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| Rostros de personas fusiladas o desaparecidas por el franquismo. |
La demanda contra el historiador Fernando Mikelarena es la última de una serie de denuncias que buscan paralizar investigaciones sobre la represión franquista. Historiadores y memorialistas temen una judicialización de la investigación histórica como la que se está produciendo en Polonia
¿Cómo puede afectar a un historiador una demanda por publicar datos documentados? ¿Y a un familiar de una víctima del franquismo que haya investigado, recogido indicios y publicado testimonios de testigos? La demanda presentada contra el historiador Fernando Mikelarena, de la que informó esta semana elDiario.es, ha causado revuelo en círculos de historiadores, memorialistas y familiares de víctimas del franquismo.
En ella Arturo del Burgo, hijo del exdiputado de UPN-PP Jaime Ignacio del Burgo, denuncia a Mikelarena por publicar que su abuelo Jaime del Burgo era jefe de requetés cuando se produjo la saca de Tafalla, la mayor matanza de republicanos en Navarra. Dicha información fue extraída por Mikelarena de varios documentos, entre ellos el diario Pensamiento Navarro.
"Es evidente que este tipo de hechos pueden suponer una pesadilla para el demandado", señala el historiador Francisco Espinosa, autor del libro Callar al mensajero, publicado en 2009, donde recoge una docena de casos de personas que han sido demandadas desde el año 1980. "Algunos fueron terribles, los denunciados lo pasaron muy mal".
"Es lógico que ante este tipo de denuncias la gente opte por no incluir todos los nombres que la documentación ofrece, o por expresar un cuidado especial, conduciendo a cierta autocensura", explica Espinosa. "Aunque la demanda quede en nada, los años de pesadilla hasta que se archive el caso están ahí", añade. CONTINUAR LEYENDO
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