La llamada “preferencia nacional”, tal como ha sido planteada en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, no es simplemente una medida técnica de política social o económica: es, en realidad, una toma de posición moral y política de gran calado. Supone establecer una jerarquía de dignidad entre seres humanos en función de su pertenencia nacional, y eso la sitúa en una tradición claramente iliberal. La idea de que los derechos, o incluso el acceso a bienes básicos, deben depender del origen o la nacionalidad rompe con uno de los pilares normativos de las democracias contemporáneas: la igualdad moral de todas las personas.
Desde este punto de vista, la propuesta de Vox, y la asunción de sus premisas por parte del PP, encierra una profunda inhumanidad. No se trata solo de que discrimine a quienes llegan desde fuera, aunque esa llegada se haya producido en muchos casos hace años; es que redefine la comunidad política como un espacio de exclusión, donde la otra y el otro son sospechosos por definición. En un contexto global marcado por las migraciones, muchas de ellas forzadas por conflictos, desigualdades estructurales o crisis climáticas, esta concepción no solo resulta éticamente problemática, sino que contribuye a erosionar los fundamentos mismos de la convivencia democrática.
Nación, ciudadanía y exclusión: los límites del marco estatonacional
Ahora bien, una crítica honesta no puede detenerse ahí. Existe un riesgo evidente en limitarse a denunciar la “preferencia nacional” como si fuera una anomalía introducida por la extrema derecha. En realidad, esa lógica, aunque sea en formas más suaves o implícitas, está profundamente arraigada en la organización estatonacional del mundo moderno. Los Estados, incluso los más liberales, operan sobre la base de una distinción entre nacionales y no nacionales, entre quienes pertenecen plenamente a la comunidad política y quienes no. La ciudadanía, con todo su valor emancipador, también es un mecanismo de delimitación.
Aquí resulta iluminadora la reflexión de R. H. S. Crossman sobre la dificultad de definir qué es una nación. Sus ejemplos son incisivos: el nazi que apela al linaje biológico mientras perpetra el genocidio; el inglés que invoca la historia y la cultura mientras convive con tensiones internas en el Reino Unido; el estadounidense que habla de voluntad política común mientras evita mirar de frente sus propias fracturas raciales y sus políticas migratorias restrictivas. La lección es clara: ya sea racial, cultural o cívica, toda definición de nación contiene elementos problemáticos, exclusiones más o menos explícitas, zonas de sombra.
Esto cuestiona también la supuesta solución ofrecida por la distinción clásica entre el nacionalismo culturalista de Johann Gottfried Herder y el nacionalismo cívico de Ernest Renan. La célebre idea de Renan de la nación como un “plebiscito cotidiano” resulta seductora porque parece desplazar el foco desde la identidad esencial hacia la voluntad compartida. Sin embargo, esta visión presupone una homogeneidad que rara vez existe. ¿De verdad todos los miembros de una comunidad nacional comparten por igual una historia de sacrificios? ¿No es más preciso afirmar que esa historia está atravesada por conflictos, desigualdades y memorias divergentes, en las que algunas personas y grupos se han sacrificado o han sido sacrificados en favor de otros? Frente al idealismo de Locke y Rawls, no hay contrato social que no sea al tiempo un contrato sexual (Pateman), racial (Mills) y clasista (Marx) y, por lo mismo, nunca igualitario.
En toda sociedad compleja hay grupos que han sido sistemáticamente marginados, explotados o silenciados, mientras otros han acumulado privilegios. Presentar la nación como una comunidad de destino homogénea implica invisibilizar esas tensiones. En ese sentido, la mirada de Renan, aunque menos abiertamente excluyente que la de Herder, también puede derivar en una forma de totalización que resulta peligrosa.CONTINUAR LEYENDO
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