Una corte sin ejército toma prestadas las manos de los gobiernos que juraron ejecutar sus fallos, y estos prefieren la excusa antes que detener al aliado
Vivimos en el mundo real, gobernado por la fuerza y el poder según leyes de hierro que rigen desde el principio de los tiempos. La frase, enunciada por el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Stephen Miller, pretende sonar a diagnóstico y se parece a aquella de Tucídides (“Los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben”), citada hoy como fórmula para explicar que el orden internacional cambia por debajo de nuestros pies. El supuesto realismo se presenta como lo contrario de la fantasía porque dice ver el mundo como es, sin ilusiones ni ideología. Pero la fantasía, nos dice Iris Murdoch, no es soñar con lo que no hay, sino construir un relato que nos exime de mirar, quizás porque no queremos ver que detrás de esa ley de hierro hay alguien decidiéndola. En el mundo real, por ejemplo, hay once altos cargos del Tribunal Penal Internacional con las cuentas bloqueadas por una orden ejecutiva de Donald Trump, una ofensiva declarada del secretario de Estado, Marco Rubio, que ni se molesta en disimular su propósito, y una declaración presidencial diciendo que Benjamin Netanyahu no será detenido en suelo estadounidense.
La lógica es perversa. Washington no se repliega del mundo: quiere otro. Lo que Rubio pretende desmontar no es el orden internacional sin más, sino uno concreto, el liberal y universalista, el de la ley que aspira a valer para todos por igual. Mientras, financia una infraestructura civil europea afín que haga emerger su alternativa: una derecha civilizatoria transnacional con su propia idea de quién pertenece a Occidente y quién no. Este internacionalismo rival pone en el punto de mira al TPI porque encarna, con todas sus limitaciones, la universalidad que dice combatir. Pero conviene preguntarse cuánto vale esa universalidad el día en que se la somete a prueba. El Tribunal cumplió su parte: ordenó detener a Vladímir Putin y a Netanyahu. Pero los Estados no se movieron. Un tribunal sin ejército toma prestadas las manos de los gobiernos que juraron ejecutar sus fallos; y esos gobiernos, los europeos, prefieren el tecnicismo, la excusa o la alfombra roja antes que detener al aliado.
La ofensiva contra el TPI no pasa solo por Washington. El viernes, la Asamblea de los Estados que la fundaron destituyó al fiscal Karim Khan, el hombre que firmó las órdenes contra Putin y Netanyahu. El motivo: una acusación de conducta sexual inapropiada que una investigación interna no llegó a esclarecer, y que tres jueces no dieron por probada con el criterio, más exigente, del derecho penal. No sostengo que la acusación sea falsa: hay una mujer que la mantiene y merece ser escuchada. Sostengo algo compatible con que sea cierta: que el momento elegido para zanjarla dice más sobre los Estados que sobre Khan. Los mismos que no ejecutan la orden contra Netanyahu apartan ahora al fiscal que la firmó, despachando un asunto de personal con la conciencia tranquila de quien se ocupa de un trámite. El ensayista palestino Abdaljawad Omar lo llama “estupidez moral”. Se refiere al modo en que, quien lo sabe todo (quién firmó las órdenes, contra quién y por qué molestaban) se las arregla para parecer razonable y no sentirse cómplice de nada, mientras se niega a perseguir a criminales de guerra confesos. Fabricamos nuestros propios relatos para dejar de ver, para convertir la destitución en fenómeno, pero un tribunal no cae porque unas cuentas bancarias se congelen solas. La ley de hierro no es una descripción del mundo: es la coartada por anticipado de quienes van a decidir cómo será el nuestro.
