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| Mercedes Alaya, en una imagen de archivo llegando al TSJA |
In memoriam de Marina Martín, que fuera víctima de su señoría.
Hay jueces que administran justicia. Y hay jueces que, por una mezcla de protagonismo y una extraordinaria capacidad para convertir un procedimiento en espectáculo, terminan administrando también titulares, carreras políticas y reputaciones. Mercedes Alaya pertenece a esa estirpe de jueces estrella. No porque pueda atribuirse sin pruebas una militancia partidista, sino porque algunas de sus decisiones tuvieron consecuencias políticas extraordinarias y plantean una pregunta incómoda: ¿quién controla al controlador cuando el poder de un juez puede triturar vidas antes de que exista una sentencia firme?
Durante años, Alaya fue mucho más que una magistrada conocida. Fue un personaje: la protagonista de una instrucción convertida en serial por entregas, con detenciones, registros, declaraciones y titulares que alimentaban una trituradora reputacional. La presunción de inocencia parecía un principio demasiado lento para el ritmo de las portadas.
Conviene recordar algo elemental: una persona investigada no es una persona condenada. Parece una obviedad, pero hubo políticos y funcionarios cuya condena social llegó mucho antes que cualquier resolución judicial. La fotografía de unas esposas, el desfile ante los medios y la sospecha repetida hasta adquirir apariencia de verdad pueden destruir una reputación que después ningún archivo consigue reconstruir.
El caso de Marina Martín resulta especialmente doloroso. La exdelegada de Empleo en Granada fue detenida dos veces en 2015 durante las operaciones relacionadas con los cursos de formación. En 2016, la pieza política de aquella causa quedó archivada y 24 exresponsables del SAE, entre ellos Martín, quedaron exonerados; la Fiscalía Anticorrupción había pedido también el archivo. La prensa recogió entonces que Martín había sido detenida y esposada delante de sus hijos. Años después, la causa llegó incluso a reabrirse.
Y ahora llega la UCO, precisamente la unidad policial central en aquella macrocausa, para decir que la expresión «red clientelar» no formó parte de sus atestados y que no investigó una trama política concebida para beneficiar al partido gobernante. El último atestado, conocido en septiembre de 2026, descarta esa hipótesis como tesis policial. No significa que toda irregularidad desaparezca: el informe mantiene anomalías y descontrol en determinados expedientes. Pero obliga a preguntarse qué parte de aquella historia estaba realmente acreditada y qué parte fue una interpretación convertida en dogma.
Porque una instrucción judicial no es un programa de televisión. Una detención no es un trofeo. Un registro no es una condena. Una investigación no es una sentencia. Y el sufrimiento causado por una decisión judicial tampoco queda compensado cuando, años después, llega un archivo.
La historia de los ERE ofrece otra lección. El Tribunal Constitucional ha anulado o corregido condenas de altos cargos en sentencias en las que apreció vulneraciones de derechos fundamentales, entre ellas del principio de legalidad penal y de la presunción de inocencia. Eso no borra las irregularidades acreditadas en la gestión de aquellos fondos. Pero demuestra algo esencial: hasta las sentencias judiciales pueden equivocarse y deben estar sometidas a controles. La justicia no se vuelve infalible porque lleve toga.
Por eso resulta tan peligrosa la fascinación por los jueces estrella. Una democracia constitucional no necesita magistrados convertidos en héroes ni villanos, ni jueces que parezcan disputar espacio a los partidos. Necesita jueces sobrios, rigurosos, independientes y conscientes de que detrás de cada expediente hay personas, familias, trabajos, hipotecas, hijos y vidas que no pueden ser restituidas con una providencia.
Porque cuando un procedimiento sirve durante años para instalar la idea de que existe una trama y después la propia investigación policial niega que esa trama formara parte de su hipótesis de trabajo, alguien debería explicar qué ocurrió. No para ajustar cuentas con una jueza, sino para proteger a los ciudadanos de una justicia que pueda convertirse, aunque sea involuntariamente, en una máquina de destrucción reputacional.
Y queda la pregunta que ningún archivo puede responder: ¿quién resarce a los hijos de Marina Martín por los años de miedo, humillación y estigma que padecieron al ver a su madre detenida? ¿Quién devuelve a las personas investigadas el empleo, la tranquilidad, el dinero gastado en abogados, el prestigio perdido y los años vividos bajo sospecha? ¿Quién repara a quienes fueron presentados como piezas de una supuesta trama que después no ha podido sostenerse en los términos en que fue planteada?
El Estado de derecho tiene mecanismos para investigar, acusar, juzgar y corregir errores. Lo que todavía no tiene es una máquina del tiempo. Y esa debería ser la primera lección para cualquier juez estrella: antes de pulsar el botón de la espectacularidad, conviene recordar que, al otro lado del expediente, no hay figurantes. Hay vidas.





