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| SR. GARCÍA |
Cerca de 13 millones de africanos, hombres y mujeres, niños y niñas, fueron capturados, reducidos a mercancía y llevados a la fuerza a América para trabajar
¿Acaso pueden ser jerarquizados los delitos que han sido comprendidos en los crímenes de lesa humanidad? La sospecha sobre potenciales obligaciones económicas en el caso de suscribir una declaración política y moral —carente de consecuencias jurídicas, según se apresuró a subtitular la noticia la mayor parte de la prensa europea—, ¿justifica negar un cúmulo de evidencias y una llamada a promover derechos humanos dando a conocer la raíz de su vulneración? La resolución 80/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 25 de marzo pasado con el amplísimo respaldo de 123 países, declaró “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud realizada a africanos como el crimen de lesa humanidad más grave”. Los argumentos y las dudas con las que iniciamos este artículo fueron esgrimidos por los tres estados que votaron en contra y por los 52 que se abstuvieron, entre estos, el Reino Unido y los países de la Unión Europea. Mientras en varias regiones del mundo se libra la defensa del multilateralismo, en la sede de Naciones Unidas se evidenciaba cómo el juego lo practican jugadores plurales y el llamado Sur Global ofrecía un cerrado respaldo a la iniciativa auspiciada por Ghana en representación de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (Caricom).
La declaración del 25 de marzo es un recordatorio doloroso y necesario del sufrimiento y la humillación infligidos durante cuatro siglos. En el apartado de fundamentos, resume circunstancias históricas entre las que destaca la excepcionalidad, sistematicidad, organización, brutalidad y duración de la experiencia esclavizadora de personas africanas, promovida, legislada y regulada en sus aspectos fiscales por Estados que arrastran esa responsabilidad. La declaración alude a precedentes recientes de reconocimiento, disculpas y reparaciones; se ampara en las líneas abiertas por el derecho penal internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y el principio de justicia reparadora; y se ofrece como ejemplo consecuente de acciones anteriores de las Naciones Unidas, como la Declaración contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de discriminación racial, adoptada en 2001 en Durban, en la que se estableció que por su magnitud, su carácter organizado y la negación de la esencia de las víctimas, “la esclavitud y la trata de esclavos, especialmente la trata transatlántica de esclavos, constituía y siempre debía haber constituido un crimen de lesa humanidad”.
En 2013, la ONU proclamó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes a fin de prestar especial atención a la desigualdad y la discriminación estructurales que padece esta población. La declaración sostuvo que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas, y deben rechazarse al igual que las teorías con que se pretende determinar la existencia de distintas razas humanas. Esa misma afirmación se reiteró en la declaración del segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes, aprobada el 17 de diciembre de 2024 por la Asamblea General sin necesidad de ser sometida a votación. Esta última iniciativa fue patrocinada por un grupo de países entre los que se hallaban Estados Unidos (la Administración saliente de Joe Biden, todavía en la estela del Black Lives Matter), Brasil, Jamaica y Colombia, y reconocía la persistencia de un racismo sistémico en nuestras sociedades. Los afrodescendientes, en sentido estricto, son los descendientes de la emigración forzada conducida a América en régimen de esclavitud, que constituye la diáspora; existe una segunda situación, los descendientes de la emigración protagonizada desde África a partir de los años cincuenta de originarios de las colonias europeas. CONTINUAR LEYENDO
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