viernes, 2 de octubre de 2026

"FEIJOO DA UNA VUELTA DE TUERCA A LA DESHUMANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: DEL 'INQUIOKUPA' AL 'INVASOR'". Fernando Varela, infoLibre.es

Borja Sémper, Miguel Tellado, Alberto Núñez Feijóo,
Esther Muñoz y Cuca Gamarra

El PP se entrega a las etiquetas lingüísticas para activar emociones como el miedo, el enojo y la percepción de agravios territoriales

No son niños desprotegidos, expuestos a mafias y maltrato en un país que no es el suyo. Son “menas”. No son personas en situación de necesidad que no pueden pagar el alquiler porque el propietario se lo ha multiplicado, como le sucedió esta semana a Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada de su vivienda. Son “inquiokupas”.

La estrategia de deshumanización y de construcción de mensajes a partir de palabras cuidadosamente elegidas para ser incluidas en la conversación pública, retratando a los menores no acompañados como peligrosos delincuentes o “invasores” de España o a los inquilinos en dificultades como ladrones que amenazan la propiedad privada, está superando todos los límites.

Y, a medida que nos vamos acercando a las elecciones generales, que previsiblemente tendrán lugar en algún momento entre enero y junio del año que viene, el lenguaje del PP de Alberto Núñez Feijóo se acerca cada vez más a las construcciones mentales de la ultraderecha, en un último intento de atraer a sus votantes y evitar que Vox acabe imponiendo todas sus condiciones en una eventual negociación para formar Gobierno. Una estrategia que, por otra parte, ha fracasado estrepitosamente en las cuatro elecciones autonómicas celebradas en los últimos nueve meses.

El discurso del Partido Popular recurre en todo momento a la criminalización como técnica de encuadre: los problemas estructurales y los conflictos sociales son desplazados del foco para situarlos bajo la óptica del código penal.

Puede verse en sus discursos sobre el acceso a la vivienda —reducido sistemáticamente al sobredimensionamiento forzado del fenómeno de la ocupación y a su supuesta amenaza para la propiedad privada—, así como en torno a los migrantes.

Un problema de orden público

Al transformar un problema de precariedad socioeconómica o de derechos humanos en un asunto estrictamente policial y de orden público, el PP justifica la respuesta punitiva e invisibiliza el debate de fondo sobre la falta de vivienda pública, la desigualdad, las causas de la exclusión o el derecho de asilo.

A este marco, importado directamente desde la extrema derecha, hay que añadir una retórica de contaminación simbólica que clasifica al rival político o a las personas en situación de desprotección a través de metáforas biológicas, sanitarias o de degradación física.

El empleo de términos como “carcoma” o “degradación” para referirse a las alianzas parlamentarias con el independentismo, o de expresiones como “oleadas” o “infiltración” al abordar la inmigración, intenta situar a los ciudadanos ante un asunto de higiene social.

Al representar a estos actores no como sujetos de derecho o interlocutores políticos, sino como agentes infecciosos o toxinas que “enferman” el Estado de derecho, se busca activar una respuesta visceral de rechazo que desactive la empatía colectiva y deshumanice a cualquiera dispuesto a negociar o llegar a acuerdos con el Gobierno.

El engranaje se completa con la enemistad moral, mediante la cual la discrepancia partidista se eleva a un juicio ético maniqueo. Calificar al Ejecutivo central como un Gobierno que “odia a España” o que es “cómplice del terrorismo” implica abandonar el reconocimiento del adversario como un actor democrático legítimo.

Contienda identitaria

El oponente ya no es alguien con quien negociar o discrepar en el Parlamento, sino un enemigo existencial que encarna el mal o la “traición” a la patria. La política pierde su naturaleza de compromiso transaccional y se transforma en una contienda identitaria donde cualquier acuerdo o cesión se presenta como un acto de rendición moral.

El efecto combinado que todo esto tiene sobre el espacio público es la degradación de la deliberación democrática y el sometimiento del debate a una polarización afectiva cada vez más extrema, con la que el PP espera conseguir el empuje que necesita para ganar las elecciones.

Al asfixiar el espacio público con amalgamas delictivas, metáforas de infección —hablan de un Ejecutivo “sucio” y de “basura” para referirse a sus miembros— y acusaciones de invalidez moral, se destruye el terreno común necesario para la convivencia. De ese modo, el debate sobre datos, leyes o recursos se vuelve imposible.

Lo vemos en cada sesión de control al Gobierno: ha sido sustituido por la sospecha permanente, la erosión de la confianza en las instituciones comunes y la imposibilidad de construir consensos transversales, reduciendo la plaza pública a una trinchera infranqueable.

El epítome de esta estrategia ha sido la participación y el apoyo sin reservas del PP al manifiesto que este sábado puso punto y final a la manifestación organizada por la asociación derechista Sociedad Civil Española en Madrid, y que se leyó al pie del arco que todavía conmemora en la capital la victoria del bando golpista en la Guerra Civil.

El “traidor”

Con su apoyo y participación, el PP ha respaldado expresamente la acusación al presidente Pedro Sánchez de “traidor” y la “creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral”. El manifiesto recurre a las palabras clave de esta ofensiva: Sánchez está “liquidando” España, “nos la está robando”, con ayuda de “separatistas contumaces”, “herederos del terrorismo” y “extremistas de izquierda liberticidas”. Una “banda” de “forajidos”, una “sucia componenda que nos oprime”, “en connivencia dolosa con un sultanato absolutista, artero y venal”.

Los discursos y las intervenciones públicas de los dirigentes del PP —de su secretario general, Miguel Tellado, pero también de Feijóo, de su portavoz, Borja Sémper, y de su equivalente en el Congreso, Esther Muñoz, por citar solo a los más conocidos—, cuyo argumentario alimenta directamente el equipo de estrategia de Génova, el más próximo a su líder, tratan de presentar problemas sociales complejos en figuras de “amenaza”, “invasión”, suciedad moral o delincuencia asociada a colectivos enteros.

Es un patrón que asoma con especial virulencia en los debates sobre inmigración y vivienda, pero también en la ofensiva personal desatada contra Pedro Sánchez y su entorno, donde el adversario se presenta como enemigo ilegítimo o moralmente degradado.

No son simples insultos. La mecánica de la deshumanización política suele operar presentando a personas o grupos como una amenaza difusa, menos dignos de derechos, o reduciéndolos a etiquetas que borran su individualidad: “invasores”, “ocupas”, “menas”, “ilegales”, “prostitución”, “sanchismo”, “enemigos de España”. Todas ellas, expresiones presentes en todas y cada una de las intervenciones de dirigentes del PP en las últimas semanas.

Migrantes como criminales

En materia de inmigración, el patrón es evidente. El PP está recurriendo a diario a fórmulas que asocian la llegada de personas migrantes con la idea de pérdida de control, inseguridad o amenaza colectiva.

Feijóo habla de “recuperar la protección de las fronteras”, como si la entrada fuese libre; de una política “cerrada a cal y canto” para quienes “vengan a saltarse la ley”, dando a entender que son delincuentes; y de expulsar a quienes “han ocupado” territorios como Ceuta, un encuadre que deliberadamente busca desplazar un problema de desigualdad económica como motor de la migración a uno de soberanía, describiendo una invasión que no existe.

En el caso de la ciudad autónoma, se han multiplicado las referencias de dirigentes del PP a los migrantes como portadores de “enfermedades” o como “ladrones”, “invasores” o “violadores”, además de frases sobre menores no acompañados y devoluciones masivas que tratan de tapar las obligaciones legales en materia de protección infantil para centrar la conversación en un problema de orden público.

Cuando se habla de vivienda, ocurre algo parecido. El PP elude constantemente el problema real de quien no puede pagar el alquiler y mucho menos adquirir un piso. Y lo hace explotando un léxico que moraliza el problema y lo simplifica en figuras casi parásitas: “ocupas”, “inquiokupas”, gente que “se aprovecha” o a quien hay que sacar “en 24 horas”.

El problema real de acceso a la vivienda queda así recodificado como un conflicto entre ciudadanos respetables, que serían los propietarios, y unos sujetos que supuestamente dañan la convivencia, quieren hacerse con bienes sin el debido esfuerzo o reciben un trato de favor para conseguirlo.

Activar las emociones

El resultado es un marco emocional muy eficaz en términos de opinión pública: produce miedo, enojo y sensación de agravio territorial, y facilita desplazar la atención desde los precios elevados, la oferta escasa, los salarios limitados o la falta de regulación hacia un enemigo mucho más fácil de señalar.

El discurso del PP no quiere hablar de Maricarmen, porque cambia el marco. Le resulta mucho más útil denunciar la ocupación como si ese fuera el núcleo de la crisis habitacional, y no la conversión de la vivienda en un negocio muy rentable para los especuladores inmobiliarios y las empresas dedicadas al turismo.

Esta manera de trabajar para condicionar el centro de gravedad de los debates públicos no se limita a asuntos como la vivienda o la migración. En realidad, tiene su centro en el rival político, en particular en Pedro Sánchez. Hace mucho tiempo que la retórica del PP ha pasado de la crítica dura a una estrategia de degradación personal y moralización del adversario. Se trata de construir el “sanchismo” como una categoría que concentra corrupción, traición o ilegitimidad.

Las constantes alusiones a supuestos “prostíbulos” o “saunas-prostíbulos” de la familia de Begoña Gómez se inscriben en esa misma lógica: no se busca fiscalizar hechos, sino envolver al presidente en un relato de suciedad moral que lo degrade a él y a su entorno familiar. En este terreno, el PP utiliza un lenguaje con una carga de repudio muy alta, que desplaza la disputa política hacia la humillación pública.

¿Será así para siempre? Al portavoz del PP, Borja Sémper, se le escapó el pasado lunes: “Cuando Feijóo sea presidente del Gobierno, se va a desterrar el insulto y la mala educación”.

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