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| Nemesis (The Great Fortune) de Alberto Durero |
Garzón repasa en este texto las carencias estructurales de la justicia, denuncia su instrumentalización política y mediática y reclama una regulación de los colaboradores con la justicia
Hay una imagen que no me abandona. La del ministro Fernando de los Ríos, en septiembre de 1931, anunciando la retirada del Gran Collar de la Justicia para reemplazarlo por una función viva, moderna, al servicio de los ciudadanos. Noventa y cinco años después, ese collar sigue puesto. No en el cuello de nadie en concreto, sino en la cultura, en los usos, en la distancia infranqueable entre quienes imparten justicia y los que la necesitan.
Lo recordaban el fiscal Carlos Jiménez Villarejo y el juez Antonio Doñate en su libro Jueces, pero parciales: la ritualidad elevada al máximo, el lenguaje críptico, la toga como escudo frente a la realidad, incluso para protegerse de la sociedad. Es la conceptuación de la justicia como algo exclusivo y excluyente salvo para una élite ideológica que ampara a quienes beneficia. La justicia ha adoptado formas nuevas –tecnología, eficiencia procesal, especialización– sin transformar su médula. Esta médula tiene nombre: el poder de nombrar, de ascender, de decidir quién ocupa qué sillón. Mientras ese poder siga siendo el verdadero motor del sistema, la independencia será una palabra, pero no una realidad que proteja a la ciudadanía.
Escribo esto desde la experiencia acumulada en décadas como juez de instrucción en la Audiencia Nacional, en la investigación del terrorismo, el narcotráfico, el blanqueo de dinero, la corrupción sistémica. Y, también, desde la experiencia de haber sido objetivo de ese mismo sistema cuando incomodé a quienes no debía incomodar. Sé de lo que hablo. Precisamente por ello no me quedo en el diagnóstico: busco soluciones.
Si tuviera que buscar un origen al lawfare en nuestras instituciones judiciales, lo ubicaría en la interacción entre la política y la judicatura que comienza desde el momento en que se decide quién gobierna a los jueces. El Consejo General del Poder Judicial lleva décadas siendo el tablero en el que los grandes partidos mueven sus fichas. El episodio del WhatsApp del portavoz del PP en 2018 no fue una anécdota: fue la expresión sin filtros del funcionamiento del sistema. El “control” de la Sala Segunda del Tribunal Supremo “desde detrás”, que las votaciones fueran “cercanas al 21 a 0”, revela que el objetivo no era el mejor jurista sino el más manejable. Eso no es independencia judicial. Es colonización institucional.
El juez emérito Perfecto Andrés Ibáñez lo ha formulado con precisión: cuando la política de nombramientos no responde a los valores constitucionales, promueve auténticos contravalores que se filtran hacia abajo, generación tras generación, en forma de juristas que saben que su carrera depende no de la calidad de sus resoluciones sino de la fidelidad a quien meció su cuna. A ello hay que añadir la influencia de estructuras corporativas, de corporaciones económicas, financieras, mediáticas o religiosas como el Opus Dei, que han colocado estratégicamente sus piezas mediante un proceso tan eficaz como invisible. CONTINUAR LEYENDO
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