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| Retrato del fiscal, jurista y político republicano Francisco Javier Elola |
Elola, Galbe, Mena y Jiménez Villarejo: cuatro referentes de la justicia como servicio público
La escuela de Barcelona
Tuve la suerte de que mi primer destino como fiscal, hace ya casi cuatro décadas, fuera Barcelona. No lo supe entonces con la claridad con que lo sé ahora: aquella era una fiscalía-escuela, y sus maestros se llamaban Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. De ellos aprendimos sucesivas promociones de fiscales que la justicia no es un poder que se posee, sino un servicio público que se presta; que los poderes no pertenecen a quienes los administramos, sino a la soberanía popular; y que el cumplimiento de las obligaciones del fiscal no se reclama: se ofrece. En los juzgados de El Prat de Llobregat, con el barrio de Sant Cosme devastado por la heroína, con las entradas y registros de los fines de semana y los levantamientos de cadáveres de una generación entera, entendí lo que aquellos jefes enseñaban con el ejemplo: una fiscalía con los pies en el barro social, al lado de las víctimas que no tienen otro abogado.
Con los años he comprendido que aquella escuela no nació de la nada. Venía de lejos: de una tradición española de fiscales que entendieron la justicia como compromiso con los derechos humanos, con la legalidad y con los más vulnerables, y que pagaron ese entendimiento con la vida, con el exilio, con el destierro o con la carrera. Quiero glosar aquí a cuatro de ellos, cada uno referente en su época, porque su historia es la genealogía de la justicia democrática que hoy tengo el honor de servir desde la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Elola: la justicia fusilada
Francisco Javier Elola Díaz-Varela, primer fiscal general de la Segunda República y magistrado del Tribunal Supremo, fue fusilado en el Camp de la Bota de Barcelona el 12 de mayo de 1939. Su pensamiento asombra por su modernidad: prefería hablar de “poder jurisdiccional” antes que de “poder judicial”, porque concebía la justicia como función y servicio al ciudadano, no como privilegio; y advirtió en las Cortes Constituyentes de 1931 del riesgo de que los jueces llegaran a formar un poder oligárquico capaz de imponerse a la democracia. Su rectitud fue transversal: fue apartado como instructor de la causa contra la sublevación de Madrid por aceptar pruebas propuestas por el general Fanjul, porque para él las garantías se debían también al enemigo. Pudo exiliarse y decidió quedarse: entendía que servir al Estado legítimo jamás podría llamarse rebelión. En las notas de defensa que el consejo de guerra le incautó dejó denunciada la “justicia al revés”: acusar de rebeldes a los servidores de la legalidad desde el poder nacido de un alzamiento en armas. Murió, como él mismo dejó escrito, pobre por honrado. Cuando en 2023 la Fiscalía General del Estado acogió la presentación del libro en su memoria (Tirant lo Blanc, 2024), dije que como país tenemos con él una deuda que estamos obligados a saldar. La Ley 20/2022 ha declarado radicalmente nula la condena que lo asesinó; pero la deuda solo se saldará cuando su nombre y su doctrina formen parte de la conciencia de cada fiscal español. CONTINUAR LEYENDO






