Rodrigo Rato, exvicepresidente de Gobierno y exdirector de entidades financieras, sabe mucho de los laberintos del gasto público. Leo con interés sus declaraciones contra la burocracia, la falta de eficiencia en la administración y los procesos de desgaste que provoca la gestión del gasto público. El asunto es grave porque España asume ahora la responsabilidad de ejecutar los fondos Europeos. Y se pregunta: ¿tiene sentido tanta burocracia?
La verdad es que resulta difícil hacer una política pública de inversiones. Tomar una decisión es con mucha frecuencia un modo de entrar en la sala de espera. El gasto necesario aprobado entra en un largo suicidio de convocatorias públicas, petición de varios presupuestos, aprobaciones institucionales, nuevas convocatorias, concesiones, facturaciones, revisiones, cajones y pagos retrasados. Desde dentro de las administraciones, uno tiene la sensación de que los sistemas establecidos no van a favor de la institución para la que trabajan, sino en contra de ella.
Y uno sufre también la sensación de que la tan cacareada incomunicación entre la política y el pueblo tiene que ver con esta parálisis sistemática. Se pueden llegar a acuerdos justos, lógicos, necesarios, urgentes… Pero cuando el acuerdo llega a la calle ha pasado tanto tiempo que la voluntad política pierde su protagonismo y su eficacia. Un mundo con prisas, fundado en el instante de los deseos y las novedades, se aleja de la política institucional para abandonarse al vértigo comunicativo de los populismos. Los populismos son unas ventanillas que tramitan de manera inmediata las indignaciones de la gente. Resultan mucho más atractivos que la lentitud de las porterías y las pantallas en las que se repite una y otra vez la respuesta del vuelva usted mañana. Bendito Mariano José de Larra.
Lo paradójico es que todas estas declaraciones de Rodrigo Rato supongan un acto de impudor clamoroso. Buena parte de los controles administrativos asfixiantes se deben a la necesidad de cuidar el dinero público de manipuladores, ladrones, desviadores de fondos, amiguismos, tejidos corruptos y financiaciones oscuras de empresas particulares, partidos, hermanos y primos. Y de todo eso también parece haber sido un especialista Rodrigo Rato. Entre las formas para ocultar la corrupción, además de la compra de jueces, fiscales, periodistas y policías, está la posibilidad de dificultar el gasto público. ¿Cómo hacer más eficaz el dinero público sin convertirlo en un festín para los buitres? Esa es la cuestión.
También hay otras cuestiones, desde luego, que planean sobre el debate. Durante el Gobierno de Rajoy, las parálisis en el gasto se agravaron en las administraciones municipales con la llamada Ley Montoro. La verdad es que la herencia recibida llevó a los vigilantes de la opinión pública de un sitio a otro: espionajes, silencios y limitaciones del dinero público. Se decidió entonces que las instituciones no pudiesen gastarse ni su propio dinero, un dinero recaudado para gastar. Y se propuso una forma de ahorro compartido en tiempos difíciles. Pero no se nos olvide que en las intenciones de la ley Montoro estaba también de forma expresa la creencia de que había que limitar las intervenciones públicas para favorecer las actuaciones privadas.
Por eso las declaraciones del exvicepresidente Rato son doblemente preocupantes. Denunciar la burocracia administrativa puede ser un deseo que no tenga que ver con la dignificación de la administración pública, sino con la nostalgia de las facilidades para la corrupción y las privatizaciones.
La cuestión no es sencilla. El problema es que no se puede luchar contra las privatizaciones y la corrupción si no intentamos también agilizar con dignidad las administraciones públicas. Aunque sea difícil, una dinámica acostumbrada a no robar puede intentarlo, puede ordenar espacios de decencia. Y para eso me parece imprescindible reforzar la administración más que debilitarla. La ejecución de los fondos europeos resulta muy complicada porque para asumir un gasto importante es necesaria una plantilla capaz de ejecutarlo en el tiempo dado. Así que invertir en las estructuras, ampliar y rejuvenecer plantillas, modernizar la administración, consolidarla, convertir las ayudas coyunturales en apuestas de futuro, estables, generadoras de puestos de trabajo, me parece un camino decente.
Quizá sea una ingenuidad, no digo que no, porque Rodrigo Rato sabe de esto mucho más que yo. Pero estoy convencido de que se puede conseguir que el gasto no sea un desgaste, defendiendo a la vez los espacios públicos y la administración del Estado.
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