domingo, 9 de agosto de 2026

"TUCÍDIDES Y EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL". Máriam Martínez-Bascuñán

Una corte sin ejército toma prestadas las manos de los gobiernos que juraron ejecutar sus fallos, y estos prefieren la excusa antes que detener al aliado

Vivimos en el mundo real, gobernado por la fuerza y el poder según leyes de hierro que rigen desde el principio de los tiempos. La frase, enunciada por el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Stephen Miller, pretende sonar a diagnóstico y se parece a aquella de Tucídides (“Los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben”), citada hoy como fórmula para explicar que el orden internacional cambia por debajo de nuestros pies. El supuesto realismo se presenta como lo contrario de la fantasía porque dice ver el mundo como es, sin ilusiones ni ideología. Pero la fantasía, nos dice Iris Murdoch, no es soñar con lo que no hay, sino construir un relato que nos exime de mirar, quizás porque no queremos ver que detrás de esa ley de hierro hay alguien decidiéndola. En el mundo real, por ejemplo, hay once altos cargos del Tribunal Penal Internacional con las cuentas bloqueadas por una orden ejecutiva de Donald Trump, una ofensiva declarada del secretario de Estado, Marco Rubio, que ni se molesta en disimular su propósito, y una declaración presidencial diciendo que Benjamin Netanyahu no será detenido en suelo estadounidense.

La lógica es perversa. Washington no se repliega del mundo: quiere otro. Lo que Rubio pretende desmontar no es el orden internacional sin más, sino uno concreto, el liberal y universalista, el de la ley que aspira a valer para todos por igual. Mientras, financia una infraestructura civil europea afín que haga emerger su alternativa: una derecha civilizatoria transnacional con su propia idea de quién pertenece a Occidente y quién no. Este internacionalismo rival pone en el punto de mira al TPI porque encarna, con todas sus limitaciones, la universalidad que dice combatir. Pero conviene preguntarse cuánto vale esa universalidad el día en que se la somete a prueba. El Tribunal cumplió su parte: ordenó detener a Vladímir Putin y a Netanyahu. Pero los Estados no se movieron. Un tribunal sin ejército toma prestadas las manos de los gobiernos que juraron ejecutar sus fallos; y esos gobiernos, los europeos, prefieren el tecnicismo, la excusa o la alfombra roja antes que detener al aliado.

La ofensiva contra el TPI no pasa solo por Washington. El viernes, la Asamblea de los Estados que la fundaron destituyó al fiscal Karim Khan, el hombre que firmó las órdenes contra Putin y Netanyahu. El motivo: una acusación de conducta sexual inapropiada que una investigación interna no llegó a esclarecer, y que tres jueces no dieron por probada con el criterio, más exigente, del derecho penal. No sostengo que la acusación sea falsa: hay una mujer que la mantiene y merece ser escuchada. Sostengo algo compatible con que sea cierta: que el momento elegido para zanjarla dice más sobre los Estados que sobre Khan. Los mismos que no ejecutan la orden contra Netanyahu apartan ahora al fiscal que la firmó, despachando un asunto de personal con la conciencia tranquila de quien se ocupa de un trámite. El ensayista palestino Abdaljawad Omar lo llama “estupidez moral”. Se refiere al modo en que, quien lo sabe todo (quién firmó las órdenes, contra quién y por qué molestaban) se las arregla para parecer razonable y no sentirse cómplice de nada, mientras se niega a perseguir a criminales de guerra confesos. Fabricamos nuestros propios relatos para dejar de ver, para convertir la destitución en fenómeno, pero un tribunal no cae porque unas cuentas bancarias se congelen solas. La ley de hierro no es una descripción del mundo: es la coartada por anticipado de quienes van a decidir cómo será el nuestro.

viernes, 7 de agosto de 2026

"CONDENA ANTES DEL JUICIO". Baltasar Garzón, infoLibre.es

Cuando la sospecha sustituye a la prueba, la víctima no es solo un investigado concreto sino el propio Estado de derecho
 
"Noticias falsas, calumnias, que calientan al pueblo y piden justicia. Es un linchamiento, un verdadero linchamiento. Y así, lo llevan al juez, para que el juez le dé forma legal, pero en realidad ya ha sido juzgado. El juez debe ser muy valiente para ir contra un juicio hecho así, popular, hecho a propósito, preparado… es un modo de hacer jurisprudencia" (Papa Francisco. Homilía de Santa María, 28/4/20).

Hay condenas que dictan los tribunales y otras que emite la opinión pública mucho antes de que un juez pronuncie una sola palabra. Las primeras pertenecen al Derecho; las segundas responden a la política, la comunicación y la necesidad de transformar la sospecha en certeza. En esa tensión se mueve hoy buena parte del debate sobre la presunción de inocencia en España, un derecho que la Constitución reconoce de forma expresa y que se ve cada vez más expuesto a una erosión práctica, difícil de corregir.

La garantía del artículo 24.2 de la Constitución nunca tuvo un respaldo jurídico tan sólido ni una fragilidad social tan visible. No porque los tribunales hayan renunciado a protegerla, sino porque el proceso penal ya no transcurre solo en los juzgados: convive con un proceso paralelo, inmediato y emocional —filtraciones, declaraciones políticas, titulares, redes sociales— que no conoce reglas de prueba ni respeta la contradicción, y que, sin embargo, influye de manera creciente en la percepción pública de cualquier procedimiento.

No se trata de cuestionar la libertad de información ni la crítica política, esenciales en democracia. El problema aparece cuando esas lógicas invaden el proceso penal, cuya única finalidad legítima es determinar, con pruebas valoradas con todas las garantías, si una persona ha cometido o no un delito. Confundir esos planos desnaturaliza el único que puede restringir legítimamente la libertad de un ciudadano.

La investigación seguida contra el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra ilustra esa tensión. No porque permita anticipar ninguna conclusión sobre el fondo —algo incompatible con el respeto a la función jurisdiccional—, sino porque muestra cómo una causa penal puede convertirse desde sus primeras fases en un espacio de confrontación política y mediática que termina proyectándose sobre las propias garantías procesales. Lo significativo no ha sido solo la intensidad del debate, sino la reacción ante una decisión perfectamente legítima: que el investigado decidiera declarar primero ante el juez y reservar allí sus explicaciones, opción que forma parte del núcleo del derecho de defensa y que algunos han leído como opacidad o indicio de culpabilidad. Ahí está una de las claves del problema. CONTINUAR LEYENDO

jueves, 6 de agosto de 2026

"NO ES ‘LAWFARE’, ES OTRA COSA". José María Calero Martínez, El País

 El sistema de enjuiciamiento criminal español, que debía ser provisional, lleva vigente más de un siglo; ese es el verdadero problema

¿Qué cree usted que es más importante: conseguir una condena o asegurar un juicio justo?

Para afrontar este sugerente dilema haga el esfuerzo de imaginar por un momento que ha sido detenido y espera su turno para declarar ante el juez en un calabozo. No se ría; tómeselo en serio, nos puede pasar a cualquiera: su socio dice que se ha llevado dinero de la empresa, un trabajador a su cargo se ha caído del andamio, la chica del sábado loco dice que usted se pasó de la raya, el grupo municipal denuncia que su licencia de obra fue fraudulenta. Todos podemos ser imputados algún día. ¿Ya se ve en el calabozo? Pues desde esa posición, sentado en el banco de piedra, mirando sin interés las groseras pintadas de la pared, vuelva a leer la pregunta inicial y conteste.

Por supuesto, lo importante es asegurar un juicio justo.

Si hice algo mal, que me condenen; pero sin abuso, sin denigrarme delante de mi familia y mis amigos, sin dar por supuesto lo que dice la policía o el fiscal que, como todos, pueden confundirse. Sin juicio justo, la condena penal es simplemente una salvajada.

Pero ¿cómo puede asegurarse un juicio justo? Pues solo se me ocurre una vía: controlando la investigación y los investigadores para que no incurran en abuso, en suposiciones, en filtraciones denigrantes, en insano exhibicionismo.

Pues bien: ¿saben qué pasa en España? No es lawfare, es otra cosa. El problema es que nuestro proceso penal no resuelve bien ese problema esencial de controlar la investigación. El sistema procesal penal español vigente es muy antiguo. Procede de la Inquisición y según su diseñador (Alonso Martínez) tenía que ser provisional, para no pasar bruscamente de un sistema inquisitivo medieval a un sistema acusatorio que —ya decía él, a finales del siglo XIX— es el propio de “las naciones cultas de Europa y América”. Pero como somos así en este país, resulta que el sistema procesal que tenía que ser provisional, sigue vigente siglo y medio después. Ha habido reformas parciales, parches. Pero la prueba de que aquel sistema inquisitivo mixto sigue vigente es que aun mantenemos la figura del juez de instrucción.

Recuerdan que ya dijimos que la clave de un juicio justo era controlar la investigación. Pues precisamente eso es lo que de manera generalizada y sistémica falla en España, porque la misma persona que tiene que investigar, tiene también que controlar la investigación. Y, claro, eso es imposible. El juez de instrucción es juez y parte. Como han visto en los interrogatorios retransmitidos por televisión, el juez de instrucción pregunta y busca el descubrimiento de los delitos como un fiscal, se refiere al trabajo de la policía como propio. No es imparcial. Ese es el tremendo fallo de nuestro sistema procesal: un juez que no es imparcial, un fiscal disfrazado de juez, un fiscal que dicta resoluciones. Este es el sistema procesal, conocido como mixto o inquisitivo mixto, que debía haber sido provisional y se ha enquistado hasta fijarse a nuestra mentalidad como cemento: ese es el problema. Entre nuestras aficiones ancestrales destaca la tendencia a buscar culpables, a ser posible en los de enfrente. Perdemos la ocasión de analizar los problemas atendiendo a datos objetivos, a errores en el diseño de los procesos.

Para explicar lo que está pasando en los juzgados penales españoles, para entenderlo bien hay que sentarse por un momento en el calabozo y pensar en lo que te espera. Un juez que investiga; ¿cómo dice?; lo que ha oído.

No es lawfare. Es un sistema procesal que no resuelve bien el principal problema para obtener un juicio justo, el control de la investigación. Y por eso sufrimos en España una pandemia de investigaciones penales descontroladas en la que el objetivo de la condena es preferido al del juicio justo. Una nueva versión renovada de la Inquisición en plena era digital: arden en la plaza pública de los programas de periodismo amarillo chillón y en la sangrante burla de las redes sociales, decenas, cientos de investigados privados de todos sus derechos y garantías procesales a quienes, bajo esta nueva forma perfeccionada de tortura, se les propone como única salida la confesión. Y cuando se produce, provoca los vítores entusiastas y los aplausos enfervorizados del respetable, pegado al móvil y a la pantalla de la televisión con esa mirada enferma y babeante que tanto nos recuerda la de aquellos súbditos de la gleba, espectadores del ahorcamiento o la quema del hereje en la hoguera de la plaza mayor.

No es lawfare; es el espectáculo lamentable de un modo de investigar los delitos que provoca vergüenza ajena.

domingo, 2 de agosto de 2026

"ESCLAVOS EN LA SIERRA TARAHUMARA (México). Equator.org

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en una
operación de búsqueda en un campo de trabajo forzado abandonado,
controlado por narcotraficantes, en la Sierra Tarahumara (2018) 

Durante los últimos cinco años, las periodistas Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff han estado investigando los campos de trabajos forzados dirigidos por cárteles de la droga en la sierra tarahumara, en el estado mexicano de Chihuahua.

En un informe histórico, localizaron y entrevistaron a víctimas de esta operación criminal: hombres secuestrados, mantenidos en cautiverio en las montañas y obligados a cultivar drogas en condiciones extremas, sin remuneración, a menudo durante años. La existencia de estos campamentos es un secreto a voces en Chihuahua, tolerado por las autoridades. Este es el retrato más detallado hasta la fecha de la vida dentro del creciente sistema de narcoesclavitud en México, y Equator se enorgullece de publicar una versión editada del informe completo .

A continuación, un extracto del ensayo. Lea nuestro artículo en equator.org.

sábado, 1 de agosto de 2026

"QUE LOS JUECES DEL SUPREMO SE PRESENTEN A LAS ELECCIONES". Joaquín Urías, elDiario.es

Imagen de archivo de personas migrantes haciendo
cola en L'Hospitalet de Llobregat para la regularización
Estos magistrados simplemente no comparten la política de inmigración del Gobierno. Su iniciativa es política, aunque la revistan con ropajes jurídicos construidos 'a posteriori'

El proceso de regularización de inmigrantes es algo más que una de las medidas estrella de Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de una de esas iniciativas que marcan políticamente todo un gobierno. Sobre todo, porque afronta de manera audaz una cuestión que sus oponentes han traído al centro del debate político. Y lo hace rompiendo con las asunciones que sus contrincantes ideológicos han venido presentando como indiscutibles. Una vez que en toda Europa la ultraderecha ha colocado a la inmigración en el centro de las preocupaciones ciudadanas, los conservadores se han limitado a comprar el discurso de las expulsiones. Frente a ellos, Sánchez opta por la regularización y abre la posibilidad de un paradigma totalmente diferente.

Así es como se hace la auténtica política, se esté o no de acuerdo con el contenido. Elegimos a nuestros representantes para que desarrollen iniciativas como esa.

La regularización ha cogido con el paso cambiado a los gobiernos de otros países que se habían resignado a la mano dura y ha incendiado a la derecha patria. Convencidos de que ellos debieron ganar las elecciones, Vox y PP consideran ilegítimo al Gobierno de Pedro Sánchez desde el día mismo de su designación parlamentaria. Es un sentimiento que se exacerba las pocas veces que el ejecutivo toma medidas verdaderamente políticas capaces de transformar la sociedad.

Sin embargo, la lógica de nuestro sistema constitucional es la que es. Y ni con los diputados que ahora tienen ni con las encuestas de previsión de votos pueden hacer nada para evitar que el Gobierno gobierne.

O casi nada. Porque, desde hace décadas, en nuestro país cuando a un grupo no le gusta las medidas que legítimamente toma un gobierno de signo contrario lo lleva a los tribunales. Es lo que los académicos llaman judicialización de la política.

Formalmente, se trata de controlar la regularidad de las medidas de gobierno y es algo legítimo. Cada vez más, sin embargo, es un modo de sustituir la acción política por la judicial. A demasiados jueces les puede el activismo. Renuncian a autorrestringirse y resuelven aplicando una interpretación ideológica de las normas, por decirlo suavemente. Aunque lo revistan de argumentación jurídica, en esencia sustituyen las valoraciones de los órganos políticos y administrativos por las suyas propias.

Las primeras demandas contra el proceso de regularización las presentaron Vox y la Comunidad de Madrid.

El tema de fondo aún se está tramitando, pero en este caso la pelea trascendental es la de la suspensión: los recurrentes no buscan tanto tener razón como que, mientras se decide si la tienen, la justicia deje en suspense la aplicación de la norma. De esa manera paralizan el proceso e impiden que ningún extranjero regularice su situación por ahora. O definitivamente, si alcanzan la victoria en las elecciones del año que viene y anulan la medida antes de que vuelva a estar en vigor.

La primera batalla la perdieron hace unos meses. Resolviendo sobre el recurso de Vox y la Comunidad de Madrid, una mayoría de jueces entendió que no había riesgo de un daño irreversible que aconsejara interrumpir cautelarmente el proceso de regularización.

Hubo dos magistrados disidentes. Estaban a favor de dejar en suspenso la regularización y lo hacían con argumentos sobre su maldad. Evidentemente, la regularización no les gusta. Casualmente, se trata de dos jueces muy cercanos al Partido Popular. Y casualmente, esos mismos dos jueces, junto al que fue la punta de lanza de los populares en el Supremo durante años, acaban de poner en marcha una estratagema aprovechando que ahora tienen que resolver los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón. Básicamente, antes de decidir sobre la suspensión van a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la regularización se opone a alguna norma europea.

Plantear una cuestión judicial ante el máximo órgano judicial de la Unión Europea es una libre facultad de todo juez que crea que una norma española se opone a otra de derecho comunitario. Sin embargo, los tres magistrados disidentes fundamentan esta contradicción con argumentos estrictamente políticos o cogidos por los pelos.

Sin citar reglas europeas específicas, plantean que ningún país de la UE puede aprobar una regularización por sí solo. Contra la decisión del Gobierno español invocan principios genéricos como la obligación de hacer una “gestión eficaz” del retorno de irregulares. O el principio de “cooperación leal”, que creen que impondría haber negociado antes con la Comisión. Incluso alegan un supuesto “principio de solidaridad” con otros países. En definitiva, conceptos vagos que los tres magistrados montaraces interpretan según su propia visión del mundo y de la inmigración. Reiteradamente, se quejan de que el Gobierno español está actuando por razones políticas y no por lo que ellos creen que es el interés general pero no es más que su propia ideología.

Lo cierto es que ningún precepto del pacto migratorio aprobado en el 2024 ni del resto de normativa en vigor prohíbe a un Estado tener su propia política en materia de regularización. De hecho, el acervo comunitario se preocupa más de recoger unos derechos mínimos de los inmigrantes que de poner un tope a que se les amplíen. Incluso el art. 6.4 de la Directiva de Retorno reconoce expresamente que el Estado puede eximir al migrante de la obligación de retorno o paralizar una expulsión ya decretada.

Da igual. Porque no se trata de derecho.

Estos jueces del Tribunal Supremo simplemente no comparten la política de inmigración del Gobierno. Su iniciativa es política, aunque la revistan con ropajes jurídicos construidos a posteriori. Todo indica que quieren usar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para argumentar sobre los males catastróficos de la regularización y presionar así para suspender su aplicación, ahora que 1,2 millones de personas han formalizado sus solicitudes.

No sabemos si lo conseguirán. Pero sí sabemos que el sistema democrático exige que las decisiones políticas las tomen órganos con legitimidad democrática para ello.

A los jueces les corresponde aplicar las normas aprobadas por el poder político. Solo pueden anularlas o inaplicarlas si se oponen a otras normas. Por más que muchos magistrados se sientan activistas llamados a hacer lo que puedan contra el Gobierno de izquierdas, esa no es su función constitucional. Por el mero hecho de haber aprobado una oposición, no pueden imponernos al resto de la sociedad sus ideas. Tampoco pueden impedir que el Gobierno gobierne. Si de verdad quieren funcionar así, en vez de dictar estas resoluciones desvergonzadas lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones. Lo contrario resulta todo menos democrático.

jueves, 30 de julio de 2026

"OPERACIÓN HERODES: LA OFENSIVA DE VOX CONTRA LOS NIÑOS". Sergio del Molino, El País

 La formación ultra retira la paga de 17 eurazos a un grupo de chavales extranjeros

Bravos y valientes, nuestros patriotas sulfurosos ya luchan a brazo partido por imponer la “prioridad nacional” y hacer España grande (y una, y libre) otra vez. Para ello, no temen enfrentarse a los más temibles enemigos. Impasible el ademán, acaban de protagonizar un hito en la lucha por la españolidad: la delegación aragonesa de Vox le ha quitado la paga a un grupo de chavales extranjeros bajo la tutela del Gobierno autonómico. La Administración, en un dispendio woke intolerable, les concedía una propina semanal de 17 eurazos (quién los pillara), para que llevasen algo en el bolsillo si salían a darse un garbeo y tenían que pillar el autobús de vuelta. Pues se acabó lo que se daba. Los 17 euros serán solo para los menores españoles tutelados. Los extranjeros, que recurran al trueque o que los roben.

Propongo dedicar el dinero ahorrado por la supresión de la paga a la erección de un monumento a los patriotas de esta gloriosa victoria. La estatua debería representar a un cargo de Vox, con traje y corbata, robándole la cartera a un chiquillo de rasgos magrebíes que suplica arrodillado. Si se quiere acentuar el triunfo de la España inmortal, el escultor puede representar al patriota carterista riéndose a grandes carcajadas.

Vamos, queridos amigos de Vox: España es un patio de colegio, y vosotros, sus legítimos matones. Que no escape ningún niño sin que le robéis la merienda y los cromos.

No sé qué otras hazañas emprenderán los nuevos Roberto Alcázar y Pedrín contra la invasión que sufre España. Aún hay muchos hijos de inmigrantes comiendo helados y chuches impunemente por las plazas, donde también juegan al fútbol, los muy sarracenos, dejando en ridículo a los nacionales con regates imposibles. Lo de Lamine Yamal no puede repetirse: algún voluntario de Vox debe pinchar esos balones antes de que los chavales que los patean sean seleccionados para otro Mundial. A esta ofensiva contra la infancia podríamos llamarla Operación Herodes.

Bien está que Vox aprenda de los errores de la historia. Las revoluciones de antaño se hacían contra reyes y zares, y eso daba mucho trabajo e implicaba demasiados riesgos. Había muchas posibilidades de fracaso, porque los reyes suelen vivir en palacios fortificados y tienen ejércitos que no dudan en abrir fuego contra los asaltantes. Escarmentada en sus enemigos comunistas, la ultraderechita cobarde española no plantea batallas que puede perder. Los niños extranjeros a menudo no tienen ni padres que los cuiden. Están ahí mismo, vulnerables, blancos perfectos de todos los odios racistas. En su contrarrevolución, Vox se busca enemigos más que asequibles, a la altura de sus principios morales.

miércoles, 29 de julio de 2026

"CIRCO SIN PAN". Irene Vallejo, El País

FERNANDO VICENTE
El espectáculo ha devenido en estructura profunda de nuestro mundo. Es el sol que nunca se pone en el imperio de la pasividad moderna

Las celebridades nos persiguen, nos asedian, nos acosan con ubicuidad, alevosía y cháchara motivadora. Se diría que viven obsesionadas por nuestra mirada. Su presencia es insistente, acechante, indiscutible, sin réplica. Te asaltan en la sala de espera del dentista, en la peluquería, en los informativos, en la parada de autobús, en una inofensiva charla de ascensor. Sin querer, sin importarte, sin pretenderlo, averiguas sus peripecias, sus cumbres y sus derrumbes. Recuerdo que, siendo aún niña, mientras atravesaba la ría de Vigo en un barco de línea regular con mi pelo corto alborotado por un viento ensordecedor, la televisión retransmitía una boda principesca. Me parece estar viendo aquella pequeña pantalla parpadeante y muda. Con tres años, contemplaba boquiabierta los metros de cola de un vestido interminable —más larga que la estela de espuma del ferry que me llevaba a bordo—. Fue la primera aparición, palpitante y tersa, de lo irreal.

En su raíz latina, la palabra “célebre” significaba “concurrido, abarrotado”, antónimo de desertus. Compartía raíz con celer, de donde viene nuestra “aceleración”. Los famosos activan un veloz hervidero de pasiones, el centrifugado del fisgoneo. Ya en tiempos remotos la mitología se nutría de dramas aristocráticos: fiestas fastuosas, caídas en desgracia, frivolidades e infidelidades, reputaciones dudosas y crónica rosa. Los primeros arquetipos de celebridades globales fueron Aquiles y Helena.

Cuenta la leyenda que Aquiles afrontó una decisión radical sobre la fama. Pudo elegir una existencia larga y oscura, como heredero del trono de su padre, reinando en paz, rodeado de sus hijos y nietos, sin dejar eco en la posteridad. Según las profecías, si participaba en la guerra de Troya, sus hazañas perdurarían en los cantos heroicos, pero moriría en el esplendor de la juventud. Aquiles quiso sacrificarlo todo por los fulgores del renombre. Escogió una muerte gloriosa y la tuvo. Terminada la guerra, Odiseo visitó fugazmente el mundo de los muertos, donde reencontró a su antiguo compañero de armas: “No debe apenarte estar muerto, porque allá arriba los hombres honran tu memoria”. Pero Aquiles, repentinamente enamorado de la vida, contesta: “Preferiría ser labrador en tierra ajena antes que reinar sobre todos los muertos. ¡Ay, si pudiera volver bajo el sol!“. Desde las sombras, el legendario Aquiles envidia las vidas corrientes, anónimas y apacibles.

Bien sabían los poetas épicos del pasado que a nosotros, su audiencia, nos encanta el chismorreo, pero todavía más moralizar sobre los melodramas humanos y divinos. En la mitología griega los inmortales son muy entretenidos: caprichosos, frívolos y pendencieros. Un grupo de deidades con comportamientos bufonescos decide los destinos humanos. Cuenta la leyenda que un certamen de belleza entre concursantes corruptas desencadenó la guerra de Troya. Tetis y Peleo, futuros padres de Aquiles, celebraron en el Olimpo la boda más esperada de la era pagana. Pero, ay, olvidaron invitar a Eris, diosa de la discordia, que tomó venganza arrojando en medio del baile una manzana de oro “para la más bella”. Hera, Atenea y Afrodita la reclamaron. Las tres querían ser la primera reina de la belleza documentada, así que exhibieron sus encantos ante el príncipe troyano Paris, único jurado. A escondidas, ofrecieron regalos a cambio de su voto —el soborno, divino tesoro—. Hera le prometió que dominaría Asia y Europa; Atenea, sabiduría infinita; Afrodita, el amor de Helena, esposa del rey de Esparta, la mujer mortal más hermosa del mundo. Paris, que tenía claras sus prioridades, eligió seducir a la más bella. De aquel juego sucio en las cloacas de miss Olimpo nació el amorío que, según la tradición, desató la masacre entre griegos y troyanos.

Si hacemos caso a Guy Debord en La sociedad del espectáculo, los realities, el pavoneo en bodas tumultuosas, los chanchullos por todo lo alto y los líderes pueriles han ido a más con el paso de los milenios. Como escribió en su célebre ensayo, el espectáculo ha devenido en estructura profunda de nuestro mundo. Es el sol que nunca se pone en el imperio de la pasividad moderna. El autorretrato del poder, que prefiere la copia al original y se guía por la representación antes que por la realidad. El monólogo autoelogioso que el orden actual mantiene acerca de sí mismo. Su falaz paraíso.

La Roma clásica dominó el arte de los espectáculos de masas con fines políticos. Es difícil igualar sus trepidantes carreras hípicas, sus luchas de gladiadores y naumaquias. El poeta satírico Juvenal acuñó la expresión “pan y circo” para denunciar ese cinismo imperial que ofrecía alimentos gratuitos y juegos grandiosos al pueblo, y así lo mantenía entretenido y apaciguado. La parte del pan se refería al reparto mensual de una ración de cereales entre las familias pobres: en tiempos de Augusto, casi un cuarto de la población de la capital se benefició de esta medida. Hoy, gobernantes nostálgicos de viejos imperios dispensan ración cotidiana de circo, pero nos dejan sin pan. El público mira hipnotizado la farsa del poder mientras magnates —y mangantes—encarecen los precios con sus aventuras bélicas, recortan la sanidad pública, eliminan programas de alimentos y traman rebajas en bajas laborales y pensiones. Jerarcas adictos al espectáculo invitan a sus seguidores a invertir en criptodivisas, negocios familiares y otras estafas piramidales; y, mientras ellos multiplican sus fortunas, incautos desplumados aplauden a rabiar la sagacidad de sus amados líderes. Según Oscar Wilde, dadme lo superfluo, que lo necesario es una vulgaridad. Como súbditos, no tenemos precio: la ciudadanía romana, al menos, sabía lo que valía el pan.

En El rugido de nuestro tiempo, Carlos Granés interpreta que hemos invertido los términos: la política debería ser aburrida y el arte provocador. Los líderes macarras transgresores se disfrutan más en una serie que en una legislatura. Las ficciones podrían saciar nuestro apetito de despropósitos. En el pasado, tras las escenificaciones fascinantes, la realidad siempre fue más banal. Nadie atacó la amurallada Troya por una mujer, sino por un estrecho. No fue un conflicto pasional, sino comercial. La ciudad estaba situada estratégicamente en la entrada de los Dardanelos. Controlar ese acceso permitía a sus gobernantes dominar las rutas de navegación hacia el mar Negro y cobrar lucrativos peajes. En la partitura de la historia, el bajo continuo siempre evoca codicia.

Eurípides denunció en una de sus tragedias los motivos inventados para justificar la guerra. La propia Helena confiesa que jamás estuvo allí: “No fui a tierra troyana, un fantasma era”. Y le replican: “¿Qué dices? ¿Por una nube entonces sufrimos tanto?“. Siglos después, otro griego, Georges Seferis, dedicó un poema a los hechos bélicos alternativos: ”Diez años nos degollamos por Helena. Los ríos se hinchaban con el barro, con la sangre". En los versos finales se pregunta si la humanidad volverá a creer el viejo engaño, si después de los siglos escucharemos de nuevo a mensajeros llegados para contar “que tanto dolor, tanta vida se fueron al abismo por una túnica vacía, por una Helena”. En la leyenda troyana hasta las celebridades son tramoya: Aquiles se arrepiente y Helena fue tan solo un vacío, un bulo. Eurípides y Seferis sabían que las pasiones bélicas se enardecen con cuentos. Antiguamente, aedos y trovadores daban voz a esas ficciones, pero hoy los juglares se sientan en el trono. La historia y la mitología enseñan: cuídate de las guerras donde triunfan el espectáculo y los especuladores.

"TUCÍDIDES Y EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL". Máriam Martínez-Bascuñán

Una corte sin ejército toma prestadas las manos de los gobiernos que juraron ejecutar sus fallos, y estos prefieren la excusa antes que dete...