La Declaración Universal de los Derechos humanos se presentó en diciembre de 1948. Tomó conciencia, en primer lugar, de que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los seres humanos. Se culminaba así un proceso afirmativo de un contrato social equilibrado que debía ir de los individuos a los espacios públicos y de los espacios públicos a los individuos. Es la dignidad de cada individuo lo que permite establecer derechos universales y es responsabilidad de los poderes públicos cuidar y favorecer la dignidad de cada individuo.
El derecho necesita a veces teorizar en abstracto las particularidades individuales. El concepto de ciudadanía, que el Imperio Romano había usado dentro de su mundo de privilegios esclavistas, fue recuperado por la democracia ilustrada para consagrar la libertad, la igualdad y la fraternidad como valores comunes. Pasar de la categoría privada de individuo a la categoría social de ciudadano suponía fundar derechos colectivos. Era un modo de reconocer públicamente la dignidad de cada individuo.
Como la historia es conflictiva y nunca marca una línea recta hacia la Justicia, a lo largo del tiempo el concepto de ciudadanía volvió a convertirse en un privilegio de carácter nacional y clasista. El grado de ciudadano se transformó en una excusa clasista para tratar con desprecio a los no reconocidos. El espectáculo repugnante que ha protagonizado el mundo del fútbol en Catar, al justificar una sociedad esclavista y despreciadora de la vida humana, es un ejemplo de la actualidad de este peligro. Lo vemos a diario en las alambradas de muchas fronteras. Por eso hizo falta una declaración de derechos humanos para recordarnos que el viaje al nosotros de la ciudadanía se fundaba en el reconocimiento universal de la dignidad de cada individuo. Son los individuos en condiciones de igualdad los que deben constituir y edificar libremente el nosotros.
Este viaje de ida y vuelta entre las conciencias individuales y el Estado es el fundamento de la democracia. Los individuos eligen unos representantes políticos que aprueban leyes y el poder judicial se encarga de su aplicación. Los individuos confían al Poder Judicial las condiciones de convivencia que han decidido al elegir libremente a sus políticos. Fijar los marcos institucionales sirve para dibujar el equilibrio sistemático de los movimientos entre el yo y el nosotros, pero pretender que un Tribunal le diga a los políticos democráticos cómo deben hacer una ley es tan perverso como utilizar el concepto de ciudadanía para imponer situaciones de desigualdad, falta de libertad y autoritarismo.
El PP lleva años intentando sustituir la política por una mafia jurídica y constitucional manipulada según sus intereses. Parte de la leña que alimentó el fuego del conflicto catalán nació de esta dinámica interesada. Bloquear el cumplimiento de la Constitución y la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional es una decisión muy grave que deteriora en su raíz el contrato social y que mina el prestigio de un poder judicial imprescindible en el equilibrio democrático entre el yo y el nosotros. Junto al estribillo del todos son iguales, el deterioro abre también la corriente de otra cantinela: las leyes son propiedad privada de una élite al margen de la voluntad de la ciudadanía. Y este vendaval tiene efectos muy negativos, ya que sólo puede desembocar en un sentimiento de vasallaje ante el autoritarismo o en una conciencia antisocial de que los jueces son más peligrosos para la democracia que los delincuentes.
La responsabilidad de los partidos políticos es mucha. Pero pasando del nosotros al yo, ¿qué ocurre con la dignidad individual? Parece que a las personas que están siendo manipuladas, todas con nombres y apellidos concretos, no les importa pasar a la historia como elementos dañinos que contaminaron la libertad, la igualdad y la fraternidad de los españoles. ¿Y las asociaciones de jueces? Sólo Juezas y Jueces para la Democracia parece sentir la humillación democrática que para sus togas supone lo que está ocurriendo.
La democracia española, por fortuna integrada en la Unión Europea, es fuerte y hay motivos para esperar que resista. Pero sí conviene que la ciudadanía y organizaciones políticas se tomen en serio una inercia preocupante, porque tan dañino es el populismo demagógico como el clasismo prepotente. El Poder Judicial no es un sindicato y por tanto es una barbaridad decir que los jueces deben elegir la composición del Poder Judicial, apartándolo así de la voluntad de la ciudadanía. Por otro lado, los partidos políticos deberían acordar actuaciones que evitasen el sectarismo, la manipulación y las servidumbres.
En cualquier caso, el nosotros no funciona sin el respeto a la dignidad del yo. Todo ser humano tiene derecho a no convertirse en una marioneta.
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