"EL GRAN REEMPLAZO EUROPEO". Máriam Martínez-Bascuñán, El País

Los movimientos en Bruselas contra la política migratoria española muestran que se está rompiendo el relato de Von der Leyen: sí que hay alternativa

¿Recuerdan cuando la UE reconvenía a estados como Hungría o Polonia cuando sus gobiernos recortaban derechos, cuando debatíamos cómo controlar sus desmanes iliberales? Esta semana, en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, con el respaldo entusiasta de la posfascista Giorgia Meloni, invirtió de forma oficial esa lógica al pedir que se examinara a España no por recortar derechos, sino por reconocérselos a medio millón de personas mediante un proceso de regularización. Esa inversión dice mucho sobre el estado de la Unión, pues Europa servía precisamente para proteger los derechos individuales frente a las mayorías y acervos nacionales, mientras hoy, de forma falaz, cuando nadie puede afirmar que la regularización viole norma alguna, se apuesta abiertamente por una política migratoria, mayoritaria en Europa, donde los derechos, pensados para no someterse a votación, pueden revisarse y cercenarse cuando así lo quieren nuestros gobiernos.

¿Quién compone esa mayoría y en nombre de qué habla? Tras la crisis de Ceuta, Meloni y Frederiksen publicaron una delirante declaración comprometiéndose a proteger la herencia cultural cristiana de Europa y pidiendo a quienes llegan que no les impongan un modo de vida que no desean. Tiene guasa que esa defensa de la cristiandad la firmen la heredera de la tradición fascista y la primera ministra socialdemócrata de uno de los países más secularizados del mundo. Su cristianismo sin creyentes solo remite a una frontera, y su vocabulario, el del Gran Reemplazo, delata un desplazamiento de fondo, pues ya no hablamos de derechos reconocidos a quienes viven bajo una misma ley, sino de un modo de vida que se hereda y hemos de defender. Es fácil ver la ironía en que pidan examinar a España por apartarse de lo europeo quienes promueven centros de deportación en terceros países. Frederiksen acusa a España de actuar por su cuenta cuando solo la mueve su propio interés electoral, y lo hace un mes después de haber pactado a solas el futuro de Groenlandia. En enero, cuando Trump amenazaba con apoderarse de la isla y castigar a los países que enviaron allí fuerzas simbólicas, los europeos cerramos filas con Copenhague sin preguntarnos a qué electorado le convenía hacerlo, aunque a Frederiksen aquella solidaridad le vino estupendamente. Hoy, quien recibió esa solidaridad pide examinar a un socio a punto de celebrar elecciones, y lo hace por algo que no amenaza a nadie, sino que reconoce a quienes ya viven y trabajan en España.

Pero lo más revelador de la cumbre fue el desayuno que la precedió, donde dieciocho gobiernos y la propia Comisión se reunieron sin España para preparar su ofensiva. La forma (el método del club) reproduce el contenido: quienes discuten quién no pertenece a Europa lo hacen en secreto, sin contar con otros socios. Pero la legitimidad de Europa depende de que sus decisiones se tomen en público, con reglas conocidas y responsabilidades claras, como debiera garantizar la Comisión, supuesta guardiana de los tratados y que debería estar por encima de las facciones. Que conspire con el bando que prepara un ataque a otro Estado miembro dice mucho sobre la deriva de Von der Leyen. Pero su repliegue es un signo de debilidad: la regularización española quiebra la supuesta inevitabilidad del relato europeo sobre migración, desmintiendo que no haya alternativa y planteando recuperar aquello que nos dijeron que era ser europeos: derechos, convivencia y protección jurídica y laboral.

"EXILIADOS: ESPAÑA HA MUERTO". Paco Cerdá, El País

Varias personas esperan a la entrada del Consulado de España
en Ciudad de México

Hace 20 años no ocurrió nada cuando la Ley de Memoria Histórica reconoció el derecho a la nacionalidad a los descendientes de los españoles. Ahora sí

I. Iba Cernuda por una calleja de Londres y una sombra lo seguía. El poeta sevillano acababa de llegar al exilio, ese mundo sin raíces lleno de cartas por escribir y recuerdos que llorar. Atrás quedaba su tierra sangrante y en ruinas mientras él se preguntaba qué puede el hombre contra la locura de todos.

La guerra no terminaba, la posguerra no empezaba y a la paz no se la esperaba. En ese paréntesis cargado de monstruos, Cernuda, romántico apasionado, que en el 36 luchó voluntario en la sierra de Guadarrama con un fusil al hombro y un tomo de Hölderlin en la chaqueta, que en el 37 gritó contra el fascismo entre el coro de escritores antifascistas que acudió a España para intentar salvar a Europa, en aquella noche del 38 arrastraba sus pasos exiliados por una calleja de Londres mientras una sombra lo seguía.

La sombra era misteriosa. Un hombre. Caminaba solo, lento, fatigoso, como cargando el peso de su tumba. Al llegar a su altura, aquella sombra espectral le dijo al poeta: “¿España? Un nombre. España ha muerto”.

II. Los nietos de los exiliados no votarán en las próximas elecciones españolas. No lo ha querido la derecha y la ultraderecha, no lo ha permitido el Supremo, no lo ha impedido el Constitucional. Hace 20 años no ocurrió nada cuando la Ley de Memoria Histórica reconoció el derecho a la nacionalidad a los descendientes de los españoles salidos de nuestro país entre 1936 y 1955. Ahora sí. Hoy se habla de trampa, de fraude, de pucherazo. Y es lógico: el panorama es muy distinto. El ambiente está polinizado de odio y todo lo malo enseguida germina.

No voy a hablar del voto, con todo el simbolismo que tiene que tantos nietos de exiliados queden castrados de voz ante el probable regreso de la ultraderecha al poder del Estado que expulsó a sus familias. Lo que siento es pena por asistir a esta venganza cometida sobre una vieja venganza. Por la dolorosa humillación que supone. Por la segunda expulsión que se comete contra los exiliados. Por la inhumanidad con la que algunos hablan de ellos. Por la frialdad con la que se piden papeles acreditativos. Vuelven a ser culpables hasta que no demuestren lo contrario. Sísifos errantes.

Desde Chile me escribe Beatriz Lorenzo. A sus padres españoles los expulsó el exilio. También ella tuvo que exiliarse en España en los terribles años de Pinochet. Ida, vuelta, y así va la Historia aunque lo olvidemos. Pero Beatriz me aconseja que no busque conmover. Yo no creo, me dice, que esta mezquindad se entienda mejor a través de la historia triste de un nieto que va a ser despojado de su derecho a voto. Se entiende a partir del justo derecho —en justicia, no en legalidad— a poder heredar sus nietos la nacionalidad, con todos sus deberes y derechos, del país que los expulsó. Que los centrifugó a los cuatro vientos a partir de una victoria que no llevó paz sino venganza. A los que se fueron de España entre 1938 y 1948, me dice, los echó la guerra y la venganza. A los que se fueron hasta 1960 los echó el hambre. ¿Qué hay que demostrar?, me pregunta.

III. El tiempo fue pasando para Luis Cernuda. También las cartas, y los recuerdos, y las chinchetas negras en el negro mapa de su exilio. París, Londres, Glasgow, Cambridge, Oxford, Surrey. Massachusetts, Los Ángeles, Berkeley, Ciudad de México.

Su voz es la voz del exilio español más culto, consciente, profundo. Pero hubo otros exiliados, los sin nombre. Pensaba en ellos esta primavera al acariciar en Buenos Aires las altas puertas del Gran Hotel España. Debajo de su letrero rojo y en medio de aquel vestíbulo estrecho, tan oscuro, tan de calle sin sol, podía imaginar maletas, esperanzas, desilusiones, pérdidas, fríos, melancolías, una herida viva y al otro lado olvidada. Amargos los días de una larga espera.

Seguro que sus historias eran mejores que la de Cernuda. Pero Cernuda tenía la voz. Y con esa voz escribió: “Ellos, los vencedores, Caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro”. Con esa voz, encallada por tanto dolor, a España le advirtió: “Un día, tú ya libre de la mentira de ellos, me buscarás. Entonces, ¿qué ha de decir un muerto?”.

Ya han pasado 90 años. Puede que España recuperase su libertad. Puede que haya simulado recobrar su memoria. Sin embargo, lo que nunca ha apaciaguado es el tormento del exilio. Nunca ha saldado esa deuda. Hay deudas imposibles de saldar.

Un día me buscarás, dijo el poeta.

Qué macabra ironía. A los exiliados y a sus descendientes los busca España ahora. Con un desprecio ideológico freudiano. Con saña administrativa.

Qué metáfora tan brutal: los busca ahora, cuando la calleja se va haciendo más y más oscura. Justo ahora, cuando solo un giro del destino podría apartarnos de esa niebla fanática que el exilio sabe leer.

Hay catástrofes futuras que se avistan mejor desde el pasado. A veces alguien, una sombra, un poeta, viene de allí para susurrarnos España ha muerto.

"LO QUE LES DUELE ES EL BOLSILLO". Luis Arroyo, infoLibre.es

Para mucha gente, el nuestro es casi un estado fallido y “el Sanchismo” un régimen dictatorial al que hay que desalojar

¿Por qué este odio visceral a Pedro Sánchez? ¿De verdad es creíble que la razón sea que pactó hace ocho años con los independentistas catalanes? Los pactos postelectorales y el liderazgo de Sánchez y de Salvador Illa han reducido el independentismo en Cataluña a mínimos históricos y han resuelto el más grave conflicto político de nuestro país en este siglo, junto con el terrorismo de ETA.

¿Nos toman por estúpidos quienes atribuyen al Gobierno una corrupción generalizada en su seno? ¿David Sánchez? ¿Begoña Gómez? ¿El fiscal general? ¿Zapatero? ¿En serio? Ha habido un único caso de corrupción detectado en el Gobierno y el PSOE (el llamado caso Ábalos), de dimensiones bastante pequeñas, por cierto, a pesar de la pena impuesta a los condenados.

¿Bromea quien critica al presidente del Gobierno por la pérdida de relevancia política de nuestro país en el mundo, cuando basta con darse un paseo por Roma o París –no digamos por Nueva York o Buenos Aires– para que cualquiera declare su admiración por la apuesta de nuestro país por la paz, la integración y la igualdad?

¿De qué habla quien afirma que se ha deteriorado el sistema institucional? ¿En qué se ha deteriorado exactamente, excepto en esa erosión de la confianza en la Justicia promovida por una decena de jueces activistas? ¿Cuánto tiempo aguantarían en pie ante cualquier ser con un poquito de criterio y buena voluntad las acusaciones de que el Gobierno quiere matar a una jueza, quedarse con un par de cientos de miles de votos de los nietos de los exiliados, o hacer trampas con el voto por correo?

De acuerdo: hemos estado tres años con presupuestos prorrogados. Más allá de la estética de esa anomalía, favorecida básicamente por Junts, un partido en decadencia, ¿qué problema grave hemos tenido que no hayamos podido abordar con las cuentas 2023? Tenemos desafíos colectivos importantes que afrontar. Pero estamos en uno de los países más funcionales del mundo, en un auténtico paraíso en comparación con casi cualquier otro país.

Es evidente que las encuestas y los indicadores electorales no cuadran con esta versión de España que ofrezco, digamos que casi idílica. Ver algunos programas de televisión, escuchar a los portavoces de Vox y del PP y observar a la legión de activistas y desatados analistas de las derechas españolas es asomarse a un museo de los horrores cuyas deformaciones han calado bien en la población. Para mucha gente, el nuestro es casi un Estado fallido y “el Sanchismo” un régimen dictatorial al que hay que desalojar. Pero, ¿por qué es así si los datos objetivos y la realidad socioeconómica del país son relativamente benévolos?

La respuesta es muy sencilla. El Gobierno de coalición progresista ha trasvasado en estos siete años decenas de miles de millones de euros desde las empresas y las grandes fortunas, al común. Y eso duele al bolsillo de los más poderosos. Por ejemplo: unos 5.800 millones que el Estado ha ingresado del gravamen a la banca y las energéticas en 2023 y 2024. Otros 1.400 millones en ese mismo periodo, que se han ingresado por el impuesto a las grandes fortunas, las que ingresan más de tres millones de euros. Otros 2.000 millones, aproximadamente, por las subidas de dos puntos para las rentas superiores a 300.000 euros, o de cinco para las plusvalías de esa misma cifra.

La subida del salario mínimo ha producido un trasvase de unos 21.400 millones de euros desde los beneficios empresariales a los salarios brutos. Una parte se lo lleva la inflación, sin duda, pero hasta en eso (una inflación provocada básicamente por el idiota de Trump y aliviada por nuestra menor dependencia de las energías fósiles), nuestro país es modélico.

Al mismo tiempo, el Gobierno trata de contener en la escasa medida de sus posibilidades –pues las competencias son regionales– las transferencias que las derechas promueven en sentido contrario, desde la gente a los poderosos: por ejemplo, eliminando el impuesto de sucesiones o destinando más y más fondos a convenios y acuerdos con empresas privadas de los sectores de la Sanidad y la Educación.

Ahí, en el vil metal, está el verdadero activador del odio a Sánchez y los socialistas. Lo percibe uno en las escuelas de negocios, en los think tanks conservadores, entre los consejeros de las grandes empresas o en las patronales y las organizaciones empresariales y en los clubs y gimnasios pijos. De ahí parten la indignación y el odio que luego encuentran eco y acompañamiento en las iglesias y los cuarteles y los juzgados. Parten de los que manejan y acumulan el dinero y lo invierten en publicidad y patrocinios y mecenazgos diversos. Díaz Ayuso, Feijóo y Abascal no son más que los peleles en manos de esos poderes superiores a los que Sánchez y su Gobierno han incordiado todos estos años. ¿Quién dijo que saldría gratis afrentar a los de arriba?

"LOS PERDEDORES". Es la historia nunca antes contada de casi cien mil soldados musulmanes de Marruecos, que combatieron en la Guerra Civil Española y sin los cuales Franco nunca hubiera ganado la contienda.

Gonzalo Fanjul, (2026), “Contra las fronteras”. Como reemplazar un régimen migratorio fallido, Barcelona, Anagrama

Una crítica lúcida al régimen migratorio contemporáneo y sus efectos sobre la democracia.

Las migraciones se han convertido en el campo de batalla moral y político de nuestro tiempo. Entre el miedo, la hipocresía y la propaganda, los Estados levantan muros que no detienen los flujos de movilidad, pero sí erosionan derechos, alimentan la desigualdad y debilitan la democracia. El investigador y activista Gonzalo Fanjul denuncia en este ensayo el régimen migratorio actual y propone alternativas realistas para gobernar la movilidad humana de forma más justa e inteligente. Porque el problema no es que la gente se mueva, sino cómo conseguir que todos ganemos con ello.

 

"GONZALO FANJUL: “LA MIGRACIÓN ES LA MEJOR NOTICIA QUE PUEDE RECIBIR LA SOCIEDAD”. Carmen Morán Breña, El País

El camino a las urnas se abre en España con un elefante atravesado en medio: la migración. Si se trata de vivienda, se tratará de migración; si de sanidad y educación, de migrantes; y jalonando todo el trayecto estará la crisis de Ceuta, que a buen seguro impedirá cualquier debate propositivo. Es improbable que la derecha suelte ese hueso que tanto rédito electoral le proporciona en todo el mundo, la clave está en el modo que elija la izquierda para encarar el asunto. Sobre todo ello habla Gonzalo Fanjul (Oviedo, 55 años), director de Investigaciones de la Fundación Por Causa, que busca un nuevo tratamiento para el desplazamiento de las poblaciones. Este economista opina que la mejor fórmula para abordar la migración es el orden, pero no solo mediante controles fronterizos, sino un sistema de gobierno que ordene el empleo y el bienestar de los migrantes, porque de lo que no le cabe duda es de que son fundamentales en las sociedades que les acogen: la demografía manda. El libro que acaba de publicar tiene un titular elocuente, Contra las fronteras, editado en los Cuadernos Anagrama, donde disecciona con brevedad y claridad expositiva el momento y las soluciones al elefante que se ha cruzado en la política, la economía y la sociedad.

Fanjul se fijó en el programa electoral de los socialdemócratas suecos, que han ido a elecciones recientemente, por ver si estaban en la línea restrictiva de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, o tomaban otra senda. Se sorprendió: “Me di cuenta de que habían decidido no hablar de migración, sino mencionar, sencillamente, los temas que preocupan a la gente. Y en realidad, la buena política migratoria se deriva de la buena política del bienestar. Si tú planteas un estado de bienestar ambicioso, en materia de vivienda, de educación o de salud, inevitablemente vas a tener que alimentar la base de la pirámide, porque vivimos en sociedades envejecidas donde hace falta mano de obra y empleo de calidad. Lo que hay que hacer es incorporar a esa población no solo a la solución económica, sino a la solución política también, encontrando discursos que no distingan entre migrantes y nacionales, sino que los incorporen, y ahí es donde yo creo que la izquierda tiene un desafío”.

Parafraseando al economista Branco Milanovic, defiende Fanjul que la desigualdad ya no es un factor de clase, o no solo, sino más bien de localización, es decir, de dónde le ha tocado a uno nacer, da igual lo meritorio de tu esfuerzo, si naces en según qué país, las oportunidades te dan la espalda. Pero las clases existen, y se quejan. El ‘pobres contra pobres’ se deja sentir. “No solo queremos evitar que se deteriore el sistema de reglas que tenemos, no solo queremos una propuesta proactiva en materia de movilidad laboral, sino que además, y ese es el tercer elemento clave, tenemos que conseguir que esto sea recibido y percibido como algo que opera en beneficio de todas las partes involucradas. Aquí de lo que estamos hablando es de la conformación de una nueva clase obrera, si se quiere plantear en esos términos, pero de una clase trabajadora que es diferente a la del pasado. Y el error de la izquierda, yo creo, es haber caído en la trampa de seguir distinguiendo entre nativos y migrantes de una manera casi patológica”.

Esos compartimentos estancos, sostiene, atrapan a los reformistas en una esquina defensiva, en lugar de plantear “cuál es el modelo del Estado de Bienestar que requieren las comunidades de hoy y del futuro, inevitablemente más diversas. Porque lo que es estructural es la transición demográfica”.

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"El sistema de pensiones privadas que propone la derecha en España arruina la jubilación de millones de chilenos". Juan Torres López, ctxt.es

En plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre, la derecha española ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja receta: sustituir, en todo o en parte, el sistema público de pensiones basado en la solidaridad por la capacidad que cada persona tenga de ahorrar a lo largo de su vida laboral.

El responsable económico de Vox, José María Figaredo, ha afirmado que el sistema público de pensiones, que paga cada mes a unos diez millones de personas, "es un zombi" y "está quebrado". Su receta es la reforma hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual y no está solo en la propuesta. El Partido Popular lleva años preparando el terreno para que se lleve a cabo. En 2014, Esperanza Aguirre defendió ante la Convención Nacional del PP que las cotizaciones se considerasen un capital que pertenece a cada trabajador, compatible con los criterios de capitalización de las compañías de seguros. El Gobierno de Rajoy optó por el camino gradual de estimular los planes privados con ventajas fiscales y facilidades de rescate. Formas distintas, más bruscas o más suaves, de ir en la misma dirección, la de trasladar la jubilación desde un derecho colectivo hacia el ahorro individual invertido en los mercados financieros. Aunque hay que señalar por pura honestidad que esta idea no es patrimonio exclusivo del PP y de Vox. Es, en realidad, el programa de la derecha económica, de la banca y de sus centros de estudio, y a veces ha encontrado acomodo en el propio PSOE. Fue un Gobierno de Felipe González el que reguló en 1987 los planes y fondos de pensiones privados y el ministro José Luis Escrivá, ya con Pedro Sánchez de presidente, impulsó en 2022 una ley para impulsar los planes de pensiones de empleo con fondos de promoción pública.

Por eso es muy importante entender que, detrás de esa expresión amable de "modelo mixto", hay un cambio radical que pone en peligro el bienestar de las personas que se jubilan sin disponer de grandes patrimonios.

En un sistema de reparto, como el español, las cotizaciones de quienes trabajan hoy pagan las pensiones de quienes hoy están jubilados. La pensión es un derecho reconocido por ley y garantizado por el Estado y su cuantía se conoce de antemano porque depende de lo cotizado y de los años trabajados, no de lo que pase en la Bolsa. En un sistema de capitalización, por el contrario, cada trabajador ahorra en una cuenta individual y una gestora privada invierte ese dinero en los mercados financieros. La pensión que reciba cuando se jubile no está asegurada, sino que será lo que haya en la cuenta el día de la jubilación, sea mucho o poco, según la evolución de la inflación y los mercados financieros.

Quienes defienden la capitalización para evitar, según dicen, la insostenibilidad de las pensiones públicas, siempre omiten lo fundamental: es un sistema mucho más inseguro, menos rentable, más peligroso y, sobre todo, perjudicial para las rentas más bajas.

No es verdad que la capitalización resuelva el problema que dice resolver, el de la insostenibilidad de las públicas por razones demográficas, porque "en el futuro habrá muchos viejos y pocos trabajadores cotizando".

Las pensiones, se financien como se financien, siempre se pagan con lo que se produce cada año. Un fondo privado no guarda pan ni medicinas para dentro de cuarenta años: guarda acciones y bonos que habrá que vender cuando llegue la jubilación. Y, si de verdad hubiera menos trabajadores produciendo y menos ahorro, también habría menos compradores para esos activos que quienes se vayan jubilando tendrán que vender para obtener dinero líquido. Si las pensiones públicas estuvieran amenazadas por un problema demográfico exactamente igual lo estarían los fondos privados.

Además, los fondos privados de pensiones rinden mucho menos de lo que prometen. Según los datos de INVERCO que analiza Ignacio Zubiri, los fondos españoles con 25 años de antigüedad apenas han logrado una rentabilidad real del 0,42% anual. Como ha señalado Zubiri, "bajo supuestos razonables, ahorrando durante 20 años el 10% de su salario, el trabajador obtendría una pensión que no llegaría al 10% de su último salario. Y con 30 años, su pensión no llegaría al 15% de su último salario".

Los fondos de pensiones privados también son extraordinariamente inseguros. Si los mercados caen, como en 2008 y en otras muchas ocasiones, la pensión privada se hunde. Se volatiliza total o parcialmente. Aunque la gestora, eso sí, cobra siempre.

Tampoco dicen quienes defienden el tránsito a la capitalización que el cambio que habría que hacer desde el sistema actual es carísimo. Tanto, que se puede decir que es inviable hacerlo. Habría que seguir pagando las pensiones de reparto mientras las cotizaciones se iban desviando a cuentas privadas, de modo que una generación tendría que pagar dos veces.

Por supuesto, se omite también que los sistemas de capitalización multiplican la desigualdad. Las personas con salarios bajos, en situación de precariedad, quienes hayan tenido carreras interrumpidas y, sobre todo, las mujeres arrastran esa desventaja hasta la vejez sin ningún mecanismo solidario que las compense.

¿Por qué entonces se defiende que se pase a un sistema de pensiones privado que tiene muchos más defectos objetivos, peligros financieros e inconvenientes que el sistema público?

La respuesta es sencilla: transferir al sector financiero la gestión de la enorme masa de ahorro y dinero que suponen las pensiones públicas es un negocio gigantesco.

Nada de lo anterior es teoría. En Chile hicieron todo esto y lo que allí ha ocurrido es lo que debe tomarse como referencia y aviso a navegantes.

La dictadura de Pinochet impuso en Chile, en 1980, la capitalización individual a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Aunque, significativamente, hubo dos colectivos a los que dejó fuera del experimento y que conservaron el viejo sistema público: los militares y los policías. Los arquitectos del modelo sabían bien cuál de los dos sistemas era mejor.

Los resultados después de varias décadas confirman el diagnóstico y lo ocurrido justo este año lo resume todo. Las siete AFP, que controlan activos por unos 229.000 millones de dólares y son la única fuente de ahorro para la jubilación de la mayoría de los chilenos, se lanzaron en los dos últimos años a comprar productos financieros que les darían beneficios si los tipos de interés estadounidenses seguían bajando. Pero ocurrió lo contrario y han registrado pérdidas que rondan los 7.700 millones de dólares. El golpe más duro lo recibió el fondo más conservador, el que se recomienda a quienes están a punto de jubilarse, y lo que perdieron no se evaporó: lo ganaron bancos como Société Générale, Bank of America o BNP Paribas.

La reacción de los responsables del fiasco tampoco tiene desperdicio. El presidente de la patronal de las AFP se negó a hablar de pérdida y la llamó "valorización económica del fondo", y un consejero técnico de la propia Superintendencia propuso como remedio que quienes estén a punto de jubilarse aplacen su retiro hasta que el mercado se recupere.

Y Chile no es una excepción desafortunada. La Organización Internacional del Trabajo ha documentado que, de los treinta países que privatizaron total o parcialmente sus pensiones entre 1981 y 2014, dieciocho tuvieron que revertir la reforma, entre ellos Argentina, Hungría, Polonia y Bolivia.

Es mentira que el sistema público de pensiones esté quebrado. Su sostenibilidad depende de decisiones políticas que determinan la distribución de la renta, de la evolución de la productividad, del empleo, de los salarios y de cómo se financie. Lo que hay que hacer es blindarlo frente a quienes, como en Chile, quieren convertir nuestras pensiones en un negocio privado.

El 29 de noviembre también se decide eso. Vox lo ha dicho sin rodeos, y el PP lleva años abonando el terreno con incentivos fiscales a los planes privados, con discursos sobre la quiebra del sistema y con la idea de que las cotizaciones son un capital individual.

Y si alguien tenía dudas, las ha despejado uno de los grandes altavoces mediáticos de la derecha. El director de OKDiario, Eduardo Inda, comentaba en el programa Milenio las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que había puesto en duda el futuro del sistema público, y pidió silencio: «Cállate con las pensiones, que es un tema sensible». "Que hablen -dijo- el 30N o cuando ya estén formando gobierno». No le pidió al PP que garantizara las pensiones, sino que no hablara de ellas hasta que los votantes ya no pudieran tenerlo en cuenta.

Esto es lo que está en juego en las próximas elecciones.