer el rostro de la Iglesia que ama, estamos ante un problema pastoral antes que político. Ese escándalo merece ser escuchado. No porque mi madre tenga razón por el hecho de ser mi madre, ni por su edad, sino porque representa a tantos y tantas creyentes sencillas cuya fidelidad ha sostenido la vida de nuestras comunidades.
Los obispos tienen el derecho y el deber de intervenir en los debates públicos. Pero ese derecho exige una responsabilidad proporcional: no confundir nunca sus convicciones personales con la voz misma de Dios o de la Iglesia. La misión de la Iglesia no consiste en canonizar análisis políticos, sino en ofrecer criterios evangélicos para discernirlos. Por eso, creo que la primera reflexión que un obispo debería hacerse antes de pronunciar determinadas palabras no es si serán aplaudidas por unos o criticadas por otros. La pregunta debería ser mucho más sencilla y mucho más exigente: ¿ayudará esto a que los creyentes reconozcan un poco mejor el rostro de Cristo y el de su Iglesia? Si la respuesta no es clara, quizá convenga guardar silencio durante un tiempo y seguir discerniendo. Porque también el silencio, cuando nace de la humildad, puede ser una forma de obediencia al Espíritu. Tal vez ahí resida hoy una de las tareas más urgentes del ministerio episcopal: recordar que el Espíritu Santo nunca coincide automáticamente con nuestras propias certezas. También las de un obispo necesitan ser permanentemente discernidas, corregidas y convertidas.
