Para mucha gente, el nuestro es casi un estado fallido y “el Sanchismo” un régimen dictatorial al que hay que desalojar
¿Por qué este odio visceral a Pedro Sánchez? ¿De verdad es creíble que la razón sea que pactó hace ocho años con los independentistas catalanes? Los pactos postelectorales y el liderazgo de Sánchez y de Salvador Illa han reducido el independentismo en Cataluña a mínimos históricos y han resuelto el más grave conflicto político de nuestro país en este siglo, junto con el terrorismo de ETA.
¿Nos toman por estúpidos quienes atribuyen al Gobierno una corrupción generalizada en su seno? ¿David Sánchez? ¿Begoña Gómez? ¿El fiscal general? ¿Zapatero? ¿En serio? Ha habido un único caso de corrupción detectado en el Gobierno y el PSOE (el llamado caso Ábalos), de dimensiones bastante pequeñas, por cierto, a pesar de la pena impuesta a los condenados.
¿Bromea quien critica al presidente del Gobierno por la pérdida de relevancia política de nuestro país en el mundo, cuando basta con darse un paseo por Roma o París –no digamos por Nueva York o Buenos Aires– para que cualquiera declare su admiración por la apuesta de nuestro país por la paz, la integración y la igualdad?
¿De qué habla quien afirma que se ha deteriorado el sistema institucional? ¿En qué se ha deteriorado exactamente, excepto en esa erosión de la confianza en la Justicia promovida por una decena de jueces activistas? ¿Cuánto tiempo aguantarían en pie ante cualquier ser con un poquito de criterio y buena voluntad las acusaciones de que el Gobierno quiere matar a una jueza, quedarse con un par de cientos de miles de votos de los nietos de los exiliados, o hacer trampas con el voto por correo?
De acuerdo: hemos estado tres años con presupuestos prorrogados. Más allá de la estética de esa anomalía, favorecida básicamente por Junts, un partido en decadencia, ¿qué problema grave hemos tenido que no hayamos podido abordar con las cuentas 2023? Tenemos desafíos colectivos importantes que afrontar. Pero estamos en uno de los países más funcionales del mundo, en un auténtico paraíso en comparación con casi cualquier otro país.
Es evidente que las encuestas y los indicadores electorales no cuadran con esta versión de España que ofrezco, digamos que casi idílica. Ver algunos programas de televisión, escuchar a los portavoces de Vox y del PP y observar a la legión de activistas y desatados analistas de las derechas españolas es asomarse a un museo de los horrores cuyas deformaciones han calado bien en la población. Para mucha gente, el nuestro es casi un Estado fallido y “el Sanchismo” un régimen dictatorial al que hay que desalojar. Pero, ¿por qué es así si los datos objetivos y la realidad socioeconómica del país son relativamente benévolos?
La respuesta es muy sencilla. El Gobierno de coalición progresista ha trasvasado en estos siete años decenas de miles de millones de euros desde las empresas y las grandes fortunas, al común. Y eso duele al bolsillo de los más poderosos. Por ejemplo: unos 5.800 millones que el Estado ha ingresado del gravamen a la banca y las energéticas en 2023 y 2024. Otros 1.400 millones en ese mismo periodo, que se han ingresado por el impuesto a las grandes fortunas, las que ingresan más de tres millones de euros. Otros 2.000 millones, aproximadamente, por las subidas de dos puntos para las rentas superiores a 300.000 euros, o de cinco para las plusvalías de esa misma cifra.
La subida del salario mínimo ha producido un trasvase de unos 21.400 millones de euros desde los beneficios empresariales a los salarios brutos. Una parte se lo lleva la inflación, sin duda, pero hasta en eso (una inflación provocada básicamente por el idiota de Trump y aliviada por nuestra menor dependencia de las energías fósiles), nuestro país es modélico.
Al mismo tiempo, el Gobierno trata de contener en la escasa medida de sus posibilidades –pues las competencias son regionales– las transferencias que las derechas promueven en sentido contrario, desde la gente a los poderosos: por ejemplo, eliminando el impuesto de sucesiones o destinando más y más fondos a convenios y acuerdos con empresas privadas de los sectores de la Sanidad y la Educación.
Ahí, en el vil metal, está el verdadero activador del odio a Sánchez y los socialistas. Lo percibe uno en las escuelas de negocios, en los think tanks conservadores, entre los consejeros de las grandes empresas o en las patronales y las organizaciones empresariales y en los clubs y gimnasios pijos. De ahí parten la indignación y el odio que luego encuentran eco y acompañamiento en las iglesias y los cuarteles y los juzgados. Parten de los que manejan y acumulan el dinero y lo invierten en publicidad y patrocinios y mecenazgos diversos. Díaz Ayuso, Feijóo y Abascal no son más que los peleles en manos de esos poderes superiores a los que Sánchez y su Gobierno han incordiado todos estos años. ¿Quién dijo que saldría gratis afrentar a los de arriba?
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